16 Dic El bullying se ceba en los menores con discapacidad.
En los centros ordinarios el porcentaje de acoso puede superar incluso el noventa por ciento, según el CEDDD.
2025. ABC
Carlota Fominaya
Tonto, lerdo, sordo… Qué duda cabe que el acoso sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del sistema educativo español, pero cuando se trata de escolares con algún tipo de discapacidad, la cifra se dispara. Así, según los últimos datos recogidos por el Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o Dependencia (CEDDD), ocho de cada diez menores reconocen haber sido víctimas de alguna forma de violencia escolar. En los centros de educación ordinaria, ese porcentaje puede superar incluso el 90 por ciento.
El acoso hacia estos alumnos con discapacidad puede manifestarse en burlas por su forma de hablar, caminar, aprender… También es habitual que se produzca aislamiento dentro del grupo, agresiones físicas o acoso digital a través de redes sociales y mensajería instantánea. En muchos casos, insisten desde el CEDDD, «la falta de apoyos adecuados o la escasa formación del profesorado agravan la situación».
Según datos recientes, el riesgo de sufrir acoso disminuye o se incrementa, además, según el tipo de discapacidad. Las personas con una discapacidad física presentan una tasa del 26,9 por ciento; las de discapacidad intelectual; del 26,1 por ciento, las de discapacidad visual, del 17,5 por ciento; quienes viven con una enfermedad mental, del 15,4 por ciento, y las de discapacidad auditiva, un 14,7 por ciento.
El problema, al igual que sucede con el resto de escolares, no se limita al aula física. En el entorno digital, el ciberacoso ha adquirido nuevas dimensiones. Según estudios recientes, en el 14 por ciento de los casos de ciberbullying ya se utiliza inteligencia emocional para manipular imágenes o suplantar identidades, lo que multiplica el daño psicológico y social de las víctimas.
Estas cifras, recalca Mar Ugarte, vicepresidenta del CEDDD, «son algo más que estadísticas: representan infancias rotas, derechos vulnerados y trayectorias educativas truncadas. Y, en el caso de los menores con discapacidad, el bullying adquiere una dimensión doblemente discriminatoria, porque no solo se les agrede por sus diferencias físicas, sensoriales o intelectuales, sino también por la invisibilidad social que todavía pesa sobre la discapacidad».
Porque la soledad de estos menores, apunta Mónica Mir, vicepresidenta de Bestbuddies España, «es una de las expresiones más devastadoras de acoso. Lo cierto es que el sistema educativo afronta estas situaciones con recursos muy limitados. Los profesores lo hacen como pueden», reflexiona. Así lo corrobora Javier Lastra, Decano del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, para quien, desde la perspectiva clínica, «el profesorado tiene un compromiso innegable con la educación, pero carece de herramientas suficientes para afrontar situaciones complejas».
«Con buenas intenciones no se incluye a estos menores»
Por este motivo, subraya Juan Cristobal Cabiedas Pedraza, jefe de Grupo del Plan director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y su Entorno, «es importantísimo formar a los docentes para detectar todas las formas de acoso. No todo es violencia física y el acoso psicológico también destruye».
Invisibilidad social
En este contexto, para Mir, «lo que no se puede exigir a las familias es que conviertan a sus hijos en abanderados. Para los padres, la decisión de optar por un centro de educación especial es muy difícil». Para Ugarte, es urgente «actualizar los protocolos contra el acoso, incorporando explícitamente la variable de discapacidad, y asegurar su aplicación homogénea en todo el territorio. También es necesario una activación rápida, un seguimiento evaluable y consecuencias jurídicas cuando corresponda. Resulta imprescindible, asimismo, el refuerzo específico para personal educativo, alumnado y familias en convivencia, accesibilidad y atención temprana».
Pero, a juicio de la vicepresidenta del CEDDD, «con buenas intenciones no se incluye a estos menores. El acoso sobre este colectivo debe ser una prioridad en la agenda educativa y social. No basta con reconocer el problema: hay que actuar con determinación, con leyes efectivas, protocolos claros y formación específica, para lograr profesionales preparados para esto. La discapacidad no puede seguir siendo un motivo de exclusión, sino un valor que enriquece nuestras aulas y nuestra sociedad», concluye Ugarte.
