02 Jul Aumento de la financiación en Dependencia: una buena noticia que llega tarde para muchos mayores.
Mayores, sindicatos, patronales y comunidades valoran la medida aprobada por el Gobierno.
2026. 65Ymás
Pablo Recio
La opinión es casi unánime: el aumento hasta el 50% de la aportación que hace el Estado al Sistema de Dependencia es una buena noticia, puesto que implica cumplir con una deuda histórica, pero llega tarde y debe traducirse en mejoras.
Así lo entienden asociaciones de mayores, sindicatos, patronales y organizaciones del sector. Y es que la medida se aplica 20 años después de la aprobación de la Ley de la Dependencia, en medio de una transición demográfica que provoca un aumento sostenido de las solicitudes y tras 900.000 muertes de personas a la espera de una ayuda, inmersas en trámites burocráticos infinitos, según calcula la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
“Nunca es tarde si la dicha es buena”
José Luis Fernández, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), valora de manera positiva el anuncio, destacando que cualquier medida destinada a mejorar la calidad de vida de los dependientes es una buena noticia. Sin embargo, señala que resulta llamativo que se anuncie la aplicación de la ley 20 años después de haber sido promulgada. Con todo, reconoce, haciendo alusión al refrán: “Nunca es tarde si la dicha es buena”.
La Federación de Pensionistas de CCOO también ve con buenos ojos la medida, pero exige rigurosamente que esta inyección económica deba “vincularse al cumplimiento de objetivos relacionados con la calidad de la atención mediante servicios profesionales y la calidad del empleo”. Su secretario general, Juan Sepúlveda, critica que en los últimos años el sistema ha reducido las listas de espera recurriendo a “las prestaciones más baratas”, lo que habitualmente supone un “doble copago” para los usuarios. Por ello, reclama total transparencia para conocer las “cantidades reales” que asumen las familias.
Por su parte, la directora general de Fundación MÁS SÉNIOR, Sonia Catalán, opina que “es una muy buena noticia, aunque es una pena que haya habido que esperar 20 años para haber tomado esta decisión”.
La opinión de los sindicatos
Los sindicatos UGT y CCOO también han saludado, en un comunicado conjunto, “el compromiso anunciado” por el Gobierno, aunque lamentan que la decisión no se haya abordado “en el marco del Diálogo y la Concertación Social”.
Por otro lado, los sindicatos advierten que este incremento económico debe vincularse de manera estricta al “cumplimiento de objetivos relacionados con la calidad de la atención mediante servicios profesionales y la calidad del empleo del personal que los presta”.
En este sentido, alertan de que, sin estos criterios claros de reparto, el sistema está reduciendo las listas de espera a base de priorizar “prestaciones económicas de cuidado familiar”, las cuales ofrecen una “menor garantía de calidad” y ya están impactando de forma negativa en la creación de empleo directo en el sector.
Para garantizar la eficacia real de estos nuevos recursos, ambas organizaciones exigen que el dinero transferido a las comunidades autónomas quede condicionado a requisitos como atender las listas de espera “exclusivamente con servicios profesionales y no con prestaciones económicas”, además de asegurar el “cumplimiento efectivo de las ratios de plantilla”.
Asimismo, reclaman que se mejoren urgentemente las condiciones de las trabajadoras apostando por jornadas completas y “reduciendo al máximo el tiempo parcial”.
Finalmente, en este contexto, UGT y CCOO anuncian el inicio de una campaña para exigir un acuerdo marco que establezca mejoras laborales y económicas como “condición necesaria para la mejora de la financiación prevista”, asegurando que dignificar las condiciones de las plantillas es el único camino para garantizar una buena atención a las personas dependientes.
Patronales piden un Pacto de Estado
Por su parte, las principales organizaciones empresariales del sector, AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES, también “celebran el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros“.
Estas patronales consideran que supone una “noticia positiva para las personas en situación de dependencia, sus familias y los profesionales” y valoran que la medida permite “recuperar la senda de incremento de la financiación estatal”, algo que ven imprescindible ante los desafíos demográficos.
