27 Dic Alba Prado: «Las personas sordas somos algo más que una etiqueta de discapacidad, aportamos y enriquecemos a esta sociedad».
Alba Prado, trabajadora de la Confederación Estatal de Personas Sordas, denuncia la vulneración de sus derechos.
Merche Borja
Alba Prado Mendoza tiene 32 años, vive en Madrid, es sorda y, desde su trabajo en la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), lucha cada día para personas como ella no vean vulnerados sus derechos, como ocurre ahora. Entre sus reivindicaciones, que los entornos más accesibles para las personas sordas y que se universalice la lengua de signos, que no es solo su lengua natural, sino también el máximo exponente de su cultura, «la primera lengua en mi círculo más cercano, familia, pareja y amistades es la lengua de signos, pues todas ellas son personas sordas. Asimismo, en la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), desempeño mi labor en mi lengua, y participo de mi cultura, la cultura sorda, como algo de lo más natural, sin trabas», explica.
En su entorno, se siente integrada y comprendida, «cuando tengo reuniones o un acto fuera de la oficina, cuento con intérpretes de lengua de signos y, si necesito materiales adaptados, cuento con ellos. Y en cuanto a la comunicación con mis compañeras y compañeros, fluye de manera natural. Además, contamos con el servicio de videointerpretación visual que facilita que podamos realizar llamadas telefónicas en tiempo real…», cuenta.
La excepción que confirma la regla: la inaccesibilidad
La propia Alba reconoce que el suyo es un caso excepcional dentro del colectivo, «yo misma puedo constatar que, fuera de estos contextos, la falta de accesibilidad y la vulneración de nuestros derechos es una constante. Hay una falta de entornos accesibles e inclusivos para las personas sordas en los que se incorpore la lengua de signos, el subtitulado, y los apoyos visuales que se requieran. Un déficit de accesibilidad que nos impide ser partícipes del conjunto de bienes y servicios públicos a disposición de la ciudadanía», se queja.
Normalizar el aprendizaje y el uso de la lengua de signos es la única manera de evitar situaciones discapacitantes
Esta inaccesibilidad es especialmente preocupante en entornos educativos, «cuando los estudiantes sordos no cuentan con intérprete de lengua de signos en el aula», pero, como cuenta Alba, esta vulneración de derechos la encontramos en todas partes, «cuando acudimos a un hospital y no garantizan los recursos necesarios para comunicarnos, cuando un programa de televisión no incorpora lengua de signos y subtitulado, cuando una víctima sorda de violencia machista pierde credibilidad por ser signante, cuando en una situación de emergencia no podemos utilizar el 112 porque no presta atención directa en lengua de signos o cuando una persona mayor sorda no puede disponer de teleasistencia adaptada a sus necesidades comunicativas. Estas son algunas de las situaciones reales que se repiten para las personas sordas día tras día y que, además de discriminatorias, provocan que nuestros derechos humanos y ciudadanos, queden denigrados y en el olvido», reclama.
Desconocimiento y desigualdad
Según apunta Alba, detrás de esta vulneración de derechos hay muchas razones, pero la principal es la falta de conocimiento sobre el colectivo, que sigue dando lugar a estereotipos e ideas preconcebidas, «los prejuicios acerca de nuestro colectivo nos impiden sentirnos y mostrarnos como lo que somos: personas ciudadanas. Tan capaces como cualquiera de hacer una vida normal. En este sentido, pediría a la sociedad que nos conozca y que no se deje llevar por ideas preconcebidas. Las personas sordas, somos algo más que una etiqueta de discapacidad, aportamos y enriquecemos esta sociedad y, aun así, no son conscientes de ello», reivindica.
Fuera de determinados contextos, la falta de accesibilidad y la vulneración de nuestros derechos es una constante
Alba alerta también de que esta falta de conocimiento no afecta solo a las personas sordas, «la diversidad se sigue entendiendo como algo ajeno, como un problema que llevar a cuestas en vez de como una oportunidad de evolución, de aprendizaje, de enriquecimiento social», se queja, «y eso solo contribuye a generar desigualdad, que a su vez lleva a sufrir diversas formas de violencia. Prueba de ello es la situación de desventaja, aislamiento y discriminación que afecta a colectivos que, como el de las personas sordas, constituimos una minoría lingüística y cultural. La diversidad lingüística, su reconocimiento y su ejercicio, además de un derecho humano, es un requerimiento fundamental para hacer efectiva esa igualdad que nos concede la ley».
Garantizar derechos y oportunidades
Para terminar con esta desigualdad y garantizar los derechos de las personas sordas, Alba Prado asegura que queda mucho por hacer en todos los ámbitos, especialmente en el educativo, donde reclama que el alumnado sordo pueda acceder a una educación inclusiva y de calidad, una inclusión que pasa necesariamente por normalizar el aprendizaje y el uso de la lengua de signos entre la infancia sorda «es la única manera de evitar la aparición de situaciones discapacitantes como el Síndrome de Privación Lingüística, que afecta a millones de niñas y niños sordos en todo el mundo. El estudiantado sordo debe contar con una red de centros bilingües y una dotación de recursos suficiente sea cual sea la comunidad autónoma en la que estudie, de manera que no tenga que pasar ni un solo día del curso sin intérpretes de lengua de signos, sin asesores sordos especialistas en lengua de signos, ni sin las ayudas técnicas que requieran para hacer efectiva su igualdad de oportunidades. Y que, al mismo tiempo, el alumnado oyente naturalice la diversidad lingüística y cultural de estos compañeros».
La diversidad se sigue entendiendo como algo ajeno, como un problema en vez de como una oportunidad de aprendizaje y de enriquecimiento social
Para que esta igualdad sea real, tampoco quiere que la sociedad se olvide de las personas mayores, «no podemos obviar sin más el aislamiento y la soledad no deseada que viven. Es desalentador que en los centros de salud, en los centros de día para personas mayores, en las residencias, no cuenten con la lengua de signos ni con profesionales como mediadores comunicativos sordos», advierte.
Sin un acceso igual a derechos como la educación, la salud, a la información o la participación, Alba considera que las personas sordas no son ciudadanos de pleno derecho, «queremos ser ciudadanas, disfrutar de un entorno de inclusión en el que nuestra plena participación sea una realidad naturalizada. Queremos vivir en una sociedad justa y democrática en la que los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos valgan lo mismo. Las personas sordas queremos garantías para elegir, utilizar, y disfrutar nuestra lengua. Si pudiera pedir un deseo sería este: Una sociedad culturalmente enriquecedora que garantice que los derechos de todas las personas sordas estén tan protegidos como los de cualquiera», concluye.
