03 Ago Hacia un nuevo modelo de cuidados: cuando el mayor importa.
Tras el devastador efecto de la pandemia en las residencias, expertos del sector sociosanitario consideran que ha llegado el momento de definir, sin demora, el modelo asistencial del futuro.
EFE
Poner la tecnología al servicio del mayor para que pueda vivir en su casa todo el tiempo posible y concebir las residencias como unidades de convivencia son sus máximas.
Los profesionales abogan por «situar en el centro a la persona» y creen que la situación vivida estos meses en las instituciones geriátricas debe servir para impulsar una redefinición del modelo actual de los cuidados.
Un modelo cuestionado desde mucho antes de la COVID, ante la evidencia demográfica de una sociedad cada vez más envejecida y la necesidad de responder a una creciente demanda asistencial.
La crisis ha puesto sobre la mesa las carencias del sistema, ha dejado exhausto al sector y ha reabierto un debate eterno: ¿Cómo debe atender la sociedad a sus mayores?
MAYOR PERFIL ASISTENCIAL Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las encuestas de opinión que hace de forma periódica la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) a los usuarios de residencias revelan que solo el 4 % quiere vivir en estos centros.
Para esta sociedad científica, si se tiene como objetivo dejar que decida el interesado, el mayor reto de los Servicios Sociales es facilitar la permanencia en el domicilio el mayor tiempo posible.
José Augusto García Navarro, presidente de la SEGG, explica a Efe que es necesario potenciar el Servicio de Ayuda a Domicilio con un horario más amplio -ahora la media está entre dos horas y media y cuatro horas semanales- y garantizar que se cubran todas las franjas, también las tardes, las noches y los fines de semana.
Asimismo reclama más perfiles profesionales como complemento al trabajo del auxiliar. Si se quiere evitar la pérdida de actividad física, permitir las funciones básicas y superar el dolor psicológico que causan la soledad, el miedo, la ansiedad o la depresión se necesitan más fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y psicólogos, defiende García Navarro.
El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) advierte de que prácticamente «no existe mercado privado» en este ámbito. Cuando las familias necesitan contratar cuidados para un mayor dependiente, lo hacen en el servicio doméstico o en la economía sumergida y, en ambos casos, el trabajador suele carecer de formación específica.
Los expertos señalan que la ayuda domiciliaria se debe complementar dando entrada a las últimas tecnologías en la teleasistencia: sistemas de videoconferencia, telemonitorización de las patologías o control telemático de constantes vitales son medidas que se deben introducir de forma decidida, según la SEGG.
COMO EN CASA, EN NINGÚN SITIO
El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, parte de la misma premisa que esta sociedad científica: «Antes de hablar del modelo residencial hay que decir que, como en casa, en ningún sitio».
Por ello coincide en que el principal desafío es facilitar la permanencia en el hogar mediante la reconfiguración de la ayuda domiciliaria y una teleasistencia avanzada que incluya servicios sanitarios.
En cuánto debe aumentar el número de profesionales es algo difícil de concretar, dicen los especialistas, porque hay que individualizar cada situación. El presidente de la SEGG considera que, como mínimo, habría que multiplicar por tres las plantillas, lo que implica un importante esfuerzo presupuestario.
El incremento de gasto público para el primer escalón de la ayuda a la dependencia, no obstante, permitiría ahorrar en el «gran servicio» de la residencia geriátrica y en gasto médico, precisa este experto.
La atención domiciliaria se explica así como una actuación preventiva que ayuda a mejorar la salud del mayor. Vigilar que se toma bien la medicación, estimular su sistema osteomuscular o trabajar en la capacidad cognitiva redunda en su calidad de vida, pero también ahorrará visitas al médico.
Este primer gran objetivo para el futuro nuevo modelo asistencial -facilitar la permanencia en el hogar con protocolos que garanticen la atención sociosanitaria en el domicilio y la teleasistencia avanzada- se recogía en el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso.
El capítulo de políticas sociales fue rechazado en el pleno del 22 de julio, pero una semana después, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales anunció a los agentes sociales convocados en la Mesa de Diálogo Social que se plantea adaptar el modelo de dependencia a las «nuevas necesidades» de una población más longeva a través de un modelo que mejore la atención domiciliaria e impulse la teleasistencia.
APARTAMENTOS TUTELADOS: INTIMIDAD E INDEPENDENCIA CON GARANTÍA ASISTENCIAL
La Sociedad Española de Geriatría considera que aumentar la inversión es tan necesario como cambiar las prioridades presupuestarias para que se puedan impulsar sistemas de cuidados previos al modelo residencial.
Los centros de día y los pisos con servicios pueden ser, durante periodos prolongados y siempre que no exista una dependencia severa, soluciones alternativas.
