05 Nov El aborto en mujeres con discapacidad sigue marcado por el capacitismo y la vulneración de derechos.
Las mujeres con discapacidad en España continúan enfrentándose a “graves vulneraciones en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)”, a pesar de los avances normativos de los últimos años, según advierte el informe ‘El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo’, elaborado por la Federación Mujeres Jóvenes con el apoyo del Instituto de las Mujeres.
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El documento, publicado con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal que se celebra este domingo, señala que el capacitismo institucional, la infantilización, la tutela abusiva y la falta de medios adaptados se entrelazan para “limitar el derecho de las mujeres con discapacidad a decidir sobre su sexualidad y su maternidad”.
A pesar de la reforma introducida por la Ley 8/2021, que eliminó el sistema de incapacitación judicial en favor de medidas de apoyo y reconoció la plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones, el informe constata que “la práctica asistencial no se ha transformado al mismo ritmo que la normativa”. Muchas mujeres continúan privadas del ejercicio efectivo de sus derechos reproductivos y siguen documentándose prácticas contrarias a la ley, como la imposición de esterilizaciones o la supresión forzada de la menstruación.
El estudio recoge testimonios que evidencian cómo, en numerosos casos, son familiares, tutores o instituciones quienes toman decisiones en nombre de la mujer, anulando su voluntad. “En los casos de discapacidad son la madre o el padre quienes acaban decidiendo”, lamenta una trabajadora social en Madrid.
Asimismo, se denuncian barreras físicas y psicosociales durante el proceso de aborto, desde equipos médicos no adaptados hasta un trato infantilizante por parte de profesionales sanitarios. Esta situación, alerta el informe, supone una vulneración del derecho a la autonomía, a la integridad personal y a formar una familia, reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El estudio concluye que resulta imprescindible “asegurar la aplicación efectiva de la Ley 8/2021, formar al personal sanitario en atención inclusiva y dotar a los centros de recursos adaptados”, garantizando siempre un consentimiento libre, informado y autónomo. “No basta con la norma: se necesitan prácticas coherentes que erradiquen el control y la exclusión que aún hoy pesan sobre la vida reproductiva de las mujeres con discapacidad”, subraya el documento.
