07 Jul «Los pactos asistenciales y convivenciales facilitan a las personas mayores vivir en casa y evitar su soledad».
Expertos del Consejo General del Notariado, Fundación Notariado y diversas organizaciones centradas en la población mayor insisten en la aplicación y fomento de soluciones asistenciales de convivencia ante una soledad no deseada.
2025. 65Ymás
Laura Peraita
Juan tiene 73 años y reside en un pequeño pueblo de la llamada ‘España vacía’. Tras conocer a una joven pareja con hijos en situación de desempleo, se ha planteado la posibilidad de convivir con ellos para paliar esa soledad que tanto le atormenta. Considera que la convivencia con ellos resolvería sus propias dificultades de movilidad como los problemas habitacionales y laborales de la pareja.
Por su parte, María, de 83 años, viuda y sin hijos, cuyo único ingreso es la pensión de viudedad, tiene una hermana de 86 años y en mejor situación económica, también soltera y sin descendencia que convive con una cuidadora. Ambas hermanas están pensando en la posibilidad de vivir bajo el mismo techo para compartir gastos y apoyo mutuo.
Estos dos casos son solo dos ejemplos de vidas cotidianas en la población mayor actual. Así lo consideró Concepción Pilar Barrio del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado, durante la presentación de la jornada ‘Mayores y vivienda: Soluciones asistenciales de convivencia ante una situación de soledad no deseada’. «Los notarios estamos en contacto diario con las personas. Conocemos sus necesidades, sus preocupaciones y les proponemos soluciones jurídicas y, muchas veces, simplemente consejo. Todos estos tipos de pactos existen en la realidad, aunque no estén regulados en el Código Civil», explicó la notaria, recordando que en regiones como Cataluña y Navarra sí existen marcos normativos para estas formas de convivencia solidaria, como la acogida de personas mayores o las comunidades de ayuda mutua.
A pesar de ello, consideró que «no es imprescindible una regulación» para que estas fórmulas puedan ser documentadas jurídicamente y contribuir a paliar la soledad no deseada y los problemas de vivienda, pero advirtió que «el envejecimiento poblacional es uno de los mayores retos actuales, impulsado por el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad. En España, el 20,1% de la población tiene más de 65 años y se estima que en 2055 esa cifra alcanzará el 30,4%», matizó.
Aunque aclaró que «la vejez no es, por sí misma, determinante de vulnerabilidad», señaló factores que contribuyen a lo que denominó «vulnerabilidad construida», como el edadismo, la brecha digital y el aislamiento social. «La soledad no deseada es un sentimiento subjetivo que puede afectar incluso a personas acompañadas o institucionalizadas», recordó.
La presidenta del Notariado destacó que la transformación del modelo familiar, que ha pasado de la convivencia intergeneracional a estructuras más nucleares o monoparentales, ha agudizado este fenómeno. «Hay ministerios específicos en países como Japón o Reino Unido y, en España, desde 2021 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 trabajan en una estrategia para abordarla», añadió, mencionando también iniciativas como el programa Mona Lisa en Francia y Paloma en Madrid, este último basado en inteligencia artificial. La soledad no deseada importa y es un gran reto que tenemos que afrontar y las soluciones deben ir más allá de ofrecer alojamiento».
Jesús Norberto, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, añadió que la población mayor forma un colectivo «extremadamente diverso y heterogéneo», argumentando que esta es la clave para entender que no existen soluciones únicas. «Las necesidades, demandas y circunstancias varían enormemente en función de factores como el estado de salud, la trayectoria vital, el nivel educativo, el entorno geográfico, o el acceso a los servicios. No es lo mismo vivir en uno de los más de 400 municipios con más de 20.000 habitantes que en cualquiera de los cerca de 6.000 municipios con menos de 2.000, lo que llamamos la España rural o vacía. En estos contextos, las prioridades y los servicios cambian radicalmente; en ocasiones, ni siquiera existen».
Explicó que ante esa diversidad, es necesario huir de planteamientos uniformes o generalistas. «Lo mismo ocurre cuando hablamos de envejecimiento: solemos poner el foco en sus aspectos más negativos, olvidando que muchas personas mayores llegan a edades avanzadas —78, 80 años o más— con una vida activa, saludable y con plena participación política, social y cultural. Vivimos un auténtico cambio de época. En este siglo XXI, la imagen de la vejez se transforma, y la llamada economía plateada revela el peso económico de este colectivo, que concentra más de la mitad del ahorro bancario en España».
Sin embargo, matizó que esta imagen positiva convive con realidades preocupantes, como la discriminación por edad (edadismo), la brecha digital, el acceso desigual a servicios, y la falta de recursos en zonas rurales. «Lo peor es que a veces, incluso, esa discriminación es interiorizada por las propias personas mayores, generando retraimiento e, incluso, soledad no deseada. Esta es una de las grandes lacras sociales en Europa y en España. Hablamos de un colectivo de unos 10 millones de personas mayores, de las cuales un 23% tiene discapacidad, y un 12% se encuentra en situación de dependencia. Estas cifras deben hacernos reflexionar sobre la importancia de los apoyos convivenciales y asistenciales, especialmente si queremos cumplir el objetivo de envejecer en casa. «.
Jesús Norberto confeso que mira con esperanza a la reforma de la Ley de Dependencia, aprobada como anteproyecto el 11 de febrero por el Consejo de Ministros y que ya ha comenzado su tramitación en el Consejo Económico y Social. Esta reforma impulsa la atención domiciliaria, promueve la compatibilidad entre distintas prestaciones, y propone la universalización de servicios como la teleasistencia. No obstante -añadió- «creemos que sería muy valioso incorporar también nuevas figuras que mejoren la calidad de vida y la seguridad de las personas mayores: los pactos de convivencia y los pactos asistenciales».