Con todo, las entidades subrayan la necesidad de que estos recursos se materialicen y lleguen “de forma efectiva a los servicios profesionales de atención y cuidados” para mejorar verdaderamente la calidad asistencial y las condiciones de los trabajadores.
Por esta razón, hacen un llamamiento a las comunidades autónomas para que este refuerzo económico se traduzca en “medidas concretas que permitan consolidar la red de atención”.
Finalmente, confían en que este récord presupuestario no constituya un “punto de llegada, sino un paso más dentro de una estrategia sostenida” en el tiempo más allá de 2027, y muestran su total disposición para avanzar hacia un “Pacto Nacional por el cuidado de las personas en situación de dependencia”.
En esa misma línea, en un comunicado propio, desde la patronal CEAPs han ido más allá y advierten de que esta medida sigue siendo “insuficiente” para responder a las necesidades reales de un sistema tensionado “por el envejecimiento de la población, la falta de profesionales, el incremento de costes y la llegada progresiva de la generación del baby boom”.
La organización ha recordado que España continúa muy lejos del objetivo que el propio sector viene reclamando desde hace años: situar la inversión en dependencia en el 2% del PIB, en línea con los países europeos más avanzados.
“El dinero del Estado debe sumar, no sustituir. Pedimos a los gobiernos autonómicos que no bajen su presupuesto en atención a las personas y que este aumento se traduzca en más servicios, más plazas y dignificar a las profesionales logrando mejores condiciones para quienes cuidan”, pide el presidente de CEAPs, Rafael Sánchez-Ostiz.
“El problema no es sólo cuánto se aumenta, sino desde dónde se parte. Venimos de un sistema que lleva años por debajo de sus necesidades reales. Si la demanda crece más rápido que la financiación, el resultado seguirá siendo insuficiente”, advierte.
Priorizar las listas de espera
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales valora igualmente la nueva aportación estatal como “una buena noticia” y celebra que por fin “el Gobierno de España pasa de la retórica a los hechos”.
La organización pide que los “1.756 millones exnovo para este año” tengan un propósito claro y priorizar a las “265.503 personas se encuentran en las listas de espera”, ayudando a reducir unos tiempos de tramitación que consideran que acumulan “impresentables retrasos”.
Además, exigen que esta inyección sirva verdaderamente para “incrementar las prestaciones, subir las intensidades de los servicios y compatibilizarlos”, así como para “mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de la dependencia, especialmente de las auxiliares de Servicio de Ayuda a Domicilio y de las residencias”.
De cara a la ejecución de estos fondos, recuerdan que “esta financiación no debe servir para sanear las arcas autonómicas, sino para mejorar y atender a las personas en situación de dependencia de manera idónea y ágilmente”.
Y avisan de que “no se debe permitir que, haciendo lo mismo, las comunidades reciban más dinero” y critican que se está consolidando un “sistema low cost” basado en prestaciones baratas.
Por su parte, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) valora positivamente el incremento de la financiación y lo considera “una oportunidad para reforzar la atención a las personas que más apoyos necesitan”.
Su presidente, Anxo Queiruga, celebra “este anuncio porque supone un reconocimiento de la importancia de reforzar el sistema de dependencia”, pero recalca que resulta “imprescindible que esta inversión llegue realmente a las personas que llevan demasiado tiempo esperando una valoración, una prestación o un servicio que necesitan para vivir con dignidad”.
Además desde Cocemfe exigen que este dinero garantice una “mayor cohesión territorial”, evitando que los apoyos dependan de la comunidad autónoma donde resida la persona.
El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha reclamado un Pacto de Estado y una inversión del 2% del PIB ante el nuevo Real Decreto-ley del Gobierno, advirtiendo que, aunque el incremento de la financiación es positivo, este “no responde a la magnitud de los retos estructurales” del actual sistema de cuidados.
A través de su vicepresidenta, Mar Ugarte, la entidad alerta de que “no basta con aumentar partidas: si la demanda crece más rápido que la financiación, el sistema seguirá siendo insuficiente”, por lo que urge avanzar hacia servicios profesionales y abandonar un modelo asistencial que “recae de forma desproporcionada sobre las familias y, especialmente, sobre las mujeres”.
