01 Abr El drama del bono social eléctrico: miles de pensionistas se quedan sin él por las trabas digitales.
El número de jubilados de rentas bajas que lo han solicitado ha caído un 11% en un año.
2024. 65Ymás.
Marta Jurado
Miles de españoles, entre ellos numerosos pensionistas con rentas bajas, tienen derecho a pedir una ayuda para pagar la factura de la luz: el bono social eléctrico, con descuentos que van desde el 25 al 80% en el recibo. El drama, es que este descuento en la factura fijado por el Gobierno y gestionado por las empresas eléctricas del mercado regulado «sigue sin llegar a todos los que lo necesitan», según alertaba el Defensor del Pueblo el año pasado ante la crisis energética, realidad que confirman sigue ocurriendo desde asociaciones y expertos en pobreza energética.
La razón de la falta de penetración de esta ayuda radica en el desconocimiento de su existencia y la excesiva burocracia para acceder a ella, que se complica aún más para los mayores que no tienen recursos o competencias digitales. «En los últimos años se ha ido conociendo algo más el bono social a raíz de las actualizaciones del Gobierno del bono social de justicia energética y algunas polémicas concesiones a altos cargos, pero sigue sin ser lo suficiente», denuncia Maria Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (@@APE_Cat).
Además, señala que se prioriza su tramitación online, «es mucho más sencilla»; y confirma que la mayoría de las campañas de difusión para el bono social son digitales, tanto por parte del Gobierno como de las comercializadoras. «Falta información en papel, cuñas publicitarias en la radio y que las comercializadoras informen adecuadamente sobre este descuento para que llegue a todo el mundo, porque la mayoría de los que lo necesitan, como algunos mayores y miles de familias sin recursos, no están digitalizados».
El Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable y los criterios de acceso al bono social eléctrico, calculaban que esta ayuda para los más vulnerables para pagar la luz debía llegar al menos a 2,5 millones de personas en España – de los 5,5 millones de vulnerables–, pero los últimos datos de la CNMC muestran que en 2023 apenas los habían solicitado un millón y medio. Una cifra que se ha celebrado como récord debido a un aumento del 21% por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania y al incremento del descuento actualizado por el Gobierno en 2022, pero que según los expertos «no es suficiente».
Hay que tener en cuenta que cerca de 8 millones de personas sufren pobreza energética en España, es decir, tienen problemas para mantener la temperatura de su casa adecuada en verano y en invierno por problemas para afrontar el pago de suministros (17,1% de la población) según el XIII Informe sobre el Estado de la Pobreza de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (@EAPNes). Entre ellos, además, el número de pensionistas de rentas bajas que han solicitado el bono social ha caído un 11% (106.613 en mayo de 2023), según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El problema del acceso prioritario online
Es difícil saber a qué se debe la caída del número de pensionistas beneficiados, pero según José Luis Sancha, autor del libro Presume de entender (a fondo) la factura de la luz y el gas (Ed.ICAI) el acceso al bono social destaca entre las principales trabas que tienen muchos mayores a la hora de acceder a servicios energéticos. Desde las asociaciones que trabajan con personas con problemas para pagar las facturas aseguran que es más necesario que nunca que junto a la digitalización, se siga garantizando un canal de atención presencial, así como la automatización de los procesos ya iniciados, ya que muchas personas pueden haber perdido su derecho al bono por no haber hecho los trámites para su renovación. «Hay que hacer un replanteamiento de los requisitos y de los trámites para que estas personas puedan acceder fácilmente a las ayudas«, señalan desde la Fundación Luz Solidaria(@luzsolidariafun).
Y confirman que un 60% de las personas que atienden en la ONG, «no saben que tienen derecho al bono social por falta de difusión, pero el 40% restante no cuenta con los recursos o conocimientos tecnológicos suficientes para realizar los trámites, entre ellos muchos pensionistas”, señala su presidenta, Isabel Jiménez. «En la actualidad sólo 8 compañías comercializadoras están autorizadas por el Gobierno para realizar estos trámites y priorizan hacerlo digitalmente. En algunos ayuntamientos de poblaciones grandes existen algunos puntos de información que facilitan el trámite presencial, pero nos volvemos encontrar con muchas barreras en los entornos rurales«, explican.
La responsabilidad de las comercializadoras eléctricas
Preguntados el papel de las compañías comercializadoras eléctricas sobre la falta de conocimiento del bono social, Campuzano considera que «tienen muchas responsabilidad en hasta que punto facilitan o no estas gestiones y la difusión de la ayuda». Y recuerda que son las 8 comercializadoras del mercado regulado autorizadas, las encargadas de gestionar el bono social, quienes además asumen el pago, lo que puede llevar en ocasiones a conflictos de intereses. Entre ellas la Comercializadora Regulada (Grupo Naturgy), Comercializador Último Recurso (Grupo Iberdrola) o Baser Comercializadora de Referencia (Grupo EDP).
«Nos hemos encontrado con que algunas personas entran en un oficina de una gran eléctrica para pedir el bono social en el mercado regulado, y acaban cambiándose a una oferta del mercado libre– ya que ambas se ofrecen en los puntos de atención al cliente autorizados– que supone alguna rebaja inicial pero acabar pagando más a la larga», cuenta Campuzano, por lo que piden a las eléctricas que informen adecuadamente sobre este bono. Además desde la Fundación Luz Solidaria, piden que se ampllie la red de comercializadoras que puedan ofrecer el bono social y facilitar oficinas para hacer los trámites presencialmente sería prioritario para ayudar a las personas mayores y otros colectivos.
¿Quién puede solicitar el bono social y qué requisitos debe cumplir?
Según el Ministerio de Transición Ecológica, puede solicitar el Bono Social todo sujeto considerado “consumidor vulnerable”, “consumidor vulnerable severo”, “consumidor vulnerable en riesgo de exclusión social”, –ampliado hasta diciembre de 2024–, consumidor miembro de un “hogar con bajos ingresos según el Real Decreto-ley 18/2022”, siempre que reúna las siguientes condiciones generales:
Para ser beneficiario de este descuento es necesario tener la electricidad contratada con una comercializadora del mercado regulado, es decir, con el precio voluntario para pequeños consumidores (PVPC) y con un límite máximo de energía en el periodo de facturación. Además, es necesario cumplir con condiciones personales, familiares y de ingresos establecidas por el Gobierno y que se pueden consultar en la web bonosocial.gob.es. Entre ellas destaca tener una renta inferior a 17.000 euros, ser familia numerosa – hasta el momento– o pensionista que cobre la prestación mínima.
