28 May España vaciada: 3.403 municipios en riesgo de despoblación, el 42% de los pueblos de España.
El 59% de los municipios rurales no tiene oficina bancaria.
Antonio Castillejo
Todo el mundo es consciente del problema, ya nadie tiene dudas de a qué nos referimos cuando hablamos de la España vaciada. La incidencia de municipios en riesgo de despoblación en España se sitúa muy por encima de la del conjunto de la eurozona. Pero por si esto no fuera suficiente, ahora el Banco de España lo ha ratificado sin ningún género de dudas: «Se identifican 3.403 municipios en riesgo de despoblación (el 42 % de los municipios de España), muy por encima del conjunto de la eurozona. Presentan idiosincrasias en aspectos socioeconómicos y orográficos, así como una peor accesibilidad a servicios que los municipios urbanos y que el resto de los municipios rurales», leemos en su último informe.
El propio Banco de España explica que existe un conjunto de municipios rurales cuya supervivencia a largo plazo podría verse amenazada en caso de que sus dinámicas poblacionales recientes no se reviertan. El fenómeno de la despoblación rural ha sido especialmente acusado en algunos municipios que, a diferencia de otras poblaciones rurales, no se beneficiaron de los flujos migratorios positivos de la primera década del siglo XXI.
Es decir, se observa la existencia de un número elevado de municipios rurales que no solo presentan un crecimiento vegetativo negativo año tras año, sino que además han ido perdiendo población de forma continuada a lo largo de las dos últimas décadas, incluso durante la fase expansiva, en la que la población rural en su conjunto aumentó.
Estos serían los denominados «municipios en riesgo de despoblación«, cuya viabilidad estaría amenazada en la medida en que su proceso secular de pérdida de población podría considerarse irreversible y eventualmente desencadenar su propia desaparición. La desaparición de estos municipios podría representar asimismo una amenaza sobre el medio ambiente, en términos, por ejemplo, de aumento en la incidencia de incendios y una disminución de la biodiversidad, si no se articulasen medidas mitigadoras.
Atendiendo a los criterios de pérdida de población y densidad reducida, se identifican, como ya quedó dicho, 3.403 municipios en riesgo de despoblación. En ellos reside el 2,3% de la población, es decir, aproximadamente un millón de habitantes. Si bien la escasa disponibilidad de datos dificulta la comparación internacional, la evidencia disponible sugiere que estos porcentajes son superiores a los del resto de la eurozona, con un porcentaje de municipios en riesgo de despoblación del 10% en su conjunto.
En particular, el 42% de los municipios que corren este riesgo en España contrasta con el de otros países de nuestro entorno (como Alemania, Francia e Italia), donde los municipios en esa situación suponen tan solo el 1%, el 7% y el 4%, respectivamente. Sin embargo, la incidencia de los municipios en riesgo de despoblación en España está en línea con la de países ubicados en latitudes más septentrionales (como Estonia, Finlandia y Letonia, con porcentajes en el entorno del 50%).
La realidad de las áreas rurales en riesgo de despoblación en España presenta idiosincrasias propias respecto al resto de las zonas rurales y a los núcleos urbanos. Los municipios rurales y los urbanos presentan una serie de diferencias significativas en aspectos como la orografía, la demografía y/o la situación socioeconómica.
En términos demográficos, los municipios rurales son más pequeños que los urbanos (1.258 habitantes, frente a 47.974), están más envejecidos (con una tasa de dependencia —definida como la ratio entre la población de más de 64 años y la población de entre 16 y 64 años— de 0,53, frente a 0,23) y cuentan con una menor proporción de población femenina (un 44%, frente a un 49%) y extranjera (un 7,7%, frente a un 13,5%).
Asimismo, se consideran municipios más remotos porque presentan unas condiciones geográficas más adversas en términos de mayor altitud con respecto al nivel del mar (714 m, frente a 324 m), más distancia a la capital de provincia (45 km, frente a 32 km) y mayor distancia a la costa (133 km, frente a 65 km). En cuanto a los aspectos socioeconómicos, cabe destacar el mayor peso de la agricultura en el empleo, así como la menor presión fiscal y la menor incidencia de lo que la literatura sobre ciencia política ha denominado «voto del descontento», que, a diferencia de otros países, en España parece ser un fenómeno eminentemente urbano.
El 59% de los municipios rurales no tiene oficina bancaria
Asímismo, el Banco de España ha constatado un «incremento sustancial» del porcentaje de municipios rurales que no dispone de oficina bancaria, pues ha pasado del 48% en 2008 al 59% en 2020. Ya son tres de cada cinco municipios rurales españoles los que no tienen una sucursal bancaria. En total, más de 4.300 municipios se encuentran en esta situación.
Las cifras empeoran para los municipios rurales con riesgo de despoblación: el 78,7% de ellos no cuenta con una sucursal bancaria, frente al 42,06% de los municipios rurales que no presentan este riesgo. La red de oficinas bancarias de las entidades de depósito españolas se han reducido en más de la mitad desde 2008.
Ese año, antes de que comenzase el proceso de concentración bancaria, en España había 45.662 oficinas bancarias, frente a las 22.299 que permanecían abiertas a finales de 2020.
El Banco de España explica en su último informe anual que el cierre de oficinas en entornos rurales «puede justificarse por la búsqueda de la rentabilidad y la caída de la demanda», pero reconoce que está afectando a la población, sobre todo en relación con el acceso al efectivo, que no puede cubrirse a través de la banca electrónica.
De hecho, el informe pone el foco en que los municipios rurales presentan un peor acceso a servicios locales que los urbanos, debiendo recorrer una media de unos 22,59 kilómetros para acceder a servicios como una escuela de educación primaria, un ambulatorio o un polideportivo, frente a los 2,15 kilómetros que debe recorrer el ciudadano medio de un núcleo urbano.
En este escenario, el organismo presidido por Pablo Hernández de Cos ha puesto en valor que las entidades bancarias han adoptado una serie de «medidas compensatorias», como son las oficinas móviles (ofibuses) o los agentes financieros, que atienden a los clientes periódicamente en los municipios en los que no hay oficina bancaria.
En la misma línea, otras alternativas son la retirada de efectivo con motivo de una compra y los recientes acuerdos bilaterales entre diferentes entidades bancarias y Correos para acceder al efectivo en las oficinas postales.