Se trata de apartamentos adaptados a cualquier tipo de discapacidad física, con zonas comunes, servicios y supervisión las 24 horas. Allí los mayores pueden hacerse la comida o, si no están capacitados, comer en una zona común; disponen de servicios domésticos y tienen garantizado el control de enfermedades crónicas en el centro de atención primaria.
Las listas de espera para esta modalidad son inferiores a las de las residencias, dice el presidente de la SEGG, porque son una opción menos conocida. Su coste puede equivaler a un tercio de los centros residenciales.
LAS RESIDENCIAS, «EPICENTRO DEL CATACLISMO»
Las instituciones geriátricas constituyen el núcleo del sistema asistencial y han sido el centro de las críticas por la gestión de la COVID-19.
En un documento interno, el Ministerio de Sanidad cifraba entre 27.359 y 32.843 el número de fallecidos en las residencias hasta el 20 de junio. Según fuentes sanitarias, la escasa calidad de los datos aportados por las comunidades autónomas ha dificultado su difusión.
Durante los peores días de la pandemia, gestores de Servicios Sociales y responsables de residencias se unieron en una sola voz y con un único mensaje: «No conviertan a las víctimas en culpables».
La falta de respiradores, test, antivirales y antibióticos para los enfermos que no se podían trasladar a hospitales y la escasez de equipos de protección para los trabajadores provocaron una situación de colapso.
«Está claro que las residencias han sido el cataclismo de la COVID», reconoce a Efe el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes.
José Manuel Ramírez pide que la Justicia determine si hubo órdenes de no trasladar a los ancianos a los hospitales para evitar el colapso sanitario, pero afirma que muchos murieron «agarrados a la mano del auxiliar o del director y con el gran sufrimiento que produce una muerte por asfixia».
El debate sobre si hay que medicalizar o no estos centros es perverso, según este directivo, porque discrimina por la edad y por el lugar donde se vive (un centro geriátrico).
Considera que la medicalización solo tiene sentido en un momento de crisis como el de la pandemia, cuando los directores reclamaron personal y medios por la dificultad de hacer traslados hospitalarios.
Ante nuevos rebrotes, Ramírez pide que se monitoricen los datos de las residencias para implantar un sistema de alerta temprana que permita saber, con evidencia científica, qué se debe hacer.
«Sabemos lo que no hay que hacer: confinar en las residencias, porque no cumplen los requisitos para el aislamiento y se producen contagios». Como una posible alternativa propone los sistemas de drenaje: corredores seguros que permitan sacar a los enfermos reduciendo al máximo el riesgo de contagio para llevarlos a instalaciones COVID.
Las patronales también rechazan la medicalización de las residencias. Afirman que nadie estaba preparado para la catástrofe y reiteran que el problema ha sido la falta de coordinación sociosanitaria.
«Nosotros estamos para ayudar a los mayores en las actividades de la vida diaria. Se confunde quien intenta que en una residencia se cure. El centro geriátrico no es un hospital de crónicos, jamás ha sido concebido como un lugar de cuarentena y confinamiento», argumenta Pilar Ramos, vicepresidenta de CEAPs.
Sistemas informáticos compartidos entre la residencia y el centro de salud -que ambos puedan acceder al historial clínico y al historial social-, cobertura en los centros de atención primaria y derivaciones hospitalarias con garantías son sus principales reivindicaciones.
El compromiso de que los mayores sean parte del sistema sanitario y tengan asegurada su atención en aspectos preventivos y asistenciales también se recogía de forma expresa en el apartado de políticas sociales del dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social tumbado en el pleno del Congreso.
EL LARGO CAMINO HACIA UN NUEVO MODELO RESIDENCIAL
El Gobierno y las comunidades autónomas constituyeron hace dos meses la Comisión Delegada de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia para analizar la situación de las residencias y abordar el debate sobre el futuro del modelo de los cuidados.
En su reunión de junio, los directores de Servicios Sociales reclamaron al Ministerio de Derechos Sociales que aporte fondos para el Sistema de Atención a la Dependencia y para las residencias. Según su presidente, faltan «más de 70.000 plazas».
Un informe elaborado por la asociación a partir de los datos del IMSERSO de 2018 señala que solo se han incrementado en 12.353, lo que supone que la ratio se ha reducido de 4,56 plazas a 4,21 por cada cien ancianos. Andalucía, Valencia, Galicia, Murcia, Cataluña, Madrid, Canarias y País Vasco registran los mayores déficits.
Los gerentes constatan grandes diferencias entre los precios que abonan los usuarios en plazas públicas o concertadas, con cantidades que oscilan entre 7.000 y 11.000 euros anuales.
Ante estas cifras, piden que se abra un debate en profundidad sobre el modelo residencial para que se supere el carácter «sobreprotector» y se evite la masificación.
