20 Oct Casi la mitad de los funcionarios consume a diario ansiolíticos y la mayoría son mujeres sénior.
El consumo diario de estos fármacos tiene especial incidencia en sanidad y educación.
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Un 45 por ciento de empleados públicos consume prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros), según un estudio elaborado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (@CSIFnacional).
El estudio se ha realizado mediante entrevistas a más de 2.000 personas que trabajan en diferentes ámbitos de las administraciones públicas, como Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, ayuntamientos, Educación, Sanidad, Justicia y empresas públicas.
De acuerdo con los resultados de la encuesta de CSIF, el consumo diario de estos fármacos es casi generalizado en todos los ámbitos de la administración, aunque con especial incidencia en sanidad y educación.
El perfil mayoritario es el de una mujer de entre 45 y 54 años, trabajadora de la sanidad pública o de un centro educativo que consume ansiolíticos a diario por soportar un exceso de carga de trabajo o por pensar que carece del debido reconocimiento profesional.
Según la encuesta, los psicofármacos más consumidos son ansiolíticos (66 por ciento de los encuestados reconoce su uso), antidepresivos (43,6 por ciento) y somníferos (32,1%). Un 51 por ciento de los encuestados asegura consumir estos fármacos a diario, un 13 por ciento varias veces a la semana, un 21 por ciento alguna vez al mes y un 15 por ciento en el último año.
El 76 por ciento manifiesta que el trabajo le influye a la hora de consumir estas sustancias: un 54,2 por ciento lo relaciona por un exceso de carga de trabajo, un 44,6 por el escaso reconocimiento profesional y un 37,7 por ciento por el mal clima laboral (conflictos, situaciones de acoso, etc.).
Además, un 21,22 por ciento relaciona el uso de estos fármacos con la inseguridad laboral (temporalidad, interinidad, etc.), un 20,6 por ciento con los problemas con los usuarios a los que presta servicio y un 12,6 por ciento con los problemas económicos.
Otro dato significativo de la encuesta es que más de la mitad (55 por ciento) de los encuestados reconoce que no consumía esta medicación antes de la pandemia de COVID-19, mientras que el 93 por ciento se queja de la ausencia en sus centros de trabajo de iniciativas sobre protección de la salud mental.
Medidas para mejorar la salud mental
Aprovechando el lanzamiento de la encuesta, CSIF ha puesto en marcha la campaña ‘Trabajamos por ti, comprometidos contigo. Promoviendo el respeto y la salud mental en el ámbito laboral’, que pretende ofrecer ayuda a los empleados públicos en situación de riesgo psicosocial.
También recoge exigir al Gobierno que ponga en marcha un paquete de medidas centradas en promover la prevención de riesgos para la salud mental en los centros de trabajo.
Entre esas medidas, la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Encarna Abascal, ha justificado en rueda de prensa la necesidad de la aprobación de una directiva europea sobre riesgos psicosociales y su desarrollo a través de Real Decreto, así como de realizar evaluaciones de riesgos y gestión psicosocial real en los centros.
De la misma forma, otra de las propuestas de la organización sindical es la de establecer la figura del ‘psicólogo en el trabajo’ e incluirla en la ley de Prevención de Riesgos Laborales como un miembro más del Servicio de Prevención.
Por último, CSIF aboga por un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que incluya los colectivos profesionales más vulnerables, planes de prevención e intervención sobre conductas adictivas en el ámbito laboral y vigilancia de la salud mental en los centros de trabajo. «Sin salud mental no hay salud, es cosa de todos», ha remachado Abascal.
«Inversión insuficiente»
Otro de los puntos clave para CSIF es aumentar el número de plazas en Psicología, Psiquiatría, Enfermería especializada en salud mental y terapeutas ocupacionales, debido al «déficit brutal» de profesionales, tal y como ha denunciado el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas.
Según datos de Eurostat, España dispone de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la UE es de 18. «Para equipararnos a la UE necesitaríamos 5.640 profesionales de esta especialidad», ha detallado. Asimismo, en España hay 9,6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes frente a los 18 de la media UE, por lo que habría que incorporar a 3.948 profesionales para llegar a la media europea.
«No existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas. En concreto, denunciamos que la salud mental supone tan solo del 5 por ciento del gasto sanitario total, frente a la media del 7,5 por ciento de los países de nuestro entorno, según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría», ha añadido al respecto.
Además, Hontangas ha detallado que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media en toda España, aunque la situación varía entre comunidades autónomas: en Andalucía y Castilla-La Mancha puede llegar hasta 4 y 5 meses, respectivamente, para la primera consulta, y en Aragón hasta 9 meses.
Por otro lado, ha lamentado que el plazo para ser recibido por los profesionales de psicología clínica es de unos cuatro meses en España, pudiendo llegar hasta seis en Cantabria y Castilla y León y un año en Aragón.
Igualmente, el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF ha criticado que la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 «tampoco se ha implantado en todas las comunidades autónomas». Según el sindicato, no está presente ni en Cataluña ni Comunidad Valenciana, por ejemplo; mientras que Cataluña y Madrid, entre otras regiones, tampoco han reforzado sus servicios de salud mental tras la pandemia.
