18 Sep Dependencia y discapacidad: qué cambia tras la aprobación definitiva y por qué también es una cuestión de edadismo
La reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad ya ha completado su tramitación parlamentaria. El Pleno del Congreso aprobó ayer, 16 de septiembre, las enmiendas procedentes del Senado y dio por concluido el proceso legislativo. El siguiente paso será su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la entrada en vigor en los términos que establezca la norma.
El cambio actualiza un sistema que afecta a millones de personas que necesitan apoyos para desarrollar su vida cotidiana, así como a sus familias, personas cuidadoras y profesionales. El Gobierno ha presentado la reforma como una transformación del modelo de cuidados y señala que las comunidades autónomas dispondrán de 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para reforzar el sistema. Además, la reforma incorpora a la ley el objetivo de que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la inversión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
¿Qué cambia con la reforma?
Uno de los cambios más concretos afecta a los tiempos de respuesta. El plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia se reduce de seis a tres meses. El objetivo es disminuir la espera administrativa y facilitar que los apoyos lleguen antes a quienes los necesitan.
También se amplían las posibilidades de combinar servicios y prestaciones. La reforma elimina determinadas incompatibilidades que impedían recibir simultáneamente apoyos diferentes. Por ejemplo, se podrá compatibilizar la atención en un centro de día con determinados servicios de ayuda a domicilio.
La ayuda a domicilio también cambia de enfoque. No se limita a las tareas realizadas dentro de la vivienda: puede incluir acompañamientos al médico, hacer la compra u otras actividades necesarias para la vida cotidiana y la participación social. De esta manera, el apoyo no se entiende únicamente como asistencia, sino también como una herramienta para mantener la autonomía y la conexión con el entorno.
Otro cambio relevante es el refuerzo de la asistencia personal y de la teleasistencia, que pasa a reconocerse como un derecho subjetivo para las personas en situación de dependencia. La reforma también contempla productos de apoyo mediante fórmulas como el préstamo o la cesión temporal, incluyendo elementos necesarios para desenvolverse en la vida diaria.
La reforma amplía además la consideración de quién puede ejercer como persona cuidadora y contempla medidas para garantizar la continuidad de los cuidados cuando la persona cuidadora principal atraviesa determinadas situaciones graves.
Más autonomía y menos decisiones tomadas por otros
Pero quizá uno de los cambios más significativos no sea un servicio concreto, sino la manera de entender los cuidados.
El texto aprobado establece que los apoyos deben adaptarse a las fortalezas, voluntad, deseos y preferencias de las personas en situación de dependencia. El objetivo es que puedan elegir, mantener y desarrollar su propio proyecto de vida, independientemente de su edad, discapacidad o grado de dependencia.
La norma también apuesta por servicios de base comunitaria, participación, capacidad de elección y control sobre las decisiones que afectan a la propia vida. Incluso plantea un modelo de cuidados en el que las personas puedan vivir y envejecer con autonomía y dignidad, conectadas con su comunidad.
Esto tiene una consecuencia muy concreta: necesitar ayuda no equivale a perder autonomía.
Una persona puede necesitar asistencia para ducharse, desplazarse, comprar, acudir a una consulta médica o realizar determinadas tareas y, al mismo tiempo, seguir teniendo derecho a decidir cómo quiere vivir, qué actividades quiere realizar, qué apoyos prefiere y con quién quiere relacionarse.
¿Y qué cambia en materia de discapacidad?
La reforma también modifica la legislación sobre discapacidad y simplifica determinados procedimientos.
Entre las medidas previstas se encuentra el reconocimiento automático de un 33 % de discapacidad para las personas con grado I de dependencia y del 65 % para quienes tengan grados II o III, de acuerdo con el nuevo marco aprobado. La reforma incorpora además la accesibilidad universal como un derecho exigible y contempla diferentes medidas para eliminar barreras en edificios, servicios y entornos.
También se incorporan otras medidas relacionadas con la atención temprana, la protección de derechos y la eliminación de discriminaciones en ámbitos como los seguros.
Dependencia y edadismo: una relación que no siempre vemos
Hablar de dependencia también es hablar de edadismo.
La discriminación por edad no aparece únicamente cuando una persona recibe un comentario despectivo por ser mayor. Puede aparecer de forma más sutil en instituciones, servicios, políticas y discursos cuando se presenta a las personas mayores como un grupo homogéneo, exclusivamente asociado a la enfermedad, la fragilidad o la dependencia.
Un análisis de HelpAge International España basado en la Escala del Edadismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), difundido esta semana, señala precisamente que las personas mayores experimentan niveles bajos-moderados de edadismo, pero que la discriminación persiste especialmente en el ámbito institucional y estructural. El análisis pone el foco en leyes, políticas y medios de comunicación como espacios donde pueden reproducirse estas formas de discriminación.
La conexión con la nueva reforma resulta especialmente relevante. Si una política de cuidados presupone que una persona mayor dependiente no puede decidir, elegir o participar, puede terminar reproduciendo una visión edadista aunque su objetivo sea protegerla.
Por el contrario, poner la voluntad, las preferencias y la autonomía en el centro significa reconocer a la persona antes que a su grado de dependencia.
Del “cuidar a una persona” a “acompañar su proyecto de vida”
Este cambio de mirada atraviesa buena parte del nuevo texto. La propia reforma señala que cuidar va más allá de realizar tareas asistenciales y vincula el buen trato con el respeto a la dignidad y la singularidad de cada persona. También plantea una atención que reduzca el excesivo proteccionismo y que priorice la autonomía y la autodeterminación.
Para las personas mayores, esto puede traducirse en cuestiones aparentemente sencillas, pero fundamentales: poder elegir, poder salir de casa, mantener relaciones sociales, decidir cómo recibir los cuidados, participar en la comunidad y continuar desarrollando un proyecto de vida propio.
Edadismo 00: información para cambiar la mirada
Desde Edadismo 00, iniciativa de Solidaridad Intergeneracional, esta reforma ofrece una oportunidad para acercar a la ciudadanía información sobre derechos, recursos y nuevas formas de entender el envejecimiento y los cuidados.
Conocer los cambios legislativos también es una forma de prevenir el edadismo: permite identificar qué derechos tienen las personas mayores, qué apoyos pueden solicitar y, sobre todo, recordar que la edad o una situación de dependencia no deberían determinar cuánto puede decidir una persona sobre su propia vida.
La reforma ya ha superado su último trámite parlamentario. Ahora comienza otro desafío: conseguir que los derechos reconocidos sobre el papel se conviertan en autonomía, participación, buen trato y dignidad en la vida cotidiana.
La dependencia puede requerir apoyo. Nunca debería significar dejar de contar.
