Casi un 15% de las mujeres con discapacidad sufre violencia física por parte de su pareja a lo largo de su vida.

Así se desprende del informe ‘Mujeres especialmente vulnerables a la violencia en la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2024’, cuyo objetivo es profundizar en la información proporcionada en la citada macroencuesta, ampliando los resultados de algunos grupos de mujeres.

Los principales resultados de este informe han sido presentados este jueves por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, y muestran que la prevalencia de la violencia física aumenta con el grado de discapacidad, situándose en el 13,4% entre las mujeres con una discapacidad de entre el 33 % y el 64% y en el 18,2% entre aquellas con un grado del 65% o superior. Este estudio analiza la violencia que sufren, entre otras, las mujeres con discapacidad, las gitanas, las nacidas en el extranjero, las jóvenes de entre 16 y 24 años y las mayores de 65 años o más.

También hay diferencias significativas en lo relativo a la violencia sexual ejercida por alguna pareja que es del 11,3% entre las mujeres con discapacidad igual o superior al 33%, frente al 8,2% de las mujeres sin discapacidad; así como en la violencia económica a lo largo de la vida, sufrida por el 16,6% de las mujeres con una discapacidad de entre el 33% y el 64% y por el 19,2% de aquellas con un grado de discapacidad del 65% o superior, frente al 12,4% de las mujeres sin discapacidad.

Sin embargo, las mujeres con discapacidad denuncian la violencia en una proporción más elevada que las que no tienen discapacidad. Ese porcentaje es del 27,6% en el primer colectivo, frente al 16,2% del segundo. Un patrón similar se observa en la búsqueda de ayuda formal: el 58% de las mujeres con discapacidad acreditada ha recurrido a servicios de ayuda como médicos, psicológicos, servicios sociales, etc., debido a la violencia ejercida por alguna de sus parejas; frente al 40,3% del resto de mujeres.

Además, el informe recoge situaciones de mujeres que dicen tener limitaciones en su vida diaria (psicosociales o físicas) y que no tienen una discapacidad reconocida. En este caso, y respecto a la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja que sufren estas mujeres, la prevalencia a lo largo de la vida de las violaciones alcanza el 6,2% entre las mujeres que declaran estar gravemente limitadas, frente al 2,8% de las mujeres sin limitaciones.

Ana Redondo subrayó que, en base a estos datos, las mujeres con discapacidad demandan “más apoyo y adaptación de las políticas públicas” a sus necesidades y realidades, aunque no desconocen los recursos existentes. Así, este informe invita a “reflexionar” sobre esta necesidad de adaptar las políticas contra la violencia machista a las circunstancias de la discapacidad.

MUJERES GITANAS

Por lo que respecta a las mujeres gitanas, el informe expone que el 16,5% de ellas manifiesta haber sufrido violencia de alguna pareja a lo largo de la vida, frente al 30,4% de las que no lo son. Esto se explica principalmente por la menor prevalencia de la violencia emocional o de control, ya que, para el resto de los tipos de violencia, como la física o la sexual, no se observan diferencias.

En cambio, las mujeres gitanas denuncian y buscan ayuda formal o informal como consecuencia de la violencia de la pareja en una proporción inferior, 51,6%, a la observada entre las no gitanas (78,6%). Sobre esto, Redondo señaló que se puede abrir una línea de análisis sobre modelos culturales y relaciones afectivas, sin perder de vista posibles sesgos en la recogida de datos.

También la ministra apuntó que las mujeres gitanas reporten menos violencia puede estar relacionado con un menor acceso a recursos. Igualmente, las mujeres declaran haber sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida en menor medida que las no gitanas: un 6,4%, frente a un 14,5%.

Esto tiene que ver, sobre todo, con la menor prevalencia de otras formas de violencia sexual distintas de las violaciones y de los intentos de violación, ya que la prevalencia de las violaciones es prácticamente idéntica en ambos grupos.

