31 Mar Aún hoy se ponen en duda derechos de dicapacitados
09-03-2011 / 12:20 h San Sebastián, 9 mar (EFE)
La Vicepresidenta del Comité de la ONU para el Seguimiento Internacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la española Ana Peláez, ha lamentado que los derechos de los discapacitados todavía hoy se «sigan poniendo en duda», incluso desde dentro de su propio sector.
Peláez ha hecho esta reflexión en una entrevista a Efe, tras conocer una reciente sentencia que restituye algunos derechos civiles a un joven guipuzcoano con síndrome de Down que había sido incapacitado totalmente por un juzgado de Irun.
La Fiscalía de Guipúzcoa recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial que ahora le ha devuelto gran parte de sus derechos como el de casarse y el de votar, así como su capacidad de testar y de disponer del dinero obtenido de su trabajo como camarero.
Peláez, que es invidente y trabaja como Directora de Relaciones Internacionales de la ONCE, se ha mostrado hoy «plenamente satisfecha» con la nueva resolución judicial porque demuestra que «se están cumpliendo y haciendo efectivos los derechos y libertades fundamentales» recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Ha recordado que España ratificó hace unos años esta Convención, de imperativa aplicación, y que determina que la interpretación de las limitaciones de derechos por incapacitación deben ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias de las personas.
Tras recalcar que la nueva sentencia «tiene un efecto pedagógico infinito y grandísimo», la responsable de la ONU ha dicho que «es de agradecer» que se produzcan «este tipo de avances» en las resoluciones judiciales, porque «establecen la vía a seguir» y suponen «una luz en este camino que a veces todavía resulta difícil de vislumbrar para los jueces».
Peláez, que también representa a España en el Foro Europeo de la Discapacidad, ha reiterado que, en los procesos de incapacidad de las personas, «siempre» es preciso «partir» de las capacidades que mantienen los afectados, que «en algunos casos serán residuales pero en otros no».
«A partir de ahí -ha añadido- es donde, en caso de que la persona discapacitada necesite un apoyo a la toma de decisiones, se debe establecer un sistema para que reciba el asesoramiento adecuado para poder tomar sus propias decisiones».
Ha admitido, no obstante, que esta forma de actuar en ocasiones «choca» incluso con lo que piensan algunas familias de discapacitados porque, seguramente debido a la «sobre protección» a la que someten a sus seres queridos, «no las ven capaces de ejercer como ciudadanos libres con todos sus derechos».
En cualquier caso, ha reconocido que «esto es una carrera de obstáculos y de largo recorrido» porque «lamentablemente aún queda mucho por hacer en muchos ámbitos del conocimiento de la Convención», pues «siempre hay sectores que son más reticentes a incorporar a sus prácticas profesionales estos avances que se producen en materia de derechos humanos, sobre todo cuando chocan con el modelo tradicional».
Ha criticado, en este sentido, que incluso dentro del propio sector de la discapacidad, «todavía se sigan poniendo en duda principios fundamentales» como «por ejemplo el derecho a voto», cuando la Convención no sólo garantiza este derecho al sufragio, sino que además dice que cuando el discapacitado «requiera el apoyo de otra persona de su confianza para ejercer ese derecho, esto se tiene que facilitar y poder aplicar».
Con motivo de la celebración ayer del Día Internacional de la Mujer, Paláez ha recordado que aproximadamente el 60% de las personas con discapacidad en España son de sexo femenino y que padecen una «infinita mayor vulneración» de sus derechos que otros colectivos.
«Las mujeres con discapacidad todavía no forman parte de la agenda política, ni en materia de discapacidad ni en materia de género, y ese desencuentro es lo que desde todo el movimiento internacional de la discapacidad intentamos reducir», ha concluido.
