01 Oct ¿Cuánto gastan las Administraciones Públicas en discapacidad?
Crónica Social (01/09/2010)
El Observatorio Estatal de la Discapacidad, a partir de una propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), realizará un estudio sobre el gasto público en discapacidad referente al periodo
El trabajo cuantificará el gasto en discapacidad de las Administraciones Públicas y, en especial, de la Administración General del Estado (incluida la Seguridad Social) y de las Comunidades Autónomas. Además de conocer la cuantía de los recursos económicos que se destinan a las políticas relativas a las personas con discapacidad, otro de los objetivos que se plantea el Observatorio es la continuidad y actualización del estudio en los años siguientes.
Así, dentro de la Administración General del Estado, en referencia a los presupuestos de 2010, las primeras partidas que se analizarán serán los créditos del Ministerio de Sanidad y Política Social destinados a discapacidad y, en particular, los créditos para el desarrollo del Plan de Acción para Personas con Discapacidad, así como las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro para programas de personas con discapacidad.
También se analizarán los créditos del Ministerio de Educación destinados a Educación Especial, así como las becas y ayudas a estudiantes; y dentro de los presupuestos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, se estudiará el programa de fomento de la inserción y estabilidad laboral y los créditos para pensiones asistenciales de enfermedad dentro del programa de pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales.
En lo relativo a la Seguridad Social, el estudio se centrará en las pensiones de incapacidad permanente, las no contributivas de invalidez, los servicios sociales de la Seguridad Social para personas con discapacidad, la autonomía personal y atención a la dependencia, y los créditos destinados al abono de las prestaciones económicas de la LISMI.
Además, se contemplará el importe de las desgravaciones, bonificaciones y exenciones fiscales, que por su naturaleza no se reflejan en los presupuestos.
En el caso de las Comunidades Autónomas, se analizarán los presupuestos de las Consejerías competentes en materia de discapacidad y dependencia y las partidas relacionadas con la materia que pueda haber en otras consejerías, como la de Educación o Trabajo.
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