27 May Las quejas al Defensor sobre dependencia son ya “la cuarta parte” de las reclamaciones sociales.
Han aumentado en 2024.
2025. 65Ymás
Pablo Recio
Las reclamaciones al Defensor del Pueblo relacionadas con los trámites de la Dependencia aumentaron en 2024, según ha explicado el propio Defensor, Ángel Gabilondo, en una rueda de prensa –ver vídeo, arriba– en la que ha dado a conocer las principales conclusiones de su informe anual.
En dicho documento, que ha sido ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, se recoge que “en 2024 las quejas recibidas sobre la demora en resolver las solicitudes, recursos y reclamaciones relacionadas con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se incrementaron”.
En concreto, detallan, suponen “ya la cuarta parte de las quejas tramitadas en materia de política social”.
En ese sentido, detallan, la “institución realizó actuaciones con varias comunidades autónomas relacionadas con la gestión de las listas de acceso a los servicios, el orden de prioridad y el derecho a conocer la posición que ocupa, así como la publicidad de determinados datos de forma abierta para cualquier ciudadano”.
En el documento también se aborda la importancia de agilizar las gestiones cuando se realiza un cambio en la valoración. Explican que, desde dicha institución se viene “insistiendo, a lo largo de los años, en que cuando la Administración se demora en resolver las solicitudes de modificación del programa individual de atención (PIA) –con la aprobación de un nuevo servicio o prestación más adecuado al grado de dependencia actual que presenta la persona–, deben retrotraerse los efectos de la resolución al momento anterior más ajustado para garantizar que no se interrumpe la acción protectora del sistema”. “Esto es crucial en casos de agravamiento de la situación de una persona dependiente, que puede necesitar urgentemente un servicio residencial o de centro de día, cuya aprobación puede tardar meses”, señalan.
Por último, también se aborda la Dependencia desde el punto de vista de la Justicia. En concreto, desde el Defensor se recuerda que en 2024 se completó la inclusión de los litigios sobre estos temas en la jurisdicción social –antes se llevaba por la vía contencioso-administrativa– y que las comunidades deben “adaptar sus procedimientos para permitir el acceso de los ciudadanos” a esta jurisdicción.
Discapacidad
Otro de los temas tratados por el informe son los retrasos en la valoración de la Discapacidad que, según ha explicado el propio Ángel Gabilondo, pueden llegar a ser de “cuatro años” y se dan de forma generalizada en el conjunto de España.
“Las administraciones competentes son muy conscientes del problema planteado y están implementando, en mayor o menor medida y con distintas características, planes de gestión para reducir las importantes demoras existentes”, señalan en el documento.
Entre los problemas detectados, se recogieron incidencias en el nuevo modelo de valoración biopsicosocial e incompatibilidades con sistemas informáticos autonómicos. Además, se dieron dificultades en la contratación y estabilización de profesionales, especialmente sanitarios, y una falta de correlación entre los sistemas de discapacidad y dependencia.
Por otro lado, recuerdan que “las administraciones pueden establecer, mediante el adecuado instrumento jurídico, y así lo han hecho en varios territorios, los criterios para dar preferencia a determinadas solicitudes de valoración, con base en lo previsto en los artículos 5.3 y 10 del citado Real Informe anual del Defensor del Pueblo 2024 236 Decreto 888/2022, que refieren los supuestos en los que concurran razones humanitarias, de especial necesidad social o circunstancias basadas en la severidad de las consecuencias de la deficiencia de salud, violencia de género o esperanza de vida”.
Avances en el nuevo modelo de residencias
El informe también aborda la situación de las residencias de mayores. “Durante 2024, el Defensor del Pueblo, además de atender las quejas presentadas por los ciudadanos relativas al funcionamiento y cuidado que se presta a las personas mayores en los diversos recursos destinados a la atención de personas en situación de dependencia, prosiguió una actividad complementaria de supervisión directa. A las actuaciones que ya estaban en curso con la comunidad de Castilla y León, se sumaron las visitas realizadas a centros de las comunidades de Cantabria, Galicia y La Rioja. También se solicitó información a la Comunitat Valenciana“, contextualizan.
Así, destacan los avances que se han producido en cuanto a la adopción del nuevo modelo de cuidados. “Cabe reseñar que las comunidades autónomas están reforzando estos últimos años sus servicios de inspección y de control de calidad de los centros residenciales”, detallan.
Además, indican, muchos edificios estarían siendo objeto de reformas estructurales para modernizar las instalaciones y favorecer la convivencia en grupos más pequeños. No obstante, reconocen, “el proceso se considera lento y dificultoso”.
Respecto a las sujeciones y su limitación o eliminación, señalan que “se comprobó que son más frecuentes las visitas de los fiscales a los centros, así como las solicitudes de información sobre la práctica y sus revisiones periódicas. Al mismo tiempo, las administraciones competentes han establecido pautas de actuación y formación continua para los profesionales que deben adaptar sus formas de trabajo, con el horizonte de poder ofrecer una atención libre de sujeciones o contenciones”.
Por otra parte, señalan, también se han producido mejoras en la coordinación sociosanitaria. “Todas las administraciones manifestaron la preocupación por garantizar una atención sanitaria en las mejores condiciones”, recogen. Entre las medidas aplicadas, se destaca que Galicia ha extendido la capacidad de consulta del sistema de historia clínica electrónica (IANUS) a los profesionales de servicios sociales y centros residenciales. En el caso de La Rioja, los profesionales sanitarios de los centros tienen acceso a la historia clínica a través del programa SELENE, y se trabaja en su interoperabilidad con los sistemas de los centros residenciales. Asimismo, indican, se está elaborando un decreto para regular las categorías y requisitos específicos de los centros residenciales, previendo facilitar la atención sanitaria en los mismos. En la Comunitat Valenciana, los centros deben tener horas de atención médica y de enfermería contratadas, y sus profesionales tienen acceso a la historia clínica de atención primaria. Y, finalmente, en Cantabria, se ha constituido la Comisión de Coordinación Sociosanitaria para mejorar la atención de personas en situación de dependencia.
Ahora bien, del informe del Defensor también se desprende que, pese a que se están revisando las necesidades de personal e incrementando las ratios, se encontraron dificultades para encontrar personal cualificado, especialmente en el ámbito sanitario y de atención directa.
Igualmente, otro aspecto destacable, indican, es el relativo a usuarios que, cada vez con más frecuencia, “ingresan por orden judicial con perfil de exclusión social, resultando especialmente difícil su gestión, dada, además, la prevalencia de algunas patologías mentales”. “La incorporación de más profesionales especializados para trabajar con estos perfiles no parece que se produzca con la agilidad necesaria”, critican desde el Defensor.
