07 Dic Los derechos humanos, en todas las edades.
Somos 8.000 millones de personas en el mundo y cada segundo nacen 65 personas y fallecen 32. Seguimos creciendo a buen ritmo, teniendo en cuenta que hasta el 1800 no se alcanzó mil millones de habitantes en el planeta y en 222 años se ha octuplicado la población, que llegará en el 2050 a 10.000 millones. Solo quedan 28 años.
Ana Isabel Esteban
Somos 8.000 millones de personas en el mundo y cada segundo nacen 65 personas y fallecen 32. Seguimos creciendo a buen ritmo, teniendo en cuenta que hasta el 1800 no se alcanzó mil millones de habitantes en el planeta y en 222 años se ha octuplicado la población, que llegará en el 2050 a 10.000 millones. Solo quedan 28 años.
Esta masificación planetaria se debe a la mayor longevidad del ser humano. 720 millones de personas mayores de 65 años viven en la actualidad y son tantas como la suma de todas las personas mayores que a lo largo de la historia llegaron a esa edad. La previsión para 2050 es llegar al 16%, es decir 1.600 millones, frente al 9% actual.
Qué barbaridad, pensaras. Pero, ¿no crees que es un gran éxito vivir y sobre todo vivir bien? Tenemos la fortuna de conocer en primera persona como se ha alargado la vida. En 1900 se vivía una media de 40-45 años. Hoy en España doblamos esa edad. Somos uno de los países más longevos del mundo. Y esta revolución silenciosa que es la longevidad creciente, provoca cambios sociales significativos que hemos de afrontar con valentía. No solo son pensiones ya que son imprescindibles, también son sistemas sanitarios, sociales, de protección… basado en derechos, que garanticen calidad de vida y autonomía personal.
Tras la segunda guerra mundial se creó la Organización de Naciones Unidas y pocos años después aprobaron la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. “Los derechos humanos son derechos que tenemos simplemente porque existimos como seres humanos; ningún estado los otorga. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, independientemente de la nacionalidad, el sexo, el origen nacional o étnico, el color, la religión, el idioma o cualquier otra condición. Van desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta aquellos que hacen que la vida valga la pena, como los derechos a la alimentación, la educación, el trabajo, la salud y la libertad…” indica la ONU en su web. En la actualidad además de la Declaración antes citada se han consensuado y aprobado, otros nueve tratados y protocolos internacionales principales de derechos, por la mayoría de los países existentes ampliando y concretando los mismos para determinados colectivos.
Por ejemplo, España ratificó en 2008 la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este acuerdo compromete a cada país a legislar y gestionar en base a lo allí descrito. Ésta es una protección social exigible por la sociedad que se evalúa y se informa de los resultados al resto de países del mundo. España ya está modificando su legislación, como entre otras la Ley 8/2021 que establece un sistema de apoyos si se acredita la situación de discapacidad. Recordar que más del 50% de las personas mayores en España tienen discapacidades y un millón necesita apoyo para vivir, son dependientes y tienen discapacidad, reconocida o no.
Desconocíamos que existía el triaje -selección para acceder a un tratamiento- que deja fuera a este grupo de edad. No sabíamos que cuando te programan una cita médica más allá de tres meses desde la solicitud, se tiene derecho a acortar dichos plazos y para ello hay que acudir a atención del paciente, transcurridos esos 3 meses, y dejar por escrito la necesidad de atención para que le deriven a la sanidad concertada. Si lo conozco, lo puedo exigir.
La revolución de la longevidad y el resultado de la gestión de la pandemia que ha afectado especialmente a las personas mayores, ha provocado que las organizaciones que las representan, como Solidaridad Intergeneracional, estén impulsando la creación de una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, porque será garantía jurídica y social para mejorar la calidad de vida mientras se sigue envejeviviendo; promocionando una filosofía de vida independiente al tiempo que facilitar la participación social en igualdad de condiciones donde el derecho a la autonomía personal se centre en la persona, personalizando los procesos de atención y la asistencia a la cronicidad… es decir, garantizar los derechos en esta etapa de la vida, para vivir con salud, envejecer con seguridad y permanecer incluidos e integrados en la sociedad. Este grupo de edad creciente será cada día más determinante.
