16 Ene Los cambios en políticas para mayores previstos en 2026: Ley de Dependencia y Estrategia de Soledad.
Estos son los retos que el Gobierno deberá afrontar este año que acaba de comenzar.
2026. 65Ymás
Pablo Recio
Muy probablemente, 2026 también será un año marcado por el impulso a nuevas políticas sociales para los mayores vulnerables por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Si 2021 y 2022 fueron los años del Plan de Choque de la Dependencia y del nuevo modelo de residencias, 2024, el de la Estrategia de Desinstitucionalización, y 2025, el de la llegada al Congreso de la reforma de la Ley de Dependencia, este año podría ser el de la tramitación de este último proyecto de Ley y el de la presentación de la Estrategia contra la Soledad no Deseada.
Además, en paralelo, este 2026 se deberá hacer frente al desafío de la falta de financiación de la Dependencia, tras dos años de prórrogas presupuestarias que han provocado una ralentización de la senda de incrementos de fondos iniciada tras la pandemia de Covid con el Plan de Choque.
Y, al mismo tiempo, se deberá seguir implementando el nuevo de cuidados –cambio en las residencias de mayores y desinstitucionalización– y tratando de reducir la lista de espera, en un contexto, en el que el número de solicitudes para entrar al sistema no para de aumentar debido al envejecimiento de la población española.
La tramitación de la Ley de Dependencia
Tras el rechazo, a mediados del mes de diciembre de 2025, de la enmienda a la totalidad planteada por Junts, el texto prosigue su andadura parlamentaria –enmiendas parciales– en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
Este proyecto de ley, que se aprobó en Consejo de Ministros en julio de 2025, pretende modificar la legislación aprobada en 2006, durante el primer mandato del expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de consolidar los derechos ya existentes, ampliar las coberturas y adaptar el sistema a los desafíos del siglo XXI –innovación social, nuevas tecnologías…–.
Algunas de las medidas incluidas en la reforma son: el establecimiento de una asimilación automática de los grados de dependencia con los de discapacidad, reconociendo un 33% de discapacidad al grado I y un 65% a los grados II y III para agilizar el acceso a derechos y reducir cargas administrativas; la consagración del modelo de sujeciones cero; la teleasistencia se convierte en un derecho subjetivo universal; la flexibilización de los cuidados mediante la creación del servicio de apoyos en viviendas –incluyendo modalidades de cohousing o comunidades autogestionadas– y la posibilidad de organizar la ayuda a domicilio de forma colectiva en entornos próximos; la eliminación del plazo suspensivo de dos años para el cobro de la prestación por cuidado familiar; o el refuerzo de la autonomía personal al poner el foco en el proyecto de vida y las preferencias de la persona; entre otras modificaciones.
Ahora bien, este proyecto no ha estado exento de crítica, no tanto por las modificaciones que incluye, que, por lo general, fueron bien recibidas en el sector, sino por el riesgo de que pueda quedar en papel mojado, si no se cuenta con la suficiente financiación, tal y como alertaron patronales como la Federación Empresarial de la Dependencia, que lo tildaron de “carta a los Reyes Magos”.
Y es que uno de los principales problemas de la ley que se pretende reformar es que nunca ha contado con la suficiente dotación para que los servicios lleguen a todos en tiempo y forma. Y esto explica, en parte, la interminable lista de espera de la Dependencia –también influyen otros factores como la excesiva burocracia o el número creciente de solicitudes por el envejecimiento de la población–. Por ello, desde organizaciones como el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) se ha pedido que, antes de hacer reformas o ampliar derechos, se cumpla con lo establecido y que los cambios incluidos vayan acompañados de fondos.
Otra de las críticas al proyecto de norma ha sido la del riesgo de “desprofesionalización” de los cuidados, como advirtió la patronal AESTE y el Consejo Económico y Social (CES), que también avisaba de un peligro de “estigmatización” de las residencias.
