07 Feb Dependencia: el Gobierno no logra su objetivo de reducir la lista de espera en 60.000 personas.
El Imserso adelanta a 65YMÁS que esperan conseguirlo en febrero.
Pablo Recio
El ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, no ha logrado alcanzar el objetivo pactado con las autonomías de reducir en 60.000 el número de personas en las listas de espera de la Dependencia para el año 2022. En concreto, en todo el país se redujo en 38.807 en 2021, 21.193 menos respecto a la meta fijada por el Gobierno y las comunidades.
Y es que el Ejecutivo pretendía, mediante su Plan de Choque para la Dependencia, agilizar los trámites y reducir el número de personas en lista de espera, y para ello, destinó más de 600 millones de euros de los Presupuestos, que han ido a parar a las distintas regiones para que apliquen medidas como simplificar los procedimientos de valoración del grado y reconocimiento de prestaciones y servicios; integrar los procesos de valoración y Programa Individual de Atención (PIA); reforzar los recursos humanos en procesos de gestión y de valoración; incrementar la inversión en recursos técnicos y materiales; y medidas dirigidas a ampliar la disponibilidad de plazas en servicios deficitarios y las intensidades, entre otras medidas.
Sin embargo, pese a haber recibido los fondos, no todas las autonomías han logrado reducir el número de personas en lista de espera, por lo que, un año más, ha vuelto a ocurrir lo que se temía: 43.381 personas han fallecido esperando un servicio esencial como éste. Concretamente, 26.212 dependientes con derecho pendiente de prestación y 17.169 pendientes de resolución del grado.
Eso sí, según cuenta a 65YMÁS el director del Imserso, Luis Barriga, aunque no se haya logrado reducir la lista de espera en 60.000 personas antes de 2022, esta cifra sí que se podría superar «en febrero» de este año.
«Hay que comprender que el Plan de Choque, que es de donde sale el de Reducción de Lista de Espera, se aprueba el 15 de enero, y el de Espera, el 30 de abril de 2021. Los cálculos se hicieron con cifras de ese año y del anterior, pero luego, 2021 ha sido como ha sido. A partir de abril, la cosa despegó en cuanto a número de atendidos, y ahora, el ritmo aproximado es de unos 12.000 al mes en cuanto a la reducción de la lista de espera», comenta.
Además, la mayoría de datos han mejorado. A fecha de 31 de diciembre de 2021, había 193.436 personas con derecho reconocido a una prestación por dependencia pero a la espera de recibirla, un 16,7% menos que en diciembre de 2020, cuando había 232.243 personas en el conocido como ‘limbo de la dependencia’.
Por otra parte, se ha reducido en 16.960 el número de personas pendientes de valoración de la situación de dependencia. A 31 de diciembre de 2021, había 124.596 personas en esta situación, un 12% menos que a finales de 2020, cuando eran 141.556.
Igualmente, de los datos también se desprende que se ha incrementado un 8,6% el número de personas con la prestación concedida hasta alcanzar 1,17 millones de personas a cierre de 2021, 93.275 más que en 2020.
Medidas que requieren tiempo
Además, hay que tener en cuenta también que ciertas políticas a adoptar para agilizar los trámites tardan tiempo en dar resultados, prosigue Barriga.
«Algunas medidas han empezado a implantarse en el año 21, pero todavía tienen recorrido. Por ejemplo, para los territorios que hayan decidido simplificar los procedimientos administrativos y llevarlos a uno solo –valoración de grado y programa individual de atención (PIA)–, eso requiere una reforma normativa, pero hasta que se aprueba el decreto y se aplica, son meses. Por ello, algunas acciones se pueden implementar rápido y otras son un proceso», indica.
Asimismo, justifica, que en ciertas regiones aumente la lista de espera no tiene porque suponer obligatoriamente que el sistema no esté mejorando.
«No podemos hablar sólo de una lista de espera: primero, está la de la solicitud, después, la de la valoración y, posteriormente, la del PIA. Y a todo esto hay que añadir los tiempos. Así que, que se incremente la valoración de grados, aumenta la lista de espera de PIA. No es tan sencillo como un sólo número. Por ello, en líneas generales, el saldo del año es que hay más de 100.000 personas atendidas, que se redujo el número de la lista de PIA en cerca de 40.000 personas, y no en 60.000, como habíamos acordado, y que, con el ritmo actual que se ha cogido, en menos de dos meses, esperamos llegar a los 60.000″, afirma.
Reducción insuficiente y «un fracaso» para las organizaciones
No obstante, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (@Ascdiresociales), José Manuel Ramírez, no es tan optimista y entiende que el que no se haya logrado el objetivo tiene que ver con dos factores: «la burocracia» y la gestión de «tres comunidades autónomas», que «han echado a perder» el Plan de Choque.
