Aumentan casi un 11% las denuncias por violencia machista en el primer trimestre.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicos este miércoles los datos trimestrales, que muestran también un aumento interanual, del 6,6 por ciento, de las órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados en funciones de guardia. El número total de sentencias dictadas por los órganos judiciales ascendió a 14.886, de las que el 79,56 %, es decir, ocho de cada diez, fueron condenatorias.

El número de medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, que los juzgados de violencia sobre la mujer dictan para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante el primer trimestre de 2023, se adoptaron 989 medidas de este tipo, un 18,72% más que hace un año.

Durante el primer trimestre de 2023, los juzgados españoles recibieron un total de 146.327 denuncias, un 10,92% más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 41.765. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 45.154, un 11,54 % más que hace un año, cuando se contabilizaron 40.481. El 65,72% de las víctimas tenía nacionalidad española. El número de víctimas menores tuteladas ascendió a 116.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,4 en toda España, 1,7 puntos más alta que en el primer trimestre de 2022. Por encima de la media nacional se situaron Murcia, con una ratio de 26,4; Baleares, con 26; Comunidad Valenciana, con 25,6; Canarias, con 22,8; Navarra, con 21,1; Andalucía, con 21; Cantabria, con 19,2 y Madrid, con 18,4. Las tasas por debajo de la media nacional se contabilizaron en Galicia, con 12,4; País Vasco, con 13,1; Castilla y León, con 13,3; Cataluña, con 13,8; La Rioja, con 14,2; Castilla-La Mancha, con 14,3; Asturias, con 11; Aragón, con 16,4 y Extremadura, con 17,4.

En dos de cada tres casos (32.661, el 70,5 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría. Una cifra que nuevamente sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (853), que apenas alcanzaron el 1,84% del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 15,81%; las originadas por partes de lesiones, el 7,72% y las presentadas por terceras personas, el 4,13%.

El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar aumentó algo más de un punto porcentual con respecto al año anterior. En el trimestre analizado, renunciaron a declarar contra su agresor 4.818 mujeres víctimas, el 10,67 % del total. De ellas, 2.777 eran españolas y 2.041 tenían otras nacionalidades.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Entre enero y marzo de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 11.658 órdenes de protección, un 7 % más que hace un año. De ellas, 9.879 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 1.779 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 8.193, un 6,6 % más que hace un año. Es decir, en el trimestre analizado se acordaron siete de cada diez (70,27 %) órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 6.846, el 69,3 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.347, el 76 % de las solicitudes registradas.

En el 45,1% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al juzgado de violencia sobre la mujer. Dos de cada tres mujeres (6.436, el 65,2%) que solicitaron protección eran españolas y un 1,7% del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad.

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 15.379 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (5.868), que representaron el 67,19% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (5.618), un 64,86% del total.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 4.826 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.478), que representaron el 20,57 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.061), el 14,88% del total. En ambos casos, los porcentajes se mantuvieron en términos similares con respecto a 2021.

Durante el primer trimestre de este año, también se acordaron 989 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 13,32 % del total de las medidas civiles adoptadas, aumentaron un 18,72 % respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la reforma del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que establece la suspensión del régimen de visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género- llevaba ya en vigor más de medio año.

También aumentó la medida civil consistente en la suspensión de la guardia y custodia: las 565 medidas de este tipo representan el 7,99 % del total de medidas civiles acordadas en el periodo analizado. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron también 59 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y en 100 casos suspendieron la patria potestad.

CONDENAS

El porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos relativos a violencia de género aumentó en el primer trimestre de 2023 en algo más de cuatro puntos y se situó en el 79,56 % del total.

El número total de sentencias dictadas en el trimestre fue de 14.886 y, de ellas, 11.843 fueron condenatorias y 3.043 (el 20,44 %), absolutorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 91,35 %, y en las audiencias provinciales, con el 78,05 % del total de sentencias dictadas. Los juzgados de lo penal impusieron condenas en el 69,59 % de los casos enjuiciados.

