19 Dic Los dependientes esperan de media 426 días para ser atendidos
La lista ha aumentado por primera vez desde 2016. Casi 423.000 personas aguardan a que se tramite su expediente. El tiempo varía enormemente entre comunidades
María Sota Troya – Madrid
Son 426 días de espera. Este es el tiempo medio que debe aguardar en España una persona en situación de dependencia mientras se tramita su expediente. Lo que transcurre desde que presenta la solicitud y recibe la prestación o servicio, según el borrador de la nueva estadística del Imserso. Hasta ahora, el dato se desconocía. En el documento, presentado a las comunidades autónomas el pasado octubre, se establece el plazo correspondiente a cada territorio, pero de manera anónima. Un análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector, revela a quién corresponde cada cifra. La normativa establece que el plazo máximo que las comunidades tienen para resolver los casos es de 180 días. Pocas cumplen. En Canarias, la peor parada, alcanza 785 días, más de dos años. En País Vasco y Navarra, 137 y 155, respectivamente.
Casi 423.000 personas aguardan en España dentro del sistema para la dependencia, bien para ser valoradas o para recibir la prestación a la que tienen derecho —solo estas últimas se contabilizan oficialmente como lista de espera—. La cifra se ha incrementado en más de un 10% entre enero y noviembre. Y por primera vez desde 2016 aumentan las personas que, pese a tener derecho, no están siendo atendidas. Ahora mismo son cerca de 266.000.
Según el borrador del Imserso, realizado con datos de junio, solo cinco territorios se acercan a los seis meses que marca la normativa para resolver los expedientes. El análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes señala que son las ciudades de Ceuta (70), Melilla (170), País Vasco y Navarra. En el otro extremo están cuatro comunidades que exceden los 18 meses: Canarias, Extremadura (675), Andalucía (621) y Cataluña (576). La asociación precisa que en su análisis, para territorios con cifras muy similares, podría haber algún error de tiempos de asignación, especialmente entre Asturias, Aragón y Murcia o entre Andalucía y Extremadura y entre Navarra y País Vasco. En cualquier caso, la estadística permite dimensionar el lapso entre la realidad y lo que exige la ley.
“Que se haya incrementado la lista de espera y se aguarde una media de 426 días es insufrible para las personas vulnerables”, lamenta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes. “Es intolerable para los gobernantes, que deben buscar una solución inmediata”. Por ello pide más recursos para una ley que tiene 13 años y sigue lastrada por los recortes de 2012. “Ya es hora de una inyección financiera decidida”, afirma. Según la asociación, esta es una de las razones que explican la situación actual: el tijeretazo generó “enormes bolsas de desatención”. La otra, un “disparatado entramado burocrático”. En todas las autonomías a excepción de País Vasco, Madrid o Castilla y León hay dos resoluciones administrativas para conceder la ayuda.
Mercedes Romero cuenta que en el caso de su madre el proceso duró dos años. Presentó la solicitud y aguardó todo este tiempo a percibir una prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Todo empezó en 2014. A su madre, que ahora tiene 84, le detectaron alzhéimer. Un año después, pidió que la valoraran. Le otorgaron el grado uno, el más bajo de los tres que hay. Su padre, de 86 años, cobra “unos 160 euros al mes” de prestación por cuidados. La media en España es de 140 euros, según el borrador de la nueva estadística del Imserso. De 245 euros para el grado dos y de 340 para el grado tres. Hay importantes diferencias entre territorios. Los datos también revelan que las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio implican un “segundo copago” para el usuario, que se ve obligado a abonar la diferencia entre la cantidad que recibe —550 euros al mes de media para una residencia— y el precio real, que fácilmente triplica ese importe.
El problema de Romero y su familia es que cuando su padre comenzó a cobrar la prestación por cuidar de su madre, él también había enfermado. “Cáncer de colon, insuficiencia renal, anemia crónica, problemas de movilidad… A partir de ahí, caídas constantes e ingresos en el hospital. Me vi atendiéndolos a los dos yo sola”, cuenta esta auxiliar administrativa de 54 años, que vive en Terrassa (Barcelona). Hace dos meses pidió la ayuda por dependencia para su padre. “Tuve que dejar toda mi vida de lado”, añade. “Perdí incluso a mi pareja. Caí en una depresión atroz”, explica. “Mi madre no sabe cocinar, no se acuerda de comprar, deja de lavarse…”. Así que ella, que es mileurista, decidió recurrir a una residencia. “Ingresaron el miércoles. Son 4.400 euros por los dos. Pueden permitírselo porque vendieron una casa. Pero dará para un par de años. Después ya veremos cómo lo hacemos”, dice Romero.
“En ciudades como Barcelona la lista de espera a través del sistema de la dependencia para acceder a una residencia llega a los cuatro años”, expone Andrés Rueda, presidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia (Ascad). “Con las proyecciones de población, tendrían que crearse 115 plazas al mes de aquí a 2033 para seguir igual que ahora, es decir, para que no aumente la proporción de desatención que ya tenemos [31,5%]. En los últimos siete años se han creado solo siete al mes”, asegura. “El sistema está colapsado. Estas cifras serían inaceptables en otros ámbitos, como el de la educación o la sanidad. No se pueden normalizar”, añade.
