14 Sep El Congreso de los Diputados ha aprobado la mejora de financiación de los Centros Especiales de Empleo
El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a mejorar la financiación de los Centros Especiales de Empleo, que en estos momentos dan trabajo a más de 51.000 personas con discapacidad.
La propuesta, defendida en la Cámara Baja por la portavoz socialista de Discapacidad, María José Sánchez, pretende revisar la cuantía del coste salarial subvencionado para los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, congelado desde hace tiempo, según dijo el diputado de CiU Carles Campuzano.
En concreto, la proposición, aboga por «impulsar la revisión de la cuantía del coste salarial subvencionado para los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, en el marco de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas».
Del mismo modo, pide que se impulsen otras medidas necesarias para garantizar la viabilidad y el desarrollo del empleo protegido y que se otorgue en el diseño de estas actuaciones, «una consideración especial a las personas con discapacidad severa».
Igualmente, el texto apuesta por facilitar que los Centros Especiales de Empleo puedan acceder a las líneas de financiación del ICO.
La proposición no de ley quiere también conseguir que, a la mayor brevedad posible, en el marco de las orientaciones de la Ley General de la Seguridad Social, se estudien las medidas necesarias para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones por incapacidad permanente cuando les sobrevenga esta contingencia con posterioridad a su contratación por un Centro Especial de Empleo.
Al mismo tiempo, el Congreso insta al Ejecutivo a desarrollar reglamentariamente el acceso a la jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad, en el marco de las previsiones recogidas en la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.