02 Dic Cada día mueren en España 160 personas en lista de espera de la dependencia.
Cataluña y Andalucía se sitúan a la cabeza de fallecidos en lo que va de 2020.
65 y más
Un total de 47.201 personas en las listas de espera de la dependencia han fallecido en lo que va de 2020, según datos del Ministerio de Derechos Sociales recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (@Ascdiresociales). En concreto, han fallecido 29.453 dependientes con derecho y 17.748 pendientes de valorar de enero a octubre de 2020. Esto representa 160 fallecidos al día en el “laberinto burocrático de la ley”, lamenta la asociación.
Por comunidades autónomas, Cataluña se sitúa a la cabeza con 12.013 fallecidos en lista de espera de dependencia de enero a octubre de 2020. Le siguen Andalucía, con 9.944; Madrid, con 4.736; Comunidad Valenciana, con 4.510; Canarias, con 2.747; y País Vasco, con 2.137.
Los Directores de Servicios Sociales critican que “después de casi un año del pacto de Gobierno, el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado ni en un solo euro, la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia”. “Se está abandonando sin atenciones a las 376.707 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento”, ha denunciado la Asociación.
Según el último MoMo elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales en el que se analiza la mortalidad de las personas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) y teniendo en cuenta los datos hasta el mes de octubre, 148.530 personas han fallecido este año con solicitud de dependencia.
Se observa un exceso de mortalidad de 40.065 personas en el SAAD (un incremento del 36% de la esperada) afectando al 2,1% del total de solicitantes. El 82% de los fallecidos tenía más de 80 años y el 42% de fallecidos tenían un Grado III de dependencia.
En concreto, la asociación observa un “impacto muy elevado” en la mortalidad excesiva en personas atendidas en residencia (46.756 fallecidos), con un exceso de fallecimiento de 20.922 personas, lo que supone el 8,4% del total de personas dependientes atendidas en residencias.
La tasa de dependientes fallecidos en residencia fue de 199,4 por cada 1.000. Las mayores tasas se registraron en Madrid (293), Castilla La Mancha (261) y Cataluña (237).
“El impacto del Covid-19 en el Sistema de atención a la Dependencia ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias”, lamentan los Directores de Servicios Sociales.
En concreto, señalan que las tasas de variación a 31 de octubre de 2020 respecto a los datos de antes del estado de alarma, son todas negativas: 34.607 personas menos con derecho a prestación pendientes de recibirla (un 12,9% menos); 38.925 personas menos beneficiarias con derecho (un 2,8% menos); 52.750 solicitudes menos (-2,8%); 41.952 resoluciones menos (-2,4%) y 4.318 personas beneficiarias con prestación menos (-0,4%).
“Ni siquiera se mantiene la tasa de reposición y las listas de espera bajan no por ser atendidas, si no porque engrosan las listas de los cementerios“, advierten.
El 27% de los dependientes fallecidos estaban en residencias
Según precisan, el 27% de las personas dependientes beneficiarias fallecidas en este año vivían en una residencia. Las comunidades donde es mayor este porcentaje son: Cantabria (44,8% de las personas beneficiarias fallecidas contaban con atención residencial), Cataluña (39,1%), Castila-La Mancha (36,7%) y Madrid (32,8%). Aquellas donde es menor son: Castilla y León (11,4%) y La Rioja (12,6%).
Por todo ello, piden al vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que “convoque urgentemente el Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia cumpliendo con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos (2017)”.
También reclaman “agilizar los trámites y eliminar las listas de espera” y aplicar medidas de suspensión temporal y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resoluciones administrativas.