Concretamente, explica, Cataluña, La Rioja y Canarias habrían aumentado durante este año el número de personas en la lista de espera, a pesar del incremento presupuestario.
«Esto es bochornoso. Habría que ver con los consejeros de esas regiones porque, encima, son las tres autonomías con mayor limbo de la dependencia», critica.
«Creo que el objetivo principal del Plan de Choque, que era la reducción de la lista de espera en un 25%, ha fracasado. Es verdad que aumentan los beneficiarios, pero es cierto que la finalidad del Plan era conseguir que las CCAA redujeran las listas de espera en virtud de la inyección económica que recibían, de los 623 millones de euros. Además, el objetivo ya era rácano, con 60.000, puesto que nosotros habíamos puesto como meta 100.000 personas», apunta.
Sin embargo, cabe recordar, matiza, que no todas las regiones han actuado del mismo modo. «Navarra, Castilla y León y Murcia han aumentado también la lista de espera, pero tenían casi plena atención. Aun así, hay que reconocer que los que más han reducido el número son Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía. Así que si Cataluña, La Rioja y Canarias hubiesen cumplido, el Gobierno hubiese alcanzado su objetivo», señala.
Ahora bien, no sólo es un tema que tiene que ver con la gestión de las comunidades. Parte de la culpa la tienen también, según García, «los procedimientos y los requisitos», es decir, la burocracia. «Hay que simplificarlos», propone.
De igual manera, apostilla, es importante saber que la mayoría de altas de 2021 han sido de prestaciones vinculadas al servicio o para dependientes de grados inferiores, que necesitan de menos horas, mientras que, para los que requieren de mayor dedicación, como es el caso de las personas que viven en residencias, aún no se ha logrado llegar a niveles prepandémicos.
«No hemos recuperado la tasa de reposición de 2019. A día de hoy hay, unas 1.000 plazas menos en residencias y 4.000, en centros de día. Se está produciendo un espejo estadístico. Véase, son muchos más los beneficiarios, pero están en baja intensidad de Ayuda a Domicilio y con paupérrimas prestaciones, lo que reduce la lista de espera de grado 1. Pero sigue habiendo 86.000 personas de grado 2 y 3 que son los que tienen más prioridad, los que se mueren», denuncia.
Una visión pesimista, que no comparte del todo el director del Imserso, Luis Barriga, que entiende que, «aunque el tema de residencias es más complejo», se han alcanzado niveles «practicamente» de prepandemia y la cifra sigue en aumento.
«El servicio que peor se recupera es el de los centros de día. Pero el número de atendidos general está siendo tal, que podemos decir que hemos recuperado los niveles de antes de la pandemia. Y el escenario a futuro es que para el año 2022 (en el cual, ojo, seguimos en pandemia y habrá bajas) será mayor la recuperación», prevé.
«Hay que mantener el ritmo y no perderlo. No se vive esto como un fracaso ni mucho menos. Las cifras son muy buenas. El año 21 ha sido el de ‘arrancada’. Se ha terminado con la parálisis del sistema. Estoy convencido de que en febrero se alcanzan los 60.000″, pronostica Barriga.
Por contra, desde la patronal de la Dependencia, CEAPs (@cea_ps), critican que «falta financiación y sobra burocratización» todavía.
«Con los presupuestos actuales no se podrá atender a todos los mayores que hoy en día tenemos en el limbo de la Dependencia. La idea es que sobre todo las personas que se encuentran con vulnerabilidad extrema puedan recibir una prestación económica vinculada al servicio (PEVs) de forma exprés y con ella decidir elegir dónde quieren pasar este último año de su vida, sea con atención domiciliaria o en una residencia concertada con autorización de la red pública o en un centro de día o con teleasistencia», comentan.
«El futuro pasa por la Atención Centrada en la Persona, un modelo que necesita apoyarse con una modernización y digitalización en el acceso al Sistema de la Dependencia, que requiere de flexibilidad y se fundamenta en dos pilares: la coordinación socio sanitaria y la colaboración público privada», indican.
«A raíz del informe publicado por el Imserso, donde se recoge el incumplimiento del 35% sobre el objetivo global de reducir la lista de espera en 60.000 personas que habían alcanzado el Gobierno y las comunidades autónomas, tan sólo podemos constatar que hay que dedicar más medios humanos, implementar nueva tecnología y cauces de valoración, y destinar más fondos para abordar la adecuada atención a la dependencia de los ciudadanos españoles. Si bien es cierto que durante el pasado año vimos un cambio de ritmo en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el hecho es que no se ha podido cumplir un tercio de los objetivos acordados entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Nuestros gobernantes tienen que hacer un esfuerzo por adaptar la forma de funcionar de las administraciones públicas para poder dar solución a las necesidades reales de los ciudadanos», opina finalmente el secretario general de la patronal de las residencias AESTE (@JCuberoHerr), Jesús Cubero.