“El proyecto de ley insiste una vez más en la flexibilización de los requisitos que se establecen para reconocer la prestación económica de cuidado familiar, ahora desvinculándola no sólo del vínculo familiar sino también de la propia convivencia con la persona dependiente. En nuestra opinión, tal posibilidad debería habilitarse únicamente a entornos rurales, donde la proximidad e inmediatez no solo está garantizada, sino que es más difícil poder recurrir a otro tipo de prestaciones profesionales. Ya que, de otro modo, este tipo de medidas con toda probabilidad redundarán en fenómenos de empleo sumergido y desprofesionalizado para atender a las personas en situación de dependencia”, subrayaban por su parte los sindicatos CCOO y UGT en un comunicado.
Además, desde organizaciones como CEDDD, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) o agrupaciones de familiares de usuarios de residencias se han planteado otros aspectos a mejorar. Entre las propuestas se encuentran, por ejemplo, la creación de un Consejo Estatal para el Envejecimiento Activo y los Cuidados de Larga Duración, de órganos de participación y representación en residencias o dar un mayor apoyo a las familias, entre otros muchos. Ahora, queda por ver si este tipo de peticiones son recogidas finalmente y si se añaden al texto final.
Estrategia contra la soledad
Previsiblemente, 2026 podría ser también el año de la aprobación de la Estrategia contra la soledad no deseada. Una medida muy esperada por parte de muchas asociaciones de mayores, que llevan tiempo pidiendo que se tomen medidas contra esta ‘pandemia’ silenciosa.
Y es que se trata de un problema que, aunque no es específico del colectivo sénior, sí que puede tener consecuencias graves en edades más avanzadas, según han explicado expertos a 65YMÁS en varias ocasiones, al relacionarse con un peor estado de salud, tanto físico como mental.
En ese sentido, en noviembre de 2025, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunciaba que el Ministerio lanzaría esta medida en los próximos meses, aunque no detallaba cuándo exactamente.
“Uno de los ejes principales de nuestra actividad en los próximos meses, y es algo que me gustaría anunciarles hoy aquí, es que el Ministerio va a elaborar la primera estrategia sobre soledad para nuestro país, con un enfoque de la soledad desde el punto de vista de la justicia social”, avanzaba Bustinduy en el Senado.
Estrategia de desinstitucionalización y nuevo modelo de residencias
Por otra parte, este año también se deberá seguir aplicando, por parte de las comunidades autónomas, el nuevo modelo de residencias, aprobado en 2022, cumpliendo con los objetivos de ratios de personal fijadas, transformando los centros, progresivamente, en más hogareños –unidades de convivencia– y eliminando el uso de sujeciones –debería haberse cumplido con este punto a mediados de 2025–.
A nivel nacional, el ministro Pablo Bustinduy anticipó asimismo a finales de año que próximamente se aprobará un Real Decreto de Alimentación Saludable de Hospitales y Residencias, por el cual el 90% de las frutas y verduras deberán ser “frescas y de temporada”, mientras que un 10% tendrá que provenir de la producción ecológica y un 10% de proximidad.
El texto recogerá, adelantaba, que, en aquellos centros que dispongan de cocina, “toda la comida deberá ser preparada íntegramente en la cocina sin recurrir a productos precocinados o ultraprocesados“.
Con medidas como esta, afirmaba Bustinduy, se busca “responder a ese clamor social y garantizar que en momentos de la vida en los que estamos en una posición de mayor vulnerabilidad, que la alimentación que recibimos esté a la altura de nuestras necesidades”.
Igualmente, este año que entra podría presentarse el nuevo marco de referencia de coordinación sociosanitaria en el que trabaja el Gobierno, que propondrá una “definición compartida de principios, valores y ejes estratégicos” para desarrollar la ‘Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: Un proceso de desinstitucionalización’.