Explicó que los pactos de convivencia pueden facilitar fórmulas de cohabitación entre personas mayores y estudiantes universitarios, una solución beneficiosa para ambas partes: las personas mayores rompen su aislamiento y los jóvenes encuentran una alternativa asequible a la vivienda. «También pueden surgir acuerdos similares con familias que acogen a mayores en sus hogares, o iniciativas de cohousing y coliving sénior, en entornos comunitarios, con servicios compartidos y apoyo mutuo. Aunque aún minoritarias, estas fórmulas deben ser impulsadas».
En cuanto a los pactos asistenciales, apuntó la necesidad de «dar cobertura jurídica a acuerdos entre personas mayores y quienes les cuidan —sean familiares, vecinos, cuidadores contratados o profesionales—, especialmente cuando las personas pierden autonomía. Las prestaciones públicas, incluso en el mejor de los casos, cubren solo unas pocas horas al día, pero el resto del tiempo sigue siendo una necesidad real. Dar seguridad jurídica a estos pactos —incluso a través de figuras notariales— permitiría establecer claramente las obligaciones y derechos de cada parte, incluyendo contraprestaciones, donaciones, transmisiones patrimoniales o compromisos de cuidado. Y, lo más importante, ofrecería tranquilidad tanto a la persona mayor como a sus familiares».
Por todo ello, destacó que es clave «fomentar una alianza activa entre el movimiento asociativo de mayores, los servicios sociales municipales y el notariado. Los notarios, como funcionarios públicos, pueden desempeñar un papel crucial en el asesoramiento jurídico accesible y en la formalización de estos acuerdos».
En su turno de palabra, Matilde Fernández, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledaES), lanzó una llamada a las administraciones «para que abandonemos las rigideces burocráticas, las ‘orejeras’ institucionales, y dejemos de limitarnos a nuestras competencias como si fueran compartimentos estancos. Esa actitud de ‘esto es mío, no te metas’ resulta obsoleta y absurda en pleno siglo XXI. Debemos transversalizar nuestro pensamiento y compartir aprendizajes en favor de la población mayor. Es esencial fomentar una unión profesional que integre a todas las disciplinas, lo que nos permitirá influir de forma positiva desde el ámbito social hasta el urbanístico, pasando por las políticas públicas más estructurales».
Señaló que cada aportación será bienvenida. «Estamos ante un momento propicio para proponer ideas audaces. En noviembre esperamos que vea la luz un marco estratégico de políticas contra la soledad no deseada. El Imserso, algunos ayuntamientos y diputaciones han avanzado mucho en este campo, aunque las comunidades autónomas aún tienen un margen de mejora. Es en el ámbito local, el más próximo al ciudadano, donde más se pueden articular pactos entre ciudadanía, ONGs, economía social y proyectos cívicos».
Como psicóloga, no pudo evitar añadir una nota motivacional. «Las 22 realidades sociales que hoy afrontamos esperan propuestas». Añadió, además, que el término ‘soluciones asistenciales’ «suena arcaico, previo incluso a la Constitución. Necesitamos evolucionar nuestro lenguaje jurídico hacia términos más acordes con el siglo XXI, tal como lo consiguió el movimiento por la discapacidad al lograr el cambio de una palabra en la Constitución».
Para ello, aseguró que una propuesta interesante sería revisar todos los textos legales y adaptar su lenguaje, «no necesariamente modificando las leyes, pero sí su redacción para adecuarla a una sociedad más moderna y diversa».
Respecto a la convivencia, recordó que «ya en los años 90 abordamos estas cuestiones en el Plan Gerontológico. Planteábamos medidas como programas de acogimiento familiar temporal, viviendas compartidas autogestionadas, entre otras ideas que podrían actualizarse. Algunas de esas experiencias se desarrollaron en Guipúzcoa, Asturias y Jaén. No debemos desecharlas, sino revisarlas para aprender y avanzar».
También propuso recuperar propuestas como el programa del Instituto de la Juventud que promovía la convivencia intergeneracional, con personas mayores que ofrecían alojamiento a jóvenes estudiantes a cambio de compañía y ayuda. «Del mismo modo, experiencias como Secot –consultores sénior voluntarios– surgieron de la reconversión industrial y siguen aportando gran valor. Insisto -recalcó- lo que estáis planteando debe adquirir forma jurídica y ofrecer protección legal. No olvidemos tampoco que entidades como Cáritas o Cruz Roja están desarrollando proyectos similares desde hace años, también en ámbitos como la acogida de personas con enfermedad mental o de refugiados».
No obstante, quiso alertar con una reflexión sobre un dato importante: «Los estudios recientes del Observatorio indican que los jóvenes son el grupo que más soledad siente en España, superando incluso a los mayores en cinco puntos porcentuales. La soledad severa afecta sobre todo a personas mayores de 80 años que han perdido a su pareja y cuyo proyecto vital no contemplaba vivir en soledad. Además, un 9% de la población afirma no tener a nadie a quien recurrir si lo necesitara, cifra que asciende al 12,5% entre jóvenes. Estos datos reflejan el impacto de la movilidad académica y laboral, pero también evidencian una carencia estructural de vínculos de apoyo. Ante esta realidad, necesitamos respuestas institucionales sólidas. El rol de los notarios y profesionales del Derecho es crucial para diseñar figuras jurídicas que ofrezcan seguridad y reconocimiento a estas nuevas formas de convivencia, cuidado y ayuda mutua», concluyó.
