03 Mar Cara y cruz de la reforma de la Ley de Dependencia: más derechos, pero sin garantía de financiación.
Asociaciones y patronal temen que la norma no vaya a contar con los fondos necesarios.
2025. 65Ymás
Pablo Recio
La aprobación en Consejo de Ministros de la reforma de la Ley de Dependencia ha generado reacciones encontradas en asociaciones del sector y patronales.
Aunque las mejoras han sido recibidas positivamente por lo general, preocupa que no exista la garantía de una financiación que vaya a acompañar el desarrollo de esta legislación, que, advierten, podría quedar en “papel mojado” sin los recursos necesarios.
En concreto, el anteproyecto de Ley, que pasa ahora a manos del parlamento para posibles modificaciones, incluye reformas para flexibilizar y agilizar la prestación de los cuidados; amplía el catálogo de servicios, reforzando los que se prestan en el domicilio; fortalece los derechos de los dependientes, creando algunos nuevos como a la teleasistencia; e impulsa la innovación social y el uso de las tecnologías.
En palabras del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se trataría de una “reforma ambiciosa” que busca revertir los recortes realizados por la administración de Mariano Rajoy tras la crisis económica, “blindar” el sistema y definir un nuevo modelo de cuidados centrado en las necesidades “del siglo XXI”.
Unos cambios, que siguen la senda marcada por otras políticas aprobadas en los últimos años como el Plan de Choque de la Dependencia, el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (‘nuevo modelo de residencias’) o la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización.
Críticas por la financiación
Ahora bien, varias organizaciones del sector han advertido que las novedades incluidas en esta norma, sobre todo, los nuevos servicios, podrían caer en saco roto si no se garantizan los fondos necesarios.
Así, la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (@Ascdiresociales) ha criticado al Gobierno por, en sus palabras, “congelar” la financiación del sistema de Dependencia a la vez que propone una reforma de la Ley “sin recursos para su efectividad”. La entidad ha reprochado al Ejecutivo que en 2024 se haya “frenado” el incremento de financiación estatal y se propongan cambios en la norma “añadiendo nuevos derechos cuando todavía están muy lejos de garantizar los que reconoce la actual”. En su opinión, esta reforma “será papel mojado”.
Una crítica que comparten varias de las principales organizaciones patronales del sector. Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia) su presidente, Ignacio Fernández-Cid, lamenta que el Gobierno no haya contado con ellos para elaborar la Ley y entiende que el anteproyecto no garantiza los fondos necesarios para realizar los cambios. “Nos hablan de obligaciones presupuestarias y de leyes de desindexación, pero lo cierto es que llevamos demasiado tiempo sin una actualización realista de la financiación. Así es imposible garantizar un servicio de calidad”, recalca.
Una preocupación que comparten desde la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE). Según señala su presidente, Ignacio Gamboa, pese a que es cierto que la norma “necesitaba de una actualización”, “sospechamos que la Ley no resuelve el problema fundamental de la Dependencia, que es ni más ni menos que la financiación”.
“A mí me parece muy bien que se mejore la Ley, pero si no mejoramos la financiación, esto quedará en papel mojado”, advierte el presidente del Círculo de Atención a Personas (@cea_ps), Rafael Sánchez-Ostiz. En todo caso, ha señalado que después de casi 20 años, era “absolutamente necesario” adaptar la normativa a las situaciones actuales.
Una crítica, que comparten también algunas administraciones regionales como la Comunidad de Madrid, cuya consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, señaló en una entrevista en Onda Cero que la reforma “es un brindis al sol que no cuenta con ninguna financiación”.
“Esperábamos como mucho interés las novedades de la nueva Ley. Sin embargo, lamentamos que, pese a ser actores clave en el sector de la dependencia, no se haya contado con nosotros para su desarrollo”, comentan desde la patronal AESTE (@AESTE_oficial).
Y apostillan: “Sin duda era necesaria una revisión de la actual Ley, pero que esta nueva vuelva a salir sin la dotación económica suficiente nos preocupa enormemente”.
Bustinduy responde
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, preguntado por las críticas formuladas por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, negó la congelación de la financiación a nivel nacional, asegurando que en 2024 aumentó “213 millones más”, a pesar de prórroga presupuestaria.
Además, el ministro afirmó que ese mismo año se completó la transferencia de los fondos europeos a las Comunidades Autónomas, por “un total superior a los 2.000 millones de euros” y recordó que se alcanzó una aportación de 3.411 millones desde la Administración General del Estado.
“Esto es un máximo histórico. Supone un 150% más que respecto al año 2018 y un 200% más que respecto al año 2014″, indicó.
Con todo, afirmó que el debate abierto durante la última semana sobre la financiación es “positivo” y sostuvo que el compromiso de mejorarla “está fuera de toda duda” y que así se plasmará en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Según reconocieron este lunes fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, la implementación efectiva de la reforma requerirá una inversión significativa de recursos públicos y son conscientes de que la financiación es uno de los principales retos a superar, por lo que se comprometen a buscar alternativas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Cabe recordar que en el Acuerdo de Gobierno de coalición PSOE-SUMAR firmado en 2023 se incluía la promesa de continuar “la senda de crecimiento” de la financiación de la Dependencia, “hasta que alcance el 50% del total, asegurando que las CCAA mantienen su inversión propia”.