La Secretaría de Estado de Derechos Sociales defiende que el modelo al que hay que ir, como apuntan los expertos, ha de estar centrado en la persona, debe garantizar sus derechos y libertades y tiene que concebir las residencias como hogares, lo que requiere inversión, un determinado modelo organizativo y una cultura «asumida por todos».
RESIDENCIAS PROYECTADAS COMO UNIDADES DE CONVIVENCIA
El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales propone que los centros que se construyan a partir de ahora tengan al menos el 70 % de habitaciones individuales para asegurar la intimidad.
Pide asimismo que las residencias se puedan sectorializar en unidades de convivencia y pone el ejemplo de un centro de 150 plazas en el que se puedan establecer diez módulos de quince residentes. Las unidades convivenciales tendrían servicios comunes, como la lavandería, pero dispondrían, en este ejemplo concreto, de quince comedores para cada grupo.
La Sociedad Española de Geriatría apoya el modelo. «Creo que después del coronavirus se está produciendo el síndrome del crucero. ¿Ahora mismo nos iríamos de vacaciones a un crucero? La mayoría no. ¿Queremos residencias de 200 plazas? Tampoco, excepto que se diseñen de otra manera», argumenta su presidente.
Se puede mantener ese número de plazas, añade García Navarro, siempre que se proyecten en espacios horizontales, abiertos, sectorializables, con áreas comunes y zonas verdes. Con la misma dimensión, al final, la forma de vivir sería «mucho más humanizada».
Según la patronal, las unidades de convivencia ya se están creando en las residencias, en función de la salud, las necesidades de los residentes y, sobre todo, las sinergias entre ellos.
Las asociaciones de mayores y expertos en arquitectura saludable van más lejos y proponen que las nuevas residencias tengan capacidad solo para unas veinte personas y se ubiquen en lugares del entorno vital del mayor: desde núcleos urbanos -readaptando partes concretas de un edificio- hasta centros que estén en contacto con la naturaleza para quienes han vivido en zonas rurales.
Reforzar las plantillas, sobre todo en el ámbito de la enfermería, es indispensable, coinciden en señalar los especialistas, para conformar un modelo personalizado.
FONDOS DE INVERSIÓN: MÁS CONTROL Y TRANSPARENCIA
El modelo de residencias pequeñas, con una relación estrecha entre los ancianos y sus cuidadores, trata de hacerse hueco en un sector que resulta muy atractivo para los fondos de inversión.
«Invierte en las grandes tendencias demográficas», reza la publicidad de una gestora que tiene claro que el envejecimiento de la población sitúa a los mayores como un colectivo a tener en cuenta ahora y, más aún, en el futuro.
«Los fondos entran en el sector porque es un negocio seguro. Buscan un nicho que les dé constancia. Y garantía de que hay mayores va a haberla toda la vida», dice a Efe la vicepresidenta de CEAPs.
Su homólogo de la Sociedad Española de Geriatría añade una reflexión: «Un fondo de inversión quiere un beneficio económico y, por tanto, le da igual invertir en una residencia que en una compañía de pesca en el sur de África».
Por este motivo, García Navarro defiende que los servicios a personas vulnerables deben tener mayoritariamente financiación pública -en contraposición a un modelo donde prime la rentabilidad económica- y que esto implique que los órganos de gobierno no incluyan solo a las personas designadas por la propiedad, sino también a los usuarios y la administración.
Control y transparencia son para expertos, familiares, cuidadores y residentes un requisito indispensable para garantizar servicios asistenciales de calidad.
El presidente de la SEGG pone el ejemplo del portal de transparencia estadounidense ‘Nursing home compare’, donde se pueden comparar, entre otros parámetros, las ratios de personal, las inspecciones, las calificaciones o los índices de mortalidad, algo que no existe en España.
Mientras administraciones públicas, agentes sociales y expertos siguen debatiendo sobre el modelo asistencial del siglo XXI, los planes más vanguardistas empiezan a abrirse paso.
Uno de ellos, de carácter público, se localiza en el País Vasco, en Gipuzkoa, donde la Diputación impulsa planes de innovación en el ámbito de los cuidados.
Su proyecto estrella reúne todas las propuestas mencionadas por los expertos consultados: una residencia de 120 plazas con unidades convivenciales de quince personas atendidas por un auxiliar y con habitaciones individuales donde el mayor pueda recibir a sus familiares. Junto a ella, 21 pisos tutelados, un centro de día y oficinas de Servicios Sociales en torno a una plaza abierta a la ciudadanía.
El complejo se llamará Centro de Referencia para la Atención Integral al Envejecimiento y estará ubicado en la localidad de Pasaia.
La pandemia ha retrasado la puesta en marcha de la iniciativa, pero ya está sobre la mesa y a la espera de saltar de los planos al terreno. Su objetivo: ofrecer a los mayores la anhelada residencia-hogar y demostrar que se puede contribuir a que la vejez no suponga un gran sufrimiento, sino solo un ciclo más de la vida.
