04 Abr La inflación se ensaña con los vulnerables y resta ya 16.700 millones de poder adquisitivo a las familias.
Aunque el IPC ha subido un 9,8% en marzo, la subida de precios ha sido muy superior para las familias de rentas más bajas.
Alejandra Olcese
Si una familia consume este año los mismos bienes y servicios que adquirió el año pasado tendrá que gastar 880 euros más que en 2021 para poder pagarlos. Es el efecto en el poder adquisitivo de la inflación, que en el mes de marzo ha sido del 9,8%, la más alta que se registra en España desde mayo de 1985.
En términos agregados para toda la economía española, se traduce en una pérdida global de poder adquisitivo de los hogares de 16.700 millones de euros, según calcula la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), y siempre que la inflación vaya bajando paulatinamente a lo largo del año y consiga cerrar el ejercicio en un promedio del 6,8%. Para eso, el IPC debería subir un 6,5% cada mes de aquí a fin de año. Si el promedio queda por encima, la merma de poder de compra será mayor.
A día de hoy, con la subida de precios del 6,1% en enero, del 7,6% en febrero y del 9,8% en marzo, el IPC promedio del año se sitúa en el 7,8%, pero los expertos esperan que baje levemente a lo largo del año hasta poder situarse en media un punto por debajo, en el 6,8%.
Aunque el hachazo de la inflación afecta a todos, no lo hace con la misma incidencia, ya que depende de la composición de la cesta de consumo de cada uno. Así, aunque el INE publica el dato de inflación para toda España, se aprecian importantes diferencias por comunidades autónomas, igual que existen entre hogares.
Aquellas casas -o regiones- que dedican una mayor proporción de su consumo total al pago de la electricidad, la gasolina y los alimentos, sufrirán una inflación superior. Estas son tradicionalmente las familias con rentas más bajas, ya que los hogares de clase media-alta destinan una mayor parte de su renta a otras actividades de ocio o a la adquisición de otros productos.
Por comunidades, se observa también esta diferencia. Regiones en las que el consumo agregado se centra más en bienes de primera necesidad tienen tasas de inflación más altas (en febrero del 9% en Castilla-La Mancha o del 8,5% en Aragón y Castilla y León), mientras que aquellas con niveles de renta per cápita más altos y en las que las familias tienen una cesta de consumo más amplia y diversificada, sufren una inflación menor (del 6,8% en Madrid en febrero, por ejemplo, el último dato disponible). Cuando a mediados de mes el INE confirme el dato de marzo, se conocerá el desglose autonómico.
Aunque el motivo principal de la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) es el componente energético -el alza de precios de la electricidad, el gas y los carburantes-, al ser un bien que tienen que consumir todas las empresas y familias se ha producido un efecto contagio a los precios finales de toda la cesta de consumo. Es más caro hacer la compra, ir a la peluquería o un abrigo nuevo.
Prueba de ello es que la inflación subyacente, que no tiene en cuenta el precio de la energía ni de los alimentos frescos, se ha situado en marzo en el 3,4%, su nivel más alto desde 2008.
La subida de precios en España supera con creces la que se está produciendo en otros países de Europa. Este mismo miércoles se ha conocido que el IPC en Alemania en marzo ha subido un 7,6%, su máximo de los últimos cuarenta años, pero un incremento muy inferior al de nuestro país.
Francia e Italia publicarán los datos de inflación este jueves, pero según los analistas de la consultora Capital Economics «es probable que la inflación en esos países también supere con creces las previsiones de consenso del 4,8% y el 7,2%, respectivamente. Y es probable que la tasa de inflación provisional de la zona euro supere con creces la previsión de consenso del 6,6%», pero aún así no tendrán cifras tan elevadas como la española.
Esta brecha afecta a la competitividad de las compañías españolas, cuyos costes suben más que los de otros países y pueden verse obligadas a subir más sus precios finales. Si sus precios son más altos que los de otras compañías extranjeras del mismo sector, éstas últimas tendrán más probabilidad de vender.
REPERCUSIONES DE LA INFLACIÓN
El alza de la inflación actúa como una bomba expansiva que afecta a muchos ámbitos de la economía, además de la pérdida de poder adquisitivo para las familias y de competitividad para las empresas.
La subida de los precios provoca también una caída del consumo que Funcas calcula que será de hasta un punto, ya que las familias tratarán de moderar el impacto en su renta consumiendo menos. Esa caída del consumo, avisan los analistas, podría ser incluso superior si los hogares no hubieran acumulado ahorros durante la pandemia. Ahora, utilizarán parte de ellos para poder afrontar precios más altos.
En el ámbito empresarial, el aumento de precios y costes generará una caída de la inversión. Además, dado que la subida de precios y el diferencial con Europa restará competitividad a las empresas españolas esto podría traducirse en un descenso de las exportaciones respecto a lo que estaba previsto.
Al ser el consumo, la inversión y las exportaciones netas componentes fundamentales del Producto Interior Bruto (PIB), una caída de estas partidas se traducirá en un menor crecimiento económico.
Por otro lado, la subida de precios ensanchará el desfase presupuestario, ya que el Gobierno despliega medidas que suponen un incremento del gasto público (como la bonificación sobre el combustible o las ayudas directas) y además se verá obligado a desembolsar más en las partidas indiciadas a la inflación, como las pensiones.
El aumento de la tensión en las relaciones laborales es otro efecto colateral, ya que la subida de precios genera de forma automática reivindicaciones de los sindicatos, que piden un incremento de sueldos para los trabajadores.
«Es es imprescindible que el Gobierno aplique con urgencia las medidas de contención de precios. Para evitar que el impacto de la inflación lleve a incrementos de la desigualdad o la pobreza es indispensable que los salarios mantengan su capacidad adquisitiva y se mantengan los empleos. Sino, las peores consecuencias serán para los trabajadores», ha señalado este miércoles Mariano Hoya, portavoz de UGT.