EXTRANJERAS Y RURALES

De su parte, el 13,3% de las mujeres nacidas en el extranjero ha padecido violencia física por parte de alguna pareja, frente al 8,2% de las mujeres nacidas en España, siendo la prevalencia especialmente elevada entre las mujeres nacidas en Sudamérica, un 18,5%, y en América del Norte, Centro América y Caribe, con un 15,6%.

Para la violencia total ejercida por cualquier pareja, la prevalencia es del 29,1% entre las mujeres nacidas en España y del 34,9% entre las extranjeras. Además, las mujeres extranjeras han sufrido lesiones físicas como consecuencia de la violencia física o sexual de la pareja en una proporción superior a la observada entre las mujeres nacidas en España.

Por su lado, las mujeres que residen en áreas poco pobladas registran menores prevalencias de violencia de pareja a lo largo de la vida que aquellas que viven en zonas densamente pobladas, situándose las áreas intermedias en valores medios.

Así, por ejemplo, el 9,9% de las mujeres que viven en áreas poco pobladas ha sufrido violencia física o sexual y el 24,3% violencia psicológica o económica, frente al 13,7% y el 32,8%, respectivamente, de aquellas que residen en zonas densamente pobladas.

Sin embargo, en la violencia reciente apenas hay diferencias en función del área de residencia, y tampoco se observan diferencias significativas en la denuncia. Donde sí aparecen contrastes es en la búsqueda de ayuda: las mujeres de zonas urbanas recurren más a la ayuda formal (23,6%, frente a cifras menores en áreas intermedias y rurales) y también a la informal, ya que comparten en mayor medida su experiencia con su entorno que las residentes en áreas menos pobladas.

JÓVENES Y MAYORES

A la luz de lo recogido en este estudio de Igualdad, el 8,8% de las mujeres de 16 a 24 años que han tenido pareja y el 5% de las de 65 años o más han sufrido violencia física por parte de alguna pareja a lo largo de la vida. Las que están ubicadas en la horquilla de entre los 25 y 64 años, lo han hecho, en cambio, en un 12,3%.

En cambio, si se pone el foco en la violencia sexual, las mujeres de 16 a 24 años presentan las prevalencias más elevadas: el 16% de las que han tenido pareja asevera haberla sufrido, frente a casi el 10% de las mujeres de 25 a 64 años y al 2,9% de las de 65 años o más.

Esto mismo ocurre para la violencia psicológica emocional, la violencia de control y el miedo, ya que las más jóvenes son las que manifiestan haber padecido mayores niveles de violencia, seguidas del grupo de 25 a 64 años, mientras que las mujeres de mayor edad registran los niveles más bajos.

En cambio, la violencia económica muestra un patrón diferente, probablemente relacionado con la estructura de convivencia. Así, el 15% de las mujeres de 25 a 64 años dice haber sufrido violencia económica por parte de alguna pareja, frente al 8,8% de las de 65 años o más y casi el 7% de las de 16 a 24 años; entre las mujeres de 16 y 17 años la prevalencia se sitúa en el 2%.

Sobre la denuncia, las jóvenes son las que menos denuncian, el 5,5%, mientras que las que tienen de 65 a 74 años presentan las tasas de denuncia más elevadas, el 23%. A ellas le siguen las mujeres de 25 a 64 años, con el 18,2%. Entre quienes tienen 75 años o más, poco más del 10% ha denunciado la violencia sufrida en algún momento de sus vidas.

En cuanto a la violencia sexual fuera de la pareja, las mujeres jóvenes son las que presentan la mayor prevalencia de violencia, un 25% a lo largo de la vida, mientras que las mujeres de 75 años o más registran las tasas más bajas, 3,3%.

Finalmente, la ministra de Igualdad subrayó la importancia de estos estudios y de la “ciencia de la igualdad”, basada en el uso de datos tanto cuantitativos como cualitativos para comprender mejor las realidades sociales y diseñar políticas públicas más eficaces. Mientras que los datos cuantitativos permiten medir el impacto, el análisis cualitativo ayuda a “profundizar” en las experiencias y necesidades de los grupos vulnerables para mejorar las políticas de igualdad en base a todo ello.