16 Dic Cuidadoras, sindicatos y patronal proponen sus soluciones para hacer eficiente la Ley de Dependencia.
Reducir las listas de espera y mejorar las condiciones de las personas cuidadoras son las prioridades de los agentes sociales.
E. García
Dadas las cifras de fallecidos esperando a recibir las ayudas o el reconocimiento como personas dependientes y las listas de espera de la Ley de dependencia que ya se denunciaban en este reportaje, parece inevitable averiguar qué se está haciendo y qué piden los colectivos más implicados.
Y resulta que hay en marcha una Mesa de Diálogo Social de Dependencia encabezada por Nacho Álvarez, el secretario de Estado de Derechos Sociales, en la que participan los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y la CEOE, dentro de la cual se incluye una representación de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE).
En ella los agentes convocados están abordando posibles soluciones a los problemas de la dependencia y su financiación. Ya adelanta la empresa Clece, que presta servicios de ayuda a domicilio, atención a personas dependientes en centros de día y residencias, e incluso de teleasistencia, que “los contenidos son reservados, dado que todavía no hay conclusiones definitivas”, pero ello no es óbice para consultar a algunos representantes de las partes a fin de que expliquen cuáles son las posiciones que defienden.
Qué solicitan las cuidadoras, las más afectadas
Las cuidadoras que representa la Asociación de Cuidadoras, Familiares y amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (ACUFADE) piden varias medidas a las administraciones públicas para mejorar su calidad de vida y la de las personas dependientes a las que atienden 365 días, 24 horas al día.
Y tanto Natalia García, integradora social de ACUFADE, como Lola Gordillo, una de las cuidadoras asociadas, remiten a la Carta de Sueños de las Personas que Cuidan, en la que piden al Estado que “cuide del bienestar, la responsabilidad económica y el gasto real de los recursos que requieren esos cuidados constantes”, un trabajo que, a su entender, debería ser reconocido con la cotización a la Seguridad Social y con un carné de cuidadora que las haga visibles y reconocidas socialmente.
Su propuesta más relevante es que los enfermeros de enlace que tratan habitualmente con sus familiares dependientes sean los que valoren la situación y su gravedad para emitir la evaluación del grado, “porque son ellos quienes ven cómo va involucionando la salud de los enfermos y sus necesidades, algo que no es capaz de apreciar una persona que llega 5 minutos y ya emite un informe”.
Otra solución que creen necesaria es “que se abra rápidamente una ‘ventanilla única’ donde nos informen de todos los derechos y ayudas en un único lugar, para no ir de un lado a otro”. Y que se cumplan los plazos y las ayudas lleguen a tiempo, que disminuyan las listas de espera y sea más ágil “la adaptación de esos apoyos a las cuidadoras para que la persona realmente reciba los cuidados que necesita”.
En lo económico, necesitan que se vuelva a conceder “todo el abanico de ayudas en entornos familiares o la de la asistente personal en casa, que sean compatibles según las necesidades de la persona dependiente y sus cuidadoras” y que revisen las incompatibilidades y los grados con más premura, para que los dependientes no fallezcan sin recibir su reconocimiento.
Las propuestas sindicales
Como representante de la parte sindical, Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), propone un acuerdo a tres años que pasa por incrementar la financiación en el sector de la dependencia en 4.000 millones, 3.000 por parte del Estado y 1.000 por parte de las Comunidades Autónomas, de forma que, para 2023, el Estado llegaría al 40% de la financiación.
Las medidas a adoptar, para Cabrera, empiezan por eliminar la lista de espera, dando respuesta a las más de 380.000 personas que están en ellas con o sin evaluación. Y continúan por “mejorar las condiciones laborales y retributivas de los cuidadores e incrementar la masa salarial un 18%, situando el sueldo de la gerocultora en 1.200 euros mensuales en el tercer año del acuerdo”.
También proponen incrementar en un 10% las ratios para dar una mejor atención a las personas dependientes y vincular el incremento de la financiación a la firma del convenio estatal en el sector.
La visión de la patronal
Por alusiones, Javier Sigüenza Hernández, secretario general de ASADE, expone las soluciones que presentaron en la Mesa de Diálogo y aclara que “se consensuaron con las representaciones sindicales un conjunto de medidas concretas”, como la contratación responsable y la estandarización en el servicio de ayuda a domicilio, la implementación de un código sectorial de buenas prácticas, la coordinación de actividades preventivas o la mejora en las condiciones operativas del servicio. También habría que disponer de un escandallo de costes del servicio, continuar el proceso de profesionalización de las personas trabajadoras en el SAD, intensificar la coordinación de las administraciones ante casos excepcionales y mejorar las condiciones laborales y retributivas de las personas trabajadoras en el sector.
Con respecto a la respuesta que esperan por parte del Ministerio, Sigüenza argumenta por qué en ASADE quieren ser optimistas: “consideramos que muchas de nuestras propuestas tienen encaje en la línea del actual Gobierno. Sobre todo, apostar por la calidad del servicio, la mejora de las condiciones y un mayor control por parte de las autoridades”. Todo lo cual no solo beneficiaría a las entidades que prestan sus servicios en los domicilios de las personas dependientes, sino también a las trabajadoras y a las personas dependientes.