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron entre enero y marzo de este año un total de 1.892 juicios sobre delitos leves, una cifra muy similar a la del mismo trimestre de 2022 (1.818). De ellos, 820 (el 43 %) fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados en el trimestre, un tercio (30 %) fueron injurias y el 36 por ciento, vejaciones injustas.

Estos órganos judiciales ingresaron a lo largo del primer trimestre del año 61.685 asuntos penales, siendo el 62,2 % de los delitos instruidos los de lesiones y malos tratos previstos en los artículos 153 y 173 del código Penal.

El número de demandas civiles presentadas por las mujeres víctimas de violencia machista -en su mayoría divorcios no consensuados y medidas relativas a la guarda y custodia o alimento de hijos e hijas- ascendieron a 6.439, un 9,6 % más que en el primer trimestre de 2022.

Los juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de prisión, recibieron 8.251 asuntos en el trimestre analizado y resolvieron 8.468. El número de sentencias dictadas por estos órganos fue de 7.991, de las cuales fueron condenatorias 5.561 (69,59 %).

Las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, castigados con penas privativas de libertad superiores a cinco años, dictaron 123 sentencias, de las que 96 (78,05 %) fueron condenatorias.

Por su parte, entre enero y marzo de este año los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 80 menores de edad (hace un año fueron juzgados por estos órganos 77 menores de edad). Se impusieron medidas en 77 casos, de los que 68 eran relativos a menores españoles. En los otros 3 procedimientos no se impusieron medidas.

ÁNGELES CARMONA

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, observa cómo los datos del primer trimestre del año muestran una vez más un incremento, muy similar en términos porcentuales al registrado en el cierre del pasado año, tanto en el número de mujeres víctimas como en el de denuncias presentadas.

Carmona señala la importancia de que el porcentaje de mujeres que denuncian a sus agresores ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o ante la Justicia se mantenga de forma sostenida en torno al 70 por ciento y plantea que uno de los retos a los que se enfrenta la lucha contra la violencia machista es el de seguir mereciendo la confianza de todas esas mujeres, unido al de ganarse la confianza del resto de víctimas.

“Debemos ser capaces de conseguir que todas ellas sientan que dando ese difícil paso que es denunciar a su pareja o ex pareja, están abriendo la puerta a un futuro mejor para ellas y para sus hijas e hijos. Cuando cruzan la puerta del juzgado o de la comisaría, deben sentirse seguras”, afirma la presidenta del Observatorio.

El aumento del número de víctimas y de denuncias tiene, como ocurrió a finales de 2022, una doble lectura: de un lado es un dato positivo porque muestra que las víctimas no se callan, denuncian, pero, por otro, significa que la violencia de género en España sigue haciendo mucho daño a muchas mujeres. Por esta razón, la presidenta del Observatorio insiste en la enorme importancia de la denuncia, que es también la única forma de no dejar impune la comisión de estos delitos.

“La denuncia pone en marcha la maquinaria de la Justicia, que actúa con absoluto respeto de las garantías procesales de todas las partes y que es la única vía de castigar al agresor cuando, tras la celebración de un juicio justo, se demuestra la veracidad de los hechos denunciados”, asegura Carmona, quien añade que no denunciar equivale a impunidad y lanza un mensaje muy negativo, da la idea de que los agresores quedan exentos de responsabilidad.

Finalmente, la presidenta del Observatorio considera muy relevante el aumento de las órdenes de protección concedidas (6,6 % más), que es muy parejo al incremento de las solicitudes recibidas en los órganos judiciales (un 7 %). Los jueces y juezas adoptaron la medida de alejamiento en siete de cada diez solicitudes, lo que muestra sin duda no sólo la preparación de lis integrantes de la Carrera Judicial en esta materia, sino también su sensibilidad en relación con la situación que viven las mujeres víctimas.

La misma valoración positiva merece el aumento que, dos años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, sigue experimentando la medida civil consistente en la suspensión del régimen de visitas. Lógicamente, no alcanza los porcentajes de los primeros trimestres que siguieron a la entrada en vigor de la ley, afirma Carmona, pero está próximo al veinte por ciento (18,72 %), dato que nos vuelve a mostrar la gran profesionalidad de nuestros jueces.