01 Nov El Cermi propone mejoras para la discapacidad en los Presupuestos Generales
Servimedia (13/10/2010)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido que el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 se modifique, con el objetivo de que se beneficien las personas con discapacidad.
En este sentido, destaca que el Fondo Extraordinario, con un importe de 15 millones de euros, que tiene como objetivo apoyar las acciones incluidas en el Programa Operativo de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Lucha contra la Discriminación “va a posibilitar la atención de más de 200.000 personas al año”, ha afirmado.
Por este motivo, el Cermi plantea que este fondo se distribuya de forma proporcional a su peso en el Programa entre las organizaciones designadas como organismos intermedios en el mismo: Fundación ONCE, Cáritas Española, Cruz Roja Española y Fundación Secretariado Gitano.
“Estas organizaciones son organismos intermedios designados para gestionar el Programa Operativo, dado que trabajan en el desarrollo de vías de integración en el mundo laboral de las personas desfavorecidas, luchar contra la discriminación en el acceso y en la evolución en el mercado laboral y promover la aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo y en el diseño de medidas concretas para incrementar la participación de las personas inmigrantes en el mundo laboral”, ha explicado.
Otra de las propuestas que plantea el Cermi es que el Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia “se amplíe a las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública, y no sólo a las empresas”, ya que, según el Comité, la actividad a la que van dirigidos los recursos de este Fondo es el objeto principal de muchas entidades del Tercer Sector, por lo que “resulta contradictorio y restrictivo limitar sus beneficiarios a las empresas”.
También, de cara a facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad, se propone la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, “tal y como el presidente del Gobierno manifestó su compromiso con el Cermi el pasado Día Internacional Europeo de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre de 2009) de que en seis meses, a partir de la fecha del anuncio, el Ejecutivo presentaría esta modificación solicitada por el sector de la discapacidad”.
Por ello, el Cermi recuerda que, según establece la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad “se adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico y a los edificios”.
Por otra parte, propone una mejora de la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores con discapacidad que se establezcan como autónomos mientras dure la situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
Así, se plantea modificar esta bonificación, incrementándola del 50% al 75% de la cuota en el caso de los hombres y del 90% en el caso de las mujeres; aplicar esta bonificación sobre la base de cotización que realmente se establezca y no sólo sobre la mínima; así como hacerla indefinida para equipararla a los contratos de trabajo indefinidos, suprimiendo también la obligatoriedad de que sea inicial.
También se propone la modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con el objetivo de establecer sanciones accesorias a la infracción grave por el incumplimiento de la obligación de cubrir la cuota de reserva de empleo de personas con discapacidad.
Es decir, según el Cermi, “la infracción grave prevista para las empresas de 50 o más trabajadores que no cumplen con su obligación de contratar un 2% de personas con discapacidad, sería la pérdida automática de las ayudas, de las bonificaciones y de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción y la exclusión del acceso a tales beneficios por un periodo máximo de un año”.
En cuanto los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica y social, que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros, deberá incorporar, según el Cermi, un informe sobre su impacto desde el punto de vista del principio de accesibilidad universal, con el objeto de evaluar su impacto sobre la igualdad de oportunidades.
Para el Comité, el objetivo es “tener en cuenta que cualquier entorno, proceso, bien, producto o servicio, debe ser comprensible, utilizable y practicable por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”. “Este modelo de instauración de este modelo de evaluación de impacto es obligatorio en el caso de la igualdad entre hombres y mujeres”, ha añadido.
Asimismo, también se propone un Plan para garantizar la participación institucional de la asociación más representativa, a nivel estatal, de las personas con discapacidad y de sus familias, en los órganos de la Administración General del Estado, de carácter participativo y consultivo, cuyas funciones estén directamente relacionadas con materias que tengan incidencia en esferas de interés preferente para dichas personas”.
“A pesar del mandato de la Liondau para que se promueva desde las administraciones la participación institucional en órganos que se ocupan de temas de interés para las personas con discapacidad, lo cierto es que apenas se ha avanzado al respecto y seguimos confinados en los mismos órganos de participación institucional en los que estábamos presentes antes de la dicha ley”.
Por último, en cuanto a las propuestas del Cermi sobre créditos presupuestarios, se plantea “elevar un 10% el crédito de los Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad; así como elevar otro 10% el crédito de Autonomía Personas y Atención a la Dependencia”.
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