02 Ago Los centros de salud serán un detector temprano de violencia machista.
La policía incluirá datos de los servicios sociales y los allegados de la víctima para afinar con la valoración de riesgos y anticiparse a los criminales de género, en el plan que aprobará hoy el Gobierno.
Alfonso Torices
El Consejo de Ministros aprobará hoy un catálogo con 15 medidas urgentes para tratar de frenar cuanto antes la situación de «alerta machista» que vive España desde que el 9 de mayo pasado terminó el último estado de alarma. Desde entonces han sido asesinadas por sus parejas o exparejas 20 mujeres, dos por semana. Un altísimo ritmo de crímenes de género que multiplica por cuatro el de los primeros meses del año, cuando los maltratadores fueron mucho menos expeditivos porque, gracias a los confinamientos y demás restricciones horarias y de movimientos, tenían perfectamente controladas a sus víctimas.
La batería de medidas propuestas por el Ministerio de Igualdad, con la colaboración de Interior, Justicia, Trabajo y Derechos Sociales, así como de las organizaciones de mujeres, las autonomías y los ayuntamientos, busca actuar contra las lagunas y debilidades que han detectado en los instrumentos de lucha contra esta lacra. Se quiere mejorar la coordinación entre administraciones y servicios para llegar y proteger a la mayoría de las víctimas, aunque no pasen por comisaría (el 80% no denuncia), e implicar a toda la sociedad en su auxilio.
Las 15 medidas urgentes buscan frenar la ola de asesinatos desatada tras el fin del estado de alarma, el 9 de mayo, y la pérdida de control del agresor sobre su pareja o expareja
Una tercera parte de las acciones quieren concienciar a toda la sociedad, sobre todo a los más próximos, en la detección y ayuda a las víctimas. Se pretende convertir a todos los consultorios y centros de salud en detectores tempranos de esta violencia, para dar apoyo a las mujeres lo antes posible. Para ello se implantará un programa específico en las consultas, que se completará con cursos para la identificación de síntomas y riesgos de maltrato en los hospitales, en los servicios sociales y en el ámbito educativo. En esta tarea de romper el muro de silencio, habrá campañas de sensibilización que pedirán a los familiares y allegados de las maltratadas, pero también a testigos, vecinos o comerciantes, que las arropen y denuncien en su nombre, cosa que ahora solo hacen en el 2,5% de los casos que llegan a los juzgados. Otra de las medidas preventivas será la generalización del sometimiento a programas de rehabilitación a los maltratadores, para minimizar en lo posible la reincidencia.
Ventanilla única
El plan de choque también actúa sobre otro punto flaco, la dependencia económica del maltratador. Se pretende multiplicar las peticiones de ayuda de las maltratadas mediante la creación de ventanillas únicas de tramitación en los servicios sociales municipales y autonómicos, donde se les descargará de burocracia y se tramitarán de una vez ayudas económicas y laborales o un acceso a residencia o vivienda. También serán los puntos para que huérfanos y familiares de fallecidas tramiten pensiones, becas o apoyo psicológico.
Toda esta información que manejan allegados, familiares y servicios sociales y de cercanía sobre las víctimas, incluso sobre las que aún no han denunciado, se quiere encauzar hacia las bases policiales, para mejorar la seguridad y protección de las maltratadas.
Incluye un plan específico para frenar la violencia vicaria, la ejercida sobre los hijos para dañar a la madre, desde el ámbito judicial, familiar y de servicios sociales
Con esta finalidad, el sistema VioGén, la base policial que calcula los grados de riesgo y recomienda las medidas de protección hacia cada víctima, se alimentará a partir de ahora también con los datos de los servicios sociales sobre la mujer y su entorno. De igual manera, se crea una herramienta, el ‘Protocolo cero’, que incorporará información de allegados y entorno. La suma de uno y otro permitirá afinar más en la valoración de riesgos y tomar medidas de seguridad aunque no haya denuncia. Se automatizará la comunicación a todos los interesados de las órdenes de protección judicial y se ampliará la cobertura del sistema ‘Atenpro’, de atención de 24 horas y botón de emergencia con geolocalización de la víctima.
El catálogo también prevé elaborar un plan específico de cara al ámbito judicial, familiar y de servicios sociales para evitar episodios de violencia vicaria, la ejercida por los agresores sobre los hijos para mortificar y dañar a sus parejas o exparejas.
