18 Ago Criar un hijo es inasumible para el 20% más pobre de las familias españolas.
Un estudio de Save the Children revela que el coste de la crianza es de 672 euros mensuales por niño, un 14% más caro que en 2018.
Lucía Foraster Garriga
Cuna, carrito, pañales y biberones, ropa, material escolar, transporte, teléfono móvil… Son algunos de los numerosos gastos que conlleva la crianza. El coste de criar a un hijo en España es, de media, de 672 euros mensuales, según un estudio de Save the Children publicado este martes. En 2018 era de 587: en cuatro años, el cuidado de los niños ha aumentado 85 euros al mes, es decir, un 14,5%. Alexander Elu, especialista en pobreza de Save the Children, ha señalado en la presentación del informe que esto supone un problema para muchas familias: “Si analizamos el porcentaje de ingresos que los hogares deberían invertir en el cuidado de sus hijos e hijas vemos que para el 20% más pobre de las familias el coste de la crianza es inasumible”.
Desde 2018, cuando Save the Children realizó su primer cálculo de este coste, la inflación en España ha aumentado un 11,3%. Si se compara este resultado con los distintos gastos de tener hijos, se observa que algunas han aumentado en un valor similar al de la inflación —la alimentación (13%), la higiene (9%), la ropa y el calzado (13%) o la vivienda (15%)—, pero otras en un porcentaje mucho mayor —el ocio y los juguetes (25%), los muebles y enseres (30%) o los suministros energéticos (53%)—. “El incremento supera al aumento general de los precios, lo que revela el encarecimiento relativo de la crianza”, ha desarrollado Elu.
En la investigación se constatan diferencias. Por un lado, entre regiones. “No es lo mismo criar a tu hijo o hija en Andalucía que en Cataluña o en la Comunidad de Madrid”, ha advertido Elu. Estas diferencias alcanzan hasta los 178 euros por mes e hijo entre el coste medio de la crianza en Andalucía (641 euros) y Cataluña (819 euros): en la segunda es hasta un 27,8% más caro que en la primera. Por otro lado, entre las edades de los niños, cuyas necesidades cambian a medida que crecen, reflejándose en el gasto de las familias. Este aumenta a lo largo de los años y varía entre 550 euros mensuales para la franja de cero a tres y 740 para la de 13 a 17.
De los cero a los seis, el gasto superior es el de conciliación —guardería, canguros, escuela infantil—, que representa entre un tercio y un quinto del total. A partir de los siete años, la partida más elevada es la de alimentación, que se lleva aproximadamente un 20%. “No tiene sentido que, si a medida que los niños y niñas crecen hay más gastos, se reciban menos ayudas con la edad. Es necesario que se apoye a las familias en todas las etapas de crecimiento”, ha denunciado Elu.
Políticas de apoyo a la crianza insuficientes
A estos elevados costes, se suma que España carece de políticas de apoyo a la crianza comparables a la del resto de la Unión Europea, aun cuando el país destaca por sus altos niveles de pobreza infantil: más de 2,6 millones de niños y adolescentes —uno de cada tres— están en riesgo de pobreza o exclusión social, cifra que solo superan Rumania y Bulgaria. “Las políticas españolas de apoyo a la crianza son muy escasas y poco efectivas”, ha enfatizado Elu. El sistema español de apoyo a las familias y la infancia se caracteriza por un reducido nivel de gasto en prestaciones y ayudas fiscales que, en conjunto, alcanzan el 1,3% del PIB, frente al 2,3% en la media de la Unión Europea (UE).
Los países europeos que invierten más en infancia y familia son Alemania (3,4%), Luxemburgo y Dinamarca (3,3% en ambos casos). En términos de apoyo monetario directo o prestaciones de crianza, Luxemburgo lidera con prestaciones máximas anuales de 3.420 euros, seguido de Alemania, con 2.328 euros por hijo. El sistema español de apoyo a la infancia da un gran peso, el mayor de la UE, a las deducciones fiscales, que benefician en mayor medida a las familias de renta más alta. También cuenta con un sistema de prestaciones de ayuda a la crianza muy focalizado en los menores niveles de ingreso y de escasa cuantía, pero su peso sobre el conjunto del apoyo público a la infancia, cercano a una décima parte del total, es el más bajo de toda la UE.
