Accesibilidad y educación, los derechos de las personas con discapacidad más vulnerados en España.

Así lo declaró el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi, Gregorio Saravia, en un diálogo sobre el Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, organizado por la agencia Servimedia con motivo de la celebración de esta fecha hoy miércoles, 3 de mayo.

En el encuentro también participaron Teresa Palahí, comisionada de los Cermi Autonómicos; Cristina Paredero, activista de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, y Laura Llapart, representante de Fundación “la Caixa”.

Según Saravia, el artículo 9 de la Convención, que se refiere a la accesibilidad, fue el que más denuncias recogió en 2022, aunque “al mismo tiempo concentró el mayor número de avances”. Por eso, explicó que la accesibilidad debe entenderse en un sentido amplio, por lo que hay quejas sobre “barreras físicas en los transportes” y otras que tienen que ver con la ausencia de accesibilidad cognitiva.

Las denuncias sobre educación son las segundas más numerosas en el informe, seguidas de aquellas que versan sobre el derecho a la igualdad de estas personas y a la no discriminación (artículo 5).

Sin embargo, “en 2022 también hubo avances”, tal y como reconoció Saravia quien puso como ejemplos la aprobación de la Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación, el reconocimiento legal de la accesibilidad cognitiva, los contenidos referidos a la discapacidad introducidos en la Ley del Deporte y la paralización hasta finales de 2024 del Protocolo adicional al Convenio de Oviedo (referido a los internamientos de personas con problemas de salud mental).

De los 236 registros que contempla el informe, un 53% (126) tienen que ver con quejas y denuncias; un 24% son “propuestas de mejora”, y un 22%, avances conseguidos, detalló Saravia.

Entre las propuestas, predominan las referidas a “obligaciones de los Estados” (artículo 4 de la Convención), los derechos de mujeres y niñas con discapacidad (artículo 6), “la toma de conciencia (artículo 8)” y la educación (artículo 24).

LOGROS Y RETOS

Por su parte, Teresa Palahí afirmó que “gracias a la Convención, las mujeres y las niñas con discapacidad están ahora en las agendas”. Se han incorporado a “las agendas de las organizaciones feministas, a las de las asociaciones de personas con discapacidad y a las de los responsables políticos”, declaró.

A su juicio, “la Convención de Naciones Unidas ha sido “un gran bien para la humanidad”. “Para todas las personas con discapacidad, en particular, y para las mujeres y las niñas con discapacidad”, indicó.

Otro reto pendiente que Saravia confía superar este año es la reforma del artículo 49 de la Constitución, a fin de eliminar el término ‘disminuido’ y sustituirlo por la expresión ‘personas con discapacidad’.

“Es una promesa que esperamos que se cumpla ”, dijo, “porque esta historia se está prolongando demasiado en el tiempo”. En su opinión, “es de justicia que la Carta Magna deje de referirse a las personas con discapacidad de una forma cargada de términos peyorativos”.

La misma demanda expresó Cristina Paredero, tras subrayar la importancia del lenguaje en la conformación de “creencias y estereotipos”. “Para bien y para mal, lo que se dice de nosotros y nosotras es lo que queda”, defendió. Por ello, “que un texto tan importante como la Constitución hable de nosotros en términos tan peyorativos, hace evidente el capacitismo que la sociedad y todas las personas tenemos interiorizado”.

MÁS PARTICIPACIÓN

Según Paredero, estos prejuicios y este paternalismo condicionan la participación de las personas con discapacidad” y de ahí la necesidad de actuar sobre ellos. Paredero apuntó que “la participación es un derecho transversal” que se expresa en muy distintos ámbitos: “Tiene que ver con la participación en nuestras propias organizaciones, en el trabajo, en la vida política…”.

En este sentido, mostró su satisfacción porque este año, el manifiesto que Cermi lanza con motivo del Día Nacional de la Convención apele al derecho a la participación efectiva de las personas con discapacidad, bajo el lema ‘Los asuntos públicos también son nuestros’.

Ello ayudará “a visibilizar el capacitismo que todos, personas con discapacidad y sin discapacidad, llevamos dentro”, sostuvo, y a concienciar sobre la necesidad de favorecer “el empoderamiento y el liderazgo dentro del colectivo”.

Entre otros puntos, Paredero demandó “contar con personas con discapacidad expertas en distintos campos para la elaboración de informes y estudios “porque es un sinsentido que lo que sabemos sobre discapacidad esté escrito por personas sin discapacidad”. También reclamó “más oportunidades ” para que las personas con discapacidad se incorporen a la representación política.

En opinión de Saravia, “cuando no hay participación verdadera de las personas con discapacidad, lo que se pone en entredicho es la calidad de nuestra misma democracia”.

Por ello, pidió a los partidos políticos que “se tomen en serio” estas demandas, que van más allá de garantizar el derecho al voto a todas las personas (algo que ya recoge la ley). Supone que incluyan más referencias a las necesidades de este colectivo en sus programas, apuntó, y también que dejen participar a más candidatos y candidatas con discapacidad. “Muchas veces, no somos conscientes de la falta de accesibilidad de un edificio hasta que no vemos a un diputado que no puede moverse” en su interior, recalcó.

Paredero agregó en este punto que, “si ya cuesta que pongan una rampa, imaginen las adaptaciones relacionadas con la accesibilidad cognitiva”. A su juicio, las discapacidades de tipo psicosocial como la suya “están todavía más invisibilizadas y cuentan con menos apoyos”.

ACCESIBILIDAD COMO LLAVE

“Y si el entorno no es accesible y me incapacita, mi derecho a la participación se ve entonces limitado”, declaró Paredero. La razón, señaló, es que la accesibilidad “actúa como llave” para el ejercicio del resto de derechos, que “de una u otra manera” dependen del entorno.

Laura Llapart reflexionó también sobre la importancia de la accesibilidad y sobre “el compromiso” de Fundación “la Caixa”, que en su convocatoria de ayudas de 2022 apoyó más de 400 proyectos relacionados con personas con discapacidad. Noventa tenían que ver con inserción laboral y otros muchos con accesibilidad, afirmó.

También destacó la apuesta de su entidad por la salud mental, con ayudas a proyectos dirigidos a adolescentes y personas adultas de entidades de toda España. El año pasado, se cumplieron 10 años del programa ‘Incorpora’, prosiguió, que busca la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión. Se atendió a 90.000 participantes, de los que 40.000 lograron un trabajo. De ellos, el 25% con discapacidad.

EUROPA

Gregorio Saravia se refirió por último a la Presidencia de turno de la Unión Europea (UE) que España asumirá a partir del segundo semestre de 2023. De ese modo, expresó su confianza en que este país sea un “escaparate de los avances conseguidos (en cuanto a derechos), contagie al resto de Europa” para que la agenda de la discapacidad “forme parte también de la agenda de la UE”.

Finalmente, Paredero transmitió su alegría ante la próxima celebración del Parlamento Europeo de las Personas con Discapacidad el 23 de mayo. La conferencia tendrá lugar en el Hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas, con el objetivo de que las personas con discapacidad eleven sus inquietudes y sus propuestas en diálogo directo con sus representantes políticos e institucionales a nivel comunitario. “Estoy muy contenta y espero que dé grandes frutos”, declaró.