24 May El Congreso insta a prohibir las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad
En la sesión también se ha salido adelante una propuesta para la ampliación del listado de enfermedades por las que los padres al cuidado de niños con dolencias graves reciben una prestación.
HELENA PONCINI – MADRID
La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una Proposición No de Ley para prohibir la esterilización forzosa de personas con discapacidad, una práctica que, en España, está respaldada por artículo 156 del Código Penal. La iniciativa, impulsada por el Grupo Mixto a instancias del PDeCAT, ha salido adelante por 22 votos a favor y 14 abstenciones del Partido Popular. La ampliación del listado de enfermedades por las que los padres al cuidado de niños con dolencias graves pueden recibir prestaciones de la Seguridad Social y el cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad son algunas de las otras propuestas que han sido aprobadas en la sesión.
“Es un acto de violencia, una práctica que se ejerce sobre personas que no han sido informadas ni han dado su consentimiento», ha destacado el diputado Jordi Xuclà, en referencia a las esterilizaciones involuntarias durante la defensa de la proposición. En su intervención, Xuclà ha recordado que estas intervenciones —para las que se requiere una orden judicial—se realizan en su mayoría a mujeres y que suponen una «mutilación de su derechos con la excusa de lograr un bien para las niñas que se traduce, por el contrario, en una mayor vulnerabilidad».
Además de instar al Gobierno a realizar los cambios normativos necesarios para acabar con las esterilizaciones, la iniciativa aprobada pide mayor transparencia en los datos relativos a estas intervenciones y medidas para compensar el daño causado a aquellas personas a las que ya se les ha realizado. Tres peticiones que obedecen a las principales demandas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), según el cual, en la última década se han llevado a cabo más de 1.000 operaciones con este fin.
La iniciativa, registrada el pasado 18 de febrero, ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios con la única abstención del Partido Popular, que ha presentado una enmienda por considerar necesario «un estudio sobre el sentido de la modificación que, en este caso, afecta al artículo 156 del Código Penal», según ha defendido la vocal de la formación María de Carmen Dueñas. Una corrección que finalmente no ha sido incluida en el texto que se ha votado.
Ocho propuestas aprobadas
En total, en la sesión se han aprobado las ocho propuestas que se han llevado a debate, entre ellas, la actualización del listado de enfermedades por las que los padres pueden solicitar una prestación económica, por cuidado de menores afectados por cáncer u otra dolencia grave. La iniciativa presentada por el PSOE ha sido respaldada por 21 diputados frente a la abstención del Partido Popular, que solicitaba la realización un informe previo a la modificación para determinar los cambios necesarios.
«Nos encontramos con un listado que recoge solamente un número determinado de enfermedades graves a las que pueden acogerse», ha expuesto la diputada socialista María Soledad Pérez, antes de señalar la imposibilidad de que se incluyan todas las enfermedades raras que, según ha manifestado, se sitúan en torno a los 6.000. Por ello y por la dificultad, en su opinión, para lograr un diagnóstico en muchos casos, Pérez ha defendido la propuesta del PSOE que pide la inclusión de una cláusula que pueda determinar la inclusión de enfermedades graves e invalidantes, incuestionables a la vista de los informes pediátricos, evitando la posible interpretación de la lista.
El cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad, cuyo plazo expiró el pasado 4 de diciembre, ha sido otra de las iniciativas que se han debatido a lo largo de las más de dos horas que ha durado la sesión. En este sentido, la propuesta del PSOE exige la elaboración de un calendario para «convertir los servicios, productos y espacios de la Administración general del Estado en accesibles», además de pedir que se destine un 1% del presupuesto de infraestructuras al fondo de accesibilidad. El PP se ha defendido de las críticas sobre la falta de medidas reales y se ha reafirmado en su compromiso con las personas con discapacidad. Finalmente, la PNL ha salido adelante por 22 votos a favor y 14 abstenciones de los populares.
LAS OTRAS PROPUESTAS
· Jubilación anticipada: la iniciativa aprobada, —impulsada por Esquerra Republicana— pide la revisión de los supuestos para la jubilación anticipada que se recogen en el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre. En la actualidad, esta norma no recoge dolencias como el párkinson.
· Accesibilidad en la Biblioteca Nacional: la Proposición No de Ley aprobada exige una actuación urgente para que los servicios y las instalaciones de la Biblioteca Nacional, situada en Madrid, sea accesible a todas las personas con discapacidad.
· Centros sanitarios: El PP y Esquerra han sacado adelante la propuesta para la elaboración, —con la colaboración de los colectivos de personas discapacitadas— de un plan nacional de accesibilidad integral en los centros sanitarios que sirva de modelo.
· Terminología adecuada: A pesar de la oposición del resto de partidos, también ha sido aprobada la iniciativa del Partido Popular para el uso, en el Congreso de los Diputados, de la denominación «personas con discapacidad», en lugar de, por ejemplo, «personas con diversidad funcional».
· Propiedad horizontal: La PNL elaborada por Ciudadanos y aprobada por 16 votos a favor, exige la modificación de la ley de propiedad horizontal para garantizar la accesibilidad de las viviendas.
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