Día de las personas mayores: la dependencia, ese reto olvidado

El 1 de Octubre se conmemora el Día Internacional de las personas de edad, a las que antes llamábamos tercera edad, luego mayores y mucho antes viejos. El bienestar de este colectivo no depende tan sólo de una pensión suficiente que asegure su autonomía económica personal. La realidad es que en las sociedades modernas, además de la pensión, hay que tomar en cuenta otros elementos como los recursos y servicios destinados a atender las situaciones de dependencia.

Vamos a cumplir trece años desde la probación de la Ley de Dependencia. Se publicó el 14 de diciembre de 2006, el mismo día en que, 18 años antes, se había desarrollado en España la primera gran huelga general y unitaria de la democracia. Fruto de aquella huelga se habían producido avances sociales importantes como la aprobación de la Ley de Pensiones No Contributivas, para las personas que no habían cotizado los años necesarios para acceder a una Pensión de Jubilación.

A principios de 1995, tras ser negociado con sindicatos y empresarios, los partidos políticos aprobaron en el Pleno del Congreso de los Diputados, el Pacto de Toledo, que establecía 15 medidas y recomendaciones encaminadas a asegurar el futuro de la Pensiones en nuestro país.

Ha sido una de esas pocas veces, después de la famosa Transición democrática, en la que los partidos supieron escapar al tacticismo electoralista y conseguir un consenso en el que nadie estaba plenamente satisfecho, pero la ciudadanía conseguía despejar un horizonte turbio y un dudoso futuro.

En cuanto a la Ley de Dependencia, buscaba equipararnos con Europa en la atención a las personas mayores y con discapacidad, en función de su grado de dependencia, con el objetivo de mantener su autonomía personal, accediendo a los servicios y prestaciones necesarios.

Una ley bienintencionada sobre el papel, pero sin recursos económicos claros para financiarla y que comenzó a aplicarse por etapas. Una ley que exigía una coordinación muy precisa, pero muy complicada, entre las tres administraciones (Central, Autonómica y Local).

Nació, para colmo, en mal momento. Se topó de inmediato con una crisis financiera que se convertiría aceleradamente en crisis económica, de empleo, social, política y hasta cultural. Los recursos dejaron de fluir y los recortes comenzaron a golpear en los puntos más débiles de nuestra sociedad.

Una crisis larga y profunda que aún no ha dejado de marcar la vida de muchas personas y familias. La Atención a la Dependencia llevaba todas las papeletas para convertirse en una de las primeras víctimas y el PP decidió, al desplazar a los socialistas en el gobierno, congelar los plazos de aplicación de la nueva ley.

He seguido la evolución de la aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia en Madrid. Informes, noticias, balances. Especialmente he prestado atención a los informes sociales que ha ido presentando CCOO a lo largo de todos estos años.

En Madrid, los retrasos en la aplicación de la ley han marcado todo el proceso de implantación del nuevo derecho. Los sucesivos gobiernos aguirristas y los de sus sucesores han conseguido que haya menos porcentaje de solicitudes, resoluciones y personas beneficiarias que en la media nacional.

Cuando surge la necesidad de las personas no hay cobertura inmediata porque el proceso de tramitación es tedioso, exasperante y con meses de demora. Las listas de espera han llegado a superar las 30.000 personas algunos años. Personas que tienen un derecho, pero que lo ven aplazado durante meses.

Muchas veces esas personas salen de la lista de espera porque se les asignan servicios como teleasistencia y ayuda a domicilio de coste más barato y entregados a empresas privadas. Una de cada cuatro solicitudes son resueltas “sin grado”, es decir sin derecho a asignación de ayuda, servicio, o prestación alguna.

No es tampoco algo extraño que cuando la prestación termina por ser aprobada, las circunstancias de la persona hayan cambiado y lo que necesite ahora no sea una ayuda a domicilio, sino una plaza en un centro de día, o en una residencia.

A veces, cuando quieren aprobar la ayuda, la persona que debería recibirla ha fallecido. Cosas de los recortes, de la falta de personal y de recursos, de la reducción de los presupuestos, de la aplicación de criterios que modulan el número de prestaciones económicas, o reducen la intensidad de los servicios prestados.

En general, la Comunidad de Madrid ha ido primando dar un dinerillo, una prestación económica, en lugar de prestar un servicio, utilizando especialmente el sistema de “cheque servicio”, en sus diferentes modalidades. Si a esta política de pagar un dinero en lugar de prestar un servicio público, le añadimos que la mayoría de los servicios se encuentran en manos privadas y esas empresas obtienen beneficios económicos (hasta cuando incorporan tras su nombre el archiconocido “sin ánimo de lucro”), no resulta extraño que las plazas residenciales, o en centros de día, hayan crecido muy levemente desde 2010.

No es extraño que las prestaciones económicas para ayudar en el pago de un servicio privado se hayan multiplicado por más 10 y las de ayuda en los cuidados familiares se han más que triplicado hasta dar cobertura a casi 36.000 personas.

Mezclar la necesidad de las personas con el negocio de las empresas privadas ha contribuido a que los escándalos de maltratos, la baja calidad de algunos servicios y la insuficiencia de las prestaciones económicas para soportar costes que las familias tienen que terminar pagando, se conviertan en la realidad cotidiana de nuestras personas dependientes y sus familias.

En el Día de las Personas de Edad nos gustaría escuchar de nuestros alcaldes y gobernantes autonómicos menos declaraciones institucionales y más compromisos públicos y concretos con las personas mayores y sus familias.

JAVIER LÓPEZ