22 Jun Cómo han de cambiar los cuidados y las residencias de personas mayores.
Miles de personas han muerto en las residencias de mayores entre marzo y mayo de 2020. Los residentes han aportado la mayoría de los muertos al covid-19.
Lázaro González
Sería imperdonable que todo termine en discursos y en levantar monumentos a los muertos, diciendo que los mejores se han ido.
Tampoco basta con pedir responsabilidades, aunque esa también ha de ser una deuda que tenemos que saldar con el sufrimiento y el abandono de quienes se han ido, en muchos casos sin poder despedirse de los suyos. Es una deuda, porque quizá estuvimos mirando hacia otro lado mientras entre otros el Informe del Defensor del Pueblo de 2019 denunciaba que: faltaban plazas asequibles para residentes; que las normativas de las Comunidades Autónomas responsables de las residencias eran muy dispersas; que no había estadísticas fiables y actualizadas; que escaseaba el personal de cuidados, estaba poco cualificado y menos considerado; que los residentes sufrían inseguridad jurídica porque se violaban en ocasiones sus derechos humanos; que no había un modelo de atención sociosanitaria que garantizara la atención a las personas mayores; que faltaban recursos para la inspección de las residencias y que algunas administraciones responsables no tenían siquiera un plan de inspección creíble. El Informe resumía que se necesitaban reformas legislativas para garantizar derechos fundamentales de las personas mayores, que era imprescindible una mayor dotación presupuestaria, formativa e inspectora. Constataba, asimismo, que la mitad de las Comunidades Autónomas no le habían suministrado los datos que les había solicitado.
La pandemia del covid-19 ha puesto de relieve que no fuimos capaces de prevenir la catástrofe en las residencias, que seguimos ignorando los derechos de las personas para un envejecimiento activo y saludable, y que la catástrofe puede volver, si no hacemos cambios en la buena dirección. Hemos convertido el que nació como un servicio público en un negocio privado en el que era rentable invertir. Pensamos que, si volviera la desgracia masiva de las residencias, habremos fracasado definitivamente como sociedad.
Ahora hemos de mirar adelante y cambiar la situación de los cuidados y de las residencias de personas dependientes, para que lo que ha ocurrido no vuelva a suceder nunca más. Es lo que hemos pretendido y que acabamos de hacer público desde la Asociación contra la Soledad en un informe que propone medidas urgentes y un cambio de modelo de Centros Residenciales de personas mayores.
El informe propone que hay que empezar por ordenar el caos actual, disminuyendo la dispersión normativa y de condiciones de trabajo de los profesionales de cuidados. Esta tarea debe ir acompañada de un mecanismo eficaz de recogida de datos, que permita compartir estadísticas fiables. Ambas son recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Falta también una legislación que garantice la igualdad de trato a los residentes en el conjunto del territorio español, junto con una mayor oferta de plazas públicas que eviten las largas listas de espera actuales. Para ello es preciso revisar la programación actual en la que los dos tercios de las plazas son privadas, a las que por su costo no puede acceder la mayoría de la población.
Entre las medidas urgentes, que no deberíamos retrasar ni un día más, el Informe recomienda poner en marcha un sistema de inspección riguroso de las residencias, con el personal técnico adecuado. Requiere que se garantice la atención a la salud de las personas residentes, tanto la primaria como la hospitalaria, dentro de un modelo sociosanitario, como prevé nuestra legislación. Las residencias son lugares para vivir con dignidad y derechos, no asilos decimonónicos de custodia en los que se espera la muerte.
La meta final ha de ser cambiar profundamente el modelo de cuidados residenciales, cuyas características resumimos así:
Los cuidados deben estar centrados en las personas para garantizar sus necesidades sociales, sanitarias, de seguridad, de convivencia y de intimidad.
Hasta donde sea posible estos cuidados de mayores deben ser provistos en las propias casas y en el entorno donde siempre han vivido, que es lo que quieren las personas de avanzada edad. Ello solo será posible si existen suficientes servicios de proximidad, ayudas a domicilio, teleasistencia, modelos de viviendas compartidas, pisos tutelados o conjuntos residenciales con apoyos específicos, que deben ser previstos en los planes urbanísticos para una población cada vez más envejecida.
Hace tiempo que no nos sirven las macro-residencias, que ahora suman la oferta mayoritaria de plazas, porque no permiten las condiciones de espacio propio, intimidad y convivencia cercana.
Las residencias deben contar con un órgano de participación democrática o consejo de residencia, en el que los residentes o sus familias puedan exponer sus demandas, aportar soluciones o ejercer un control de sus propias vidas. No han de ser espacios solo “para” mayores, sino también “de” mayores.
Finalmente, los cuidados deben estar a cargo de personas bien formadas, socialmente reconocidas, con unas condiciones laborales dignas y con un número de residentes reducido a quienes puedan ofrecer una atención personalizada. Dada la situación actual de carencias, las “ratios” de personal deben ser al alza.
Creemos que este modelo requiere un replanteamiento profundo de la situación actual, una financiación adecuada y una valoración de la vejez como una etapa de la vida en la que se pueda seguir siendo miembro activo de la sociedad con una vida saludable. Requiere también un pacto entre el Estado, el Mercado y la Ciudadanía para su financiación y funcionamiento. Es realizable a no muy largo plazo. Es nuestro tributo indispensable a quienes hubieran preferido poder vivir y morir más dignamente.
