07 Dic EL CUIDADO FAMILIAR, DESDEÑADO POR LA ADMINISTRACIÓN Y LOS SINDICATOS
Autor: Ana Isabel Esteban.
Presidenta de Solidaridad Intergeneracional.
Con la disculpa de la crisis económica que estamos sufriendo, el Gobierno primero y las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos después, están desmantelando los servicios públicos y eliminando las ayudas sociales, incluso las que nacieron como derecho subjetivo de ciudadanía, como es La Ley de Atención a la Dependencia. Esta Ley permitía y reconocía el cuidado en el entorno familiar, que es lo que solicitan y reclaman el 90% de la población que lo necesita. Desde agosto de 2012, por acuerdo de las Comunidades Autónomas y el Gobierno, se rebajó el 15 % de lo que venía cobrando la persona dependiente para hacer frente a los gastos de su cuidado. También acordaron no pagar la seguridad social de la cuidadora principal, casi siempre una mujer, a partir de 2013 y hasta diciembre de este año solo se hacen cargo del 15% de su coste. Cotizar a la seguridad social, es estar de alta como persona ocupada, con algunos derechos laborales reconocidos como por ejemplo el derecho a una pensión en el futuro, o a una baja por enfermedad, etc. Pero también es un reconocimiento social al trabajo que se desarrolla en el hogar cuidando y atendiendo a una persona que sufre dependencia severa o gran dependencia.
Castilla y León, que presume de la mejor gestión de este derecho, ha decido que el 15% es poco rebajar. La Junta de Castilla y León ha comunicado a los beneficiarios que disponían de una prestación económica para el cuidado del entorno familiar, una disminución que supera el 75% de la ayuda que venían percibiendo, además de la supresión de cotización a la seguridad social.
Para que se entienda bien: Un gran dependiente, con una capacidad económica de entorno a 8.000 euros anuales (pensión) antes recibía en torno a 450 Euros/mes para el cuidado en el hogar más entre 160 y 200 Euros de Seguridad Social, y ahora no llegará a los 125 Euros/mes y no hay seguridad social.
SEGURIDAD JURÍDICA
Resulta que para modificar la Ley Hipotecaria, rápidamente el Gobierno nos indica que no es posible, porque tenemos que respetar el principio de seguridad jurídica, es decir, no modificar con carácter retroactivo los beneficios de los banqueros, aunque estos sean la mayor usura. En cambio, modificar y desmantelar la Ley de la Dependencia, sobre todo el apoyo a la Familias que cuidan de sus seres queridos, eliminando prácticamente la ayuda que pagaba el trabajo del cuidador, ¡¡¡eso no es inseguridad jurídica!!!
Aunque haya personas que dejaron el trabajo, para hacerse cargo del cuidado del familiar, y ahora se encuentran sin ingresos para vivir, sin cotizar a la seguridad social, etcétera.
Con la disculpa de crear empleo profesional, en el sector servicios para la dependencia, véase, ayuda a domicilio, centros de día, o residencias, desprecian e incluso minusvaloran el esfuerzo que la mayoría de familias en Castilla y León están realizando cuidando de las personas dependientes a su cargo.
Tanto los Sindicatos Obreros, como la Administración, están de acuerdo en eliminar esta ayuda al cuidador familiar, así lo han acordado y firmado. Ellos dicen que así se creará empleo.
Solidaridad Intergeneracional apuesta por el cuidado en el entorno familiar, si así lo desea la persona dependiente y la cuidadora/s principales, porque es bastante más barato (con ayudas de 500 €/mes) que los servicios profesionales antes citados, y estos no son de más calidad que los que presta la propia familia. El coste mínimo de una residencia supera los 1.200 €/mes, y más de 800€/mes el centro de día que solo atiende unas horas y más de 9€/hora el servicio de ayuda a domicilio.
La Administración no cuenta con suficientes plazas, o camas públicas que den respuesta a las necesidades ya reconocidas. Por ello son las empresas privadas las que prestan estos servicios y es su negocio y han de obtener beneficio, por lo que los/las trabajadoras que cuidan directamente a las personas dependientes cuentan con los salarios más bajos del mercado laboral. Para los sindicatos y la Administración esto es calidad y profesionalidad, pero si lo hace, este trabajo, un familiar, formado o no, que sea cuanto más barato, mejor.
Castilla y León es la región más envejecida de España y la más necesita de estas ayudas, pero los políticos que gobiernan no cuentan la verdad de lo que hacen, y lo único que pretenden es confundir, para que no se exija de forma coordinada es te derecho.
