20 Jun La financiación autonómica a la Dependencia se estanca por falta de nuevos Presupuestos.
El Gobierno destinará este año a las CC.AA 783,1 millones de euros, cifra similar a la de 2023.
2024. 65Ymás
Marta Jurado
El Gobierno repartirá este 2024 más de 783 millones de euros (783.197.420) para financiar el sistema de atención a dependencia, según han anunciado este lunes desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (@MSocialGob). Se trata de la misma cantidad de dinero que el año pasado debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento. No obstante, el Ministerio recuerda que se trata de la «cifra más alta de la historia» en este área.
El anuncio se ha hecho en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se ha celebrado este lunes en Madrid, y en el que se ha abordado también la próxima reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley de Discapacidad, así como la gestión de las tarjetas monedero.
El encuentro ha contado con la participación de todos los gobiernos autonómicos, y ha estado presidida por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy y por la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.
«Infrafinanciación histórica»
En este sentido, Bustinduy ha señalado que el objetivo de repartir más de 783 millones de euros para dependencia es «corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido siempre este sistema, agravada en la década pasada con los recortes». Para ello, ha señalado que ha fijado como meta que la Administración General del Estado alcance el 50% del total de la financiación en Dependencia, como recoge el Acuerdo de Gobierno entre PSOE y SUMAR, en cuya redacción se refleja también el compromiso por parte de las Comunidades Autónomas de mantener su inversión.
Asimismo, el ministro ha apuntado que este acuerdo «es necesario para mejorar y fortalecer el sistema de atención a la dependencia, así como para poder iniciar la transición a un nuevo modelo de cuidados para personas dependientes«, tal y como establece la estrategia estatal aprobada la semana pasada, en la que se priorizan los cuidados en el domicilio, la teleasistencia y los centros de día.
En este Consejo Territorial también se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo específico sobre financiación en materia de dependencia. En esta línea, el ministro ha pedido que este grupo sirva para llevar a cabo una «reflexión estratégica» sobre el sistema de atención a la dependencia y ha pedido a todos los gobiernos autonómicos llevar a cabo una «política de Estado de amplios consensos que permita blindar los recursos necesarios y que evite que vuelva a haber recortes en el sistema».
Modificación de la Ley para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Por otra parte, se ha abordado la modificación de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley para la Autonomía y Atención a la Dependencia que el Ministerio de Derechos Sociales está llevando a cabo con el objetivo de adaptar la normativa a las demandas y necesidades de la sociedad actual, así como para adecuarla al nuevo artículo 49 de la Constitución Española, y a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta reforma se realizará a través de un único anteproyecto de ley que será aprobado este mismo verano, en primera lectura, por el Consejo de Ministros. Para esta modificación, en este Consejo Territorial se reafirmado la voluntad de que Ministerio de Derechos Sociales y comunidades autónomas sigan trabajando de forma estrecha para alcanzar un texto de «amplio consenso y transversalidad».
Tarjetas monedero
Además, en el encuentro también se ha abordado la gestión del programa básico de tarjetas monedero, el nuevo sistema para ofrecer alimentos y productos de primera necesidad a familias en situación de extrema vulnerabilidad. Este sistema se puso en marcha en abril de manera transitoria por parte de la Administración General del Estado, en colaboración con Cruz Roja, y desde mayo está siendo gestionado por los gobiernos autonómicos.
Sobre este punto, el Ministerio de Derechos Sociales ha presentado una propuesta a los gobiernos autonómicos para seguir trabajando de forma conjunta y facilitar así que el sistema de tarjetas monedero siga operando más allá de 2024, cuando finaliza la gestión transitoria del Gobierno de España. Esta propuesta, según han añadido desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, ha sido aprobada por unanimidad por todas las partes.
En este sentido, fuentes del departamento que dirige Bustinduy han asegurado a Europa Press que el ministerio ha instado a las comunidades autónomas a que trabajen para hacerse cargo de la gestión en solitario de las tarjetas monedero a partir del 1 de enero. En paralelo, han indicado que va a trabajar en explorar vías de negociación, incluida la Comisión Europea, para desplegar el programa.
Reparto de asignación tributaria
Además, han abordado la propuesta de reparto de los recursos con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades, para el año 2024, para la concesión de subvenciones a los programas de interés general.
Por último, en el Consejo Territorial celebrado este lunes se ha acordado que Asturias será la próxima sede del Congreso Estatal del Voluntariado en 2024. Igualmente, se ha aprobado una guía elaborada por el Centro Español de Autismo orientada a las comunidades autónomas con orientaciones y apoyos dirigidos a las familias de personas con autismo.
Varias CCAA piden al Gobierno que asuma el 50% del ‘coste de la dependencia’
Varias comunidades como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana o Cantabria han pedido una «revisión urgente» del sistema de financiación de la Dependencia, tal como ha reclamado la delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López. «Urge revisar la financiación del sistema de dependencia, no puede esperar más», ha asegurado López, quien ha advertido de que, «de seguir como hasta ahora, el sistema está abocado al colapso», posición que también han defendido desde gobiernos autonómicos como el murciano.
Por su parte, el conseller de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, Carles Campuzano, ha alertado de «posibles invasiones competenciales» derivadas de los cambios previstos en las leyes de Dependencia. También ha vuelto a criticar la infrafinanciación en dependencia insistiendo en que, aunque la aportación estatal para Cataluña este año sea un 13,5% del total y haya aumentado respecto al 2023 (9,7%), «todavía está lejos del 50% prometido por el ministro Bustinduy el febrero pasado». La misma reclamación que han hecho desde otras consejerías de la Generalitat Valenciana o el gobierno de Cantabria.