En definitiva, el CEDDD exige un compromiso firme que no se base en medidas parciales o temporales, subrayando que “garantizar cuidados dignos no puede depender del ciclo político”.
Varias comunidades ya han reaccionado
Varias regiones también han reaccionado a la medida aprobada por el Gobierno. La Comunidad de Madrid ha calificado de “burla” la inversión anunciada por el presidente, Pedro Sánchez, cuando el Gobierno central “acumula el mayor récord de deuda con las comunidades autónomas en esta materia, con más de 20.000 millones, el triple de lo que promete”.
Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a Europa Press. “Solo con la Comunidad de Madrid, la deuda alcanzará este año los 3.400 millones, más de un millón de euros al día. Y si se suman otros servicios públicos y obligaciones legales incumplidas, la deuda supera los 12.000″, han detallado desde el Gobierno regional.
“Después de años de incumplimientos, vuelve a prometer a futuro lo que debería estar cumpliendo ya. No es un gobierno de fiar. Y más cuando lleva cuatro años asegurando que era imposible aumentar la financiación porque no tenía presupuestos. Es una burla a los mayores y a las personas dependientes”, ha sostenido.
Por su parte, según recoge Onda Regional de Murcia, la autonomía ha transmitido que estudiará la letra pequeña del anuncio, recordando que el Estado debe 600 millones de euros desde 2018, y denunciando que la comunidad también habría sido maltratada en materia de Dependencia.
Las claves del anuncio
Según explicaban desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado, el aumento hasta el 50% quedará blindado por ley y permitirá duplicar las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las comunidades autónomas.
En concreto, las ayudas económicas para el grado III se incrementarán un 128% –alcanzando los 660 euros al mes–, las del grado II subirán un 100% –hasta 260 euros– y las del grado I aumentarán un 18% –llegando a los 90 euros mensuales–.
A partir del 1 de julio de 2026, las comunidades recibirán las transferencias económicas y, según ha explicado el propio ministro del ramo, Pablo Bustinduy, esperan poder convalidar el Real Decreto-Ley en el Congreso, en paralelo a la votación de la reforma de la Ley de Dependencia –actualmente, en trámite parlamentario–.
La inyección económica busca asimismo impulsar un cambio hacia un nuevo modelo de cuidados centrado en la persona, dejando atrás el enfoque asistencialista y el modelo de las macrorresidencias.
Los fondos permitirán a los gobiernos autonómicos reducir las listas de espera, ampliar la atención a domicilio, mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector y consolidar la teleasistencia como un derecho universal.
Además, la medida servirá para implementar los cambios de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que introducirá servicios de convivencia colaborativa, simplificará trámites administrativos –como el reconocimiento automático de ciertos grados de discapacidad según el nivel de dependencia y asegurará el cumplimiento del nuevo Artículo 49 de la Constitución sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El objetivo de llegar al 50%
Cabe recordar que, cuando se aprobó la Ley de Dependencia en 2006, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de aquel entonces, el socialista Jesús Caldera, prometió que “la financiación” sería “suficiente” y quedaría “garantizada mediante la corresponsabilidad de todas las administraciones”.
No obstante, posteriormente, llegó la crisis económica y se frenaron los incrementos por parte del Estado, llegando incluso a aplicar recortes durante los gobiernos de Mariano Rajoy.
Con la llegada de la pandemia y la aprobación del Plan de Choque 2021-2023 por parte del Gobierno PSOE-Unidas Podemos, se inició una senda de aumento del gasto, con el objetivo principal de reducir las listas de espera.
Eso sí, este ritmo de incrementos se frenó en 2024, ya con el Ejecutivo actual, y coincidiendo con las sucesivas prórrogas de los presupuestos.
Ahora, de cara a 2026-2027, este aumento se retoma con fuerza con 6.200 millones de euros suplementarios en tan solo dos años. Una suma de dinero, que permite a la coalición formada por PSOE y SUMAR cumplir con el compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno de 2023 de llegar progresivamente al 50% de aportación.
Antes de la aprobación de esta medida, el Estado apenas llegaba al 30% de la contribución. El resto era financiado por las comunidades y a través del copago.
