12 Mar Los derechos no caducan.
Cumplir años no debería afectar a nuestros derechos y, sin embargo, el edadismo es una de las formas de discriminación más extendida. ¿Cómo ayudaría una Convención de Naciones Unidas a combatirla?.
2026. Ethic
Inma Mora Sánchez
Queremos vivir muchos años, pero no nos gusta identificarnos como viejo o como vieja —que, por cierto, no es lo mismo—. Los estereotipos y prejuicios que tenemos asociados a la vejez hacen que, mientras tratamos alcanzarla, también huyamos de ella. Escribe Anna Freixas en su libro Yo vieja que «necesitamos desarrollar una agenda política para la vejez que dé espacio a vivirla con libertad, tranquilamente, a nuestro aire, con prácticas que favorezcan la vida en común». Seguramente, la idea de la vejez que defiende Anna Freixas a lo largo de su obra nos ayudaría a disfrutar mucho más de cada etapa de la vida. Pero, efectivamente, para ello, necesitamos incluir la vejez en la agenda política.
Con pandemia —y la enorme vulneración de derechos que vivieron las personas mayores en España y en todo el mundo—, se popularizó el término edadismo, pero no era concepto nuevo. Ya en 1968, Robert Butler lo utilizó para describir la discriminación hacia las personas mayores, algo que percibía como «una inquietud profundamente arraigada por parte de jóvenes y personas de mediana edad: una repulsión personal y un rechazo a envejecer, a la enfermedad, a la discapacidad; y el miedo a la impotencia, a la inutilidad y a la muerte».
El edadismo se traduce en estereotipos, prejuicios y actitudes hacia las personas mayores y lo ejercen las instituciones, lo ejercemos en nuestras relaciones personales y, también, hacia nosotras o nosotros mismos («soy vieja, ya no valgo para nada»). A menudo, opera de forma silenciosa, en normas, gestos y decisiones que nos parecen normales y no tienen ninguna mala intención explícita. La idea que tenemos de la vejez se expresa en expectativas limitantes que presuponen cómo debe ser una persona mayor y qué lugar puede ocupar en la vida social. Incluso los estereotipos positivos —que atribuyen a la vejez cualidades como paciencia, sabiduría o ternura— pueden funcionar como moldes rígidos que reducen la pluralidad de trayectorias, deseos y capacidades. El resultado es un marco cultural que, sin necesidad de ser abiertamente hostil, condiciona la participación, la autonomía y la percepción que cada persona tiene de su propio envejecimiento.
Nuestras ideas preconcebidas nos impiden ver la diversidad, los matices y los colores de las últimas etapas de la vida. Además de influir en cómo tratamos a las personas mayores, estas creencias también moldean políticas públicas y decisiones concretas que afectan directamente a sus vidas. Por ejemplo, muchas estadísticas no incluyen a mayores de 75 o 80 años o engloban en un mismo grupo genérico a mayores de 65. Esta simplificación se reproduce en las políticas que se diseñan a partir de estos datos y que pueden determinar qué servicios financiar, cómo asignar recursos y qué necesidades priorizar.
Si los datos no reflejan la diversidad de experiencias y situaciones dentro de la vejez, las políticas tampoco podrán responder adecuadamente a esa diversidad. El Informe Mundial sobre el Edadismo de Naciones Unidas, que señala que la mitad de la población en el mundo tiene actitudes edadistas hacia las personas mayores, identifica algunas de las consecuencias de este tipo de discriminación: menor esperanza de vida, mayor aislamiento, deterioro de la salud física y mental y un incremento del riesgo de sufrir abusos, abandono o maltrato.
Hacia una Convención Internacional
Ante este panorama, resulta imprescindible avanzar en políticas públicas y marcos legales que garanticen la protección frente a la discriminación por edad. Aunque aún queda un largo camino por recorrer, se han dado importantes avances a nivel nacional e internacional en los últimos años. En España, la Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación incluye la edad como uno de los motivos explícitos de protección. Además, el acuerdo estatal aprobado en 2022 para fijar criterios comunes de calidad en los servicios de atención a la dependencia o las reformas de las leyes de Dependencia y Discapacidad reflejan avances hacia un modelo de cuidados centrado en la persona.
A nivel internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó este año una Resolución para iniciar la redacción de una Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, tras 14 años de esfuerzo colectivo en el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento. Es un avance histórico, aunque el proceso de redacción no será sencillo. Como explica Mayte Sancho, directora del Imserso y experta en envejecimiento, «va a conllevar bastantes dificultades, porque estamos hablando de un acuerdo de ámbito global», pero «detrás de todo esto hay un problema enorme que tiene que ser reconocido, la discriminación por razones de edad».
Este proceso avanza en un contexto complejo. Naciones Unidas no atraviesa su mejor momento debido a la sensación generalizada de que el derecho internacional ha perdido fuerza. Sin embargo, cuando los derechos más básicos parecen diluirse entre discursos de odio y la inacción de algunas instituciones, es más necesario que nunca recordar lo que los marcos internacionales han logrado. Desde su creación, Naciones Unidas ha establecido estándares que, a pesar de sus limitaciones, han transformado la vida de millones de personas.
Los avances en los derechos de la infancia, de las personas con discapacidad o de las mujeres son evidentes. Por ejemplo, como explica Lydia González Orta, doctora en Ciencias Sociales, «desde el final de la II Guerra Mundial, ha habido una expansión de los derechos de las mujeres alrededor del mundo con diferentes recorridos nacionales que se han visto influidos por una tendencia global que promocionaba, legitimaba y moldeaba estos procesos». En este contexto, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) ha sido clave. Además de establecer un estándar internacional, supuso «un hito en el discurso y la agenda globales de igualdad de género». González Orta destaca tres aportes fundamentales de la CEDAW en España: ha inspirado avances legislativos, ha dado legitimidad internacional a las políticas de igualdad y ha fortalecido la articulación del movimiento feminista.
Del mismo modo, una Convención internacional sobre los derechos de las personas mayores puede convertirse en una herramienta que fije un marco común de obligaciones para los Estados, visibilice vulneraciones de derechos, impulse políticas públicas más efectivas y sensibilice sobre este tipo específico de discriminación. Aunque algunos acuerdos parezcan lejanos o un poco abstractos, tienen un efecto real en nuestras vidas. Si queremos vivir lo mejor posible durante mucho tiempo, necesitamos contar con un sistema que nos facilite tener autonomía, tomar nuestras propias decisiones, participar, cuidarnos más y mejor y, en definitiva, disfrutar de todos nuestros derechos.