Así lo reveló el Ejecutivo en una respuesta a una pregunta escrita del Partido Popular. “En desarrollo de dicha Estrategia, se está trabajando en la elaboración de un marco de referencia de coordinación sociosanitaria, que proponga una definición compartida de principios, valores y ejes estratégicos sobre los que las comunidades autónomas pueden avanzar para evolucionar y desarrollar su modelo actual”, explicaban. En concreto, señalaban que esta Estrategia propone fortalecer esa coordinación para avanzar hacia una atención integrada a través de diferentes medidas. Ahora bien, este diario desconoce si se presentará en este año.
Resolver el problema de la falta de financiación
Finalmente, uno de los desafíos más importantes será el de tratar de solucionar el problema de la falta de financiación del sistema de Dependencia.
Aunque finalmente el porcentaje que aporta el Estado ha crecido en 2025 respecto a 2024, principalmente, por la creación del Grado III+ en aplicación de la Ley ELA –500 millones suplementarios aportados vía Decreto Ley–, el objetivo llegar progresivamente al 50% de aportación estatal, una meta incluida dentro del propio acuerdo de legislatura del Gobierno PSOE-SUMAR en 2023, queda aún muy lejos –se destinaron 3.729 millones de euros, en torno al 30%–.
Además, sumando todas las aportaciones de las administraciones, España destinaría cerca de un 0,8% de su Producto Interior Bruto (PIB) a políticas de Dependencia, un porcentaje inferior al de la media de la OCDE, que se sitúa en el 1,4%, y al planteado por patronales y sindicatos como CCOO, que piden llegar al 2%, idealmente.
Esta falta de recursos ha sido reconocida por la propia directora del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Mayte Sancho, que la calificó de “dramática”.
Es más, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, su máximo responsable, Pablo Bustinduy, pidió públicamente en junio seguir con estos incrementos en el parlamento. Y, a mediados de diciembre, cuando defendía la reforma de la Ley de Dependencia en el Congreso de los Diputados, aseguró que los cambios contarían “con la financiación necesaria para ser viables y salir adelante”, ya que era lo que se reflejaba en el acuerdo de Gobierno firmado en 2023.
Aumento de la solicitudes y lista de espera
Cabe recordar que la escasez de recursos para la Dependencia es especialmente grave, sobre todo, teniendo en cuenta el reto demográfico –cada vez aumentan más las solicitudes– y que la lista de espera y los tiempos de demora en ser evaluados y recibir una prestación siguen siendo muy elevados.
En ese sentido, el Observatorio Estatal para la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hizo público su último informe con datos hasta el 31 de octubre de 2025 y, en él, la organización denunciaba que, en los primeros diez meses de 2025, la lista de espera de la dependencia se había incrementado en 4.992 personas, alcanzando un total de 275.317 personas. Esta cifra incluye a 120.698 personas pendientes de valoración y a 154.619 personas que ya tienen un derecho reconocido, pero siguen sin recibir prestaciones o servicios efectivos, lo que se conoce como el “limbo de la dependencia”.
Otro de los indicadores que empeoraba era el tiempo medio de tramitación de un expediente, que aumentaba 16 días desde el inicio de 2025: hasta los 350. En ese sentido, detallaban, sólo cinco territorios (Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco, Castilla y León y Ceuta) cumplían con el plazo legal máximo de seis meses para la tramitación.
Y todo ello se traducía en que la cifra de fallecidos esperando la ayuda ha seguido incrementándose. En lo que va de año, 27.217 personas murieron en esa situación, lo que equivale a la trágica media de 82 personas al día, o una persona cada 18 minutos. De estos decesos, 14.817 estaban esperando la valoración y 12.400 no pudieron ejercer sus derechos.
Fondos Europeos
Finalmente, cabe puntualizar que la aportación estatal también es crucial para avanzar en el nuevo modelo de residencias –en los últimos años se han aportado 200 millones anuales para esta finalidad–.
Una transformación del sistema de cuidados, que también se ha sufragado con fondos de la Unión Europea NextGenerationEU. Durante esta legislatura, el Gobierno ha transferido más de 800 millones de euros provenientes de Europa, para invertir en teleasistencia, plazas residenciales, plazas no residenciales y centros de día, recordaban en un comunicado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en octubre de 2025.
