Desaparece la incapacitación judicial para las personas con discapacidad.

Con el fin de dar a conocer todos estos cambios, que suponen «un antes y un después», la Diputación Foral de Álava ha organizado para este miércoles, a las 17.00 horas, en el Palacio Europa una mesa redonda, con entrada libre hasta completar aforo, con la participación de la fiscal Aida Lozano; la notaria Blanca Palacios, Minerva Acedo (experta en el derecho que regula la discapacidad y la dependencia) y Marije Goicoechea, profesora de ética en la Universidad de Deusto. Además, a los asistentes se entregará una guía que aborda de manera accesible y práctica las consecuencias de esta ley y que también estará disponible en la web foral.

El diputado alavés de Políticas Sociales, Emilio Sola, ha destacado que esta jornada “es de sumo interés” para las personas, para familias, para los profesionales que trabajan con personas con discapacidad y enfermedad mental, puesto que con la entrada en vigor el pasado septiembre de la Ley/82021, de 2 de junio, se pretende impulsar el ejercicio autónomo de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

¿Pero cómo? “Promoviendo el recurso a las figuras de apoyo y el respeto a la voluntad, en sustitución del paradigma actual, que estaba basado en la modificación de la capacidad de la llamada incapacitación judicial y de la privación de derechos”, ha explicado.

«Notable cambio de rumbo»

De esta manera, esta norma nueva, “constituye un muy notable cambio de rumbo. Nos encontramos, por tanto, ante un cambio de paradigma necesario, que consiste en sustituir una legislación por otra que reconoce la dignidad, la autonomía y la plena capacidad, con los apoyos necesarios”.

Esta reforma legislativa, como ha precisado, también obliga a las instituciones a “repensar” ciertos esquemas de funcionamiento y de organización. “A la Diputación Foral de Álava, en cuanto que le compete la hasta ahora denominada tutela de personas adultas en situación de vulnerabilidad, ya trabaja en el desarrollo de una nueva estructura organizativa de la Comisión foral de Apoyos, en el ejercicio de la capacidad jurídica”.

Así, el Departamento de Políticas Sociales, colabora con los juzgados, con la fiscalía y las fundaciones Usoa y Beroa en desarrollar este nuevo camino que marca la ley. “Supone para todas nuestras organizciones un reto histórico, en el que avanzamos conjuntamente en aras a un bien común: el de respetar las voluntades de las personas con discapacidad”.

«Un hito»

Por su parte, la fiscal delegada de Civil y coordinadora de la sección de Protección de personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía, Aida Lozano, ha resaltado también que la Ley 8/2021, de 2 de junio, “supone un hito en el reconocimiento de las personas con discapacidad y deja atrás la concepción rígida y paternalista de la regulación anterior. Esta ley reconoce que las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica y son titulares de los mismos derechos de las personas que no la tienen. Esta afirmación, que en principio es tan evidente, no era una realidad jurídica en nuestro país hasta el 3 de septiembre de 2021, cuando entró en vigor la nueva ley, que gira en torno a la dignidad de la persona, respeto de la autonomía, a su voluntad y al acompañamiento en la toma de decisiones. Todos tenemos derecho a decidir cómo queremos que sea nuestra vida y las personas con discapacidad, también y esto supone reconocerles también el derecho a equivocarse. Sirva como ejemplo que en todo el texto de esta nueva ley en ningún momento se menciona el término protección de personas con discapacidad, porque ya no las vamos a proteger, sino apoyar en el ejercicio de su capacidad jurídica”.

Apoyos informales

Según ha ilustrado, se pretende que sea el propio individuo el que diseñe cómo y dónde quiere que se le apoye, qué persona, en qué sentido, en qué medida y en ese caso, qué controles va a tener ese apoyo, mediante escritura pública. “Esta posibilidad también se puede aplicar a todos nosotros, en previsión de que algún día llegue la discapacidad”, ha matizado.

Si no se existe o no se puede aplicar, se acude a la figura del guardador de hecho, un apoyo informal, que puede ser un familiar o allegado, esto es, “la persona que de buena fe se encarga de atender y apoyar a esa persona con discapacidad” que puede representar o sustituir a esa persona.

Cuando no existe esta figura, sí se puede acudir a las medidas judiciales, “nos quedamos con la curatela, que tendrá una intensidad más o menos distinta, en función de las necesidades de apoyo de la persona con discapacidad, pero se prevé exclusivamente como el último eslabon de la cadena, cuando todo lo demás ha fallado, es decir, ocurre justo lo contrario: antes cuando había una discapacidad, se acudía al juzgado, se incapacitaba, y se sacaba a la persona de la vida civil. Esto no va a volver a ocurrir”.

Entonces, ¿qué va a pasar con las medidas judiciales ya acordadas, con esas tutelas y esas patrias potestades otorgadas, que en Álava son aproximadamente 1.400? “Que la ley nos obliga a revisarlas antes del 3 de septiembre de 2024. A día de hoy ya tenemos en trámite unas 500 revisiones, de las cuales, aproximadamente el 75% de las medidas se están quedado sin efecto porque tenemos que adaptarlas a la nueva ley”, ha concretado Lozano, quien ha subrayado la importancia de organizar una jornada como la del miércoles para dar a conocer todos estos cambios.

“Todos los cambios generan dudas, pero también oportunidades. Estoy convencida de que conocer esta ley nos va a permitir construir entre todos una sociedad que defienda los derechos de todos sus miembros, para tener una sociedad más justa y, en definitiva, mejor”.

«Protagonistas»

Para Antonio Martínez, presidente de la Fundación Beroa, creada por Asafes y que presta apoyos a unas 220 personas con enfermedad mental, ha señalado que durante la revisión de sentencias se inicia un nuevo procedemiento en el que las personas con discapacidad son “protagonistas”.

“Es procedimiento podrá concluir con el nombramiento de un curador que será el encargado de prestar los apoyos necesarios únicamente para aquellos actos que sean necesarios para que la persona con discapacidad pueda llevar a cabo su proyecto de vida. No se podrán prohibir ni limitar derechos. Supone un antes y un después en los reconocimientos de los derechos de las personas con discapacidad. Lo más importante de esta nueva ley es que nos recuerda que los deseos, voluntades y preferencias deben de ser respetados para decidir dónde quieren vivir y con quién, aunque se equivoquen”.

Formación

Por último, Ana Osaba, presidenta de la Fundación Usoa, que trabaja por las personas con discapacidad intelectual en Álava en situación de desamparo y que requieren de apoyos necesarios para logar el pleno ejercicio de sus derechos, ha insistido en lo necesaria que es la formación para manejar los cambios que se avecinan, no solo entre las personas interesadas, familias o profesionales relacionados con la discapacidad, sino también entre todas aquellas personas que realizan una actividad de cara al público, “puesto que entre ese público van a estar las personas con discapacidad, a las que todos deberemos de apoyar para que puedan llevar una vida plena y en igualdad de condiciones”.