La Asociación de Directoras y Gerentes puntualiza que, a pesar del incremento paulatino del número de atendidos en España de los dos últimos años —hasta los 1,1 millones que reciben prestaciones en la actualidad—, el ritmo es “claramente insuficiente” para absorber la demanda. Ramírez considera que la atención a la dependencia constituye un cierto apoyo, “pero casi nunca una solución”. Al tiempo, destaca el “esfuerzo” del Imserso por mejorar los datos. “Pese a que la estadística contiene cifras a revisar o mejorar en su calidad, es un primer paso para que se promuevan mejoras”, sostiene. Reclama acción urgente: “Estimamos que en 2019 morirán sin haber sido atendidas 31.000 personas que tenían algún grado de dependencia reconocido”. Son unas 85 personas diarias que fallecen sin haber ejercido sus derechos. El 54% de los solicitantes supera los 80 años.
Paula prefiere no dar su nombre. Es auxiliar administrativa y vive en Gran Canaria. Su padre murió hace un mes y medio. Tenía 75 años y pasó una década con alzhéimer. Su madre, que ahora tiene 73, lo cuidó casi todo el tiempo. El 75% de las cuidadoras son mujeres, según el borrador de la estadística del Imserso. El 45% tiene de 50 a 56 años. El 36% son hijos o hijas de la persona dependiente; cerca del 23% son madres; casi el 12,8%, cónyuges. Paula presentó la solicitud en mayo de 2017. “En un año no tuve noticias, así que reclamé. En julio de 2018 valoraron a mi padre”, afirma. “En diciembre nos informaron de que tenía un grado dos”. Comenzaron a pagarle a su madre una prestación de 252 euros, dice, y entró en lista de espera para una residencia. Pero tuvo que ingresar en una antes de que le dieran plaza. Fue en agosto y tuvieron que pagar cerca de 1.900 euros al mes. “Ya no me conocía, tenía pérdida de equilibrio, usaba pañal… Había que ayudarle para todo”, recuerda Paula, que tiene 48 años.
El director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno canario, Miguel Montero, explica las malas cifras de las islas “por no haber aplicado la ley durante casi 10 años”. Y sigue: “Hay prestaciones que no se han desarrollado. Y lo peor es que solicitan esta ayuda menos personas que en otras comunidades. Hay gente que directamente ni lo intenta”. Por ello asegura que en esta legislatura esperan darle un empujón al sistema. Paula recuerda el calvario por el que pasaron sus padres, él enfermo y ella sobrecargada. “Es muy duro. Personas que sufren tanto no pueden caer en el olvido. Tiene que haber más recursos”.
“A MI MADRE LE RECONOCIERON LA AYUDA HACE TRES AÑOS Y AÚN NO LA RECIBE”
Cuenta que la enfermedad es muy dura. Pero también lo es el proceso que deben seguir las familias para reclamar sus derechos. Flory Déniz vive en Gran Canaria, en la comunidad con los peores datos en cuanto a los días de espera hasta recibir una prestación o servicio a través de la ley de dependencia. Más de dos años, según el análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a partir de datos oficiales recogidos en el borrador de la nueva estadística del Imserso. “En el caso de mi madre han sido tres. Y me dicen que tenemos que esperar más”, afirma. Cuenta que está “desesperada” y que siente “desamparo” por parte de la Administración. “Mi madre cumplirá 84 en enero. Es gran dependiente, el mayor grado de todos. Vive en casa, encamada. Ya no me reconoce. He tenido que contratar a una persona interna porque si no, no podríamos cuidarla”, explica. Ella lleva mayoritariamente el peso de las tareas, aunque su hermano también colabora.
En 2013 llegó el diagnóstico. “Te coge por sorpresa, no sabes cómo actuar”, explica esta maestra de 53 años, que vive en la Vega de San Mateo, una localidad con unos 7.600 habitantes. “En enero de 2016 presentamos la solicitud. La valoraron muy rápido y yo me quedé contentísima, pensando que la gente exageraba cuando criticaba el sistema”, añade. “Pero me equivoqué. En enero de 2017 le reconocieron el grado dos. No nos dieron el plan individualizado de atención hasta febrero de 2019. Pedimos ayuda a domicilio. Aún estamos esperando”. Sin embargo, la situación se agravó aún más en 2018, por lo que solicitó una revisión de grado. “En julio nos dieron el grado tres. Pero nada ha cambiado. La solución que me dan es que contrate a una empresa externa, 800 euros al mes por tres horas diarias de lunes a viernes, y presente las facturas, que ya me lo devolverán luego”.
La situación en su casa se hace cuesta arriba. “Mi padre, que está a punto de cumplir 85 años, también está enfermo. Se le juntan muchas patologías, entre ellas, una insuficiencia cardiaca grave. Está monitorizado desde el hospital y me avisan cuando algo va mal y lo llevo corriendo. Pero no le reconocen dependencia”.
“Cobro 1.800 euros, estoy divorciada y tengo un hijo universitario. Con mis ingresos y los de mi hermano, más la pensión de mis padres, hemos contratado a dos personas para que los cuiden. El esfuerzo que estamos haciendo es enorme”, explica. Cada sábado y cada martes prepara la comida de la semana. Los fines de semana son ellos quienes cuidan a sus padres.Le preocupa el futuro. “Llegará un momento en que mi madre deje de poder tragar. Tendrá que ir a un servicio especializado, en casa no podremos atenderla”. Así que en julio solicitó una orden judicial para poder ingresarla en una residencia. “Saben qué enfermedad tiene y aun así exigen este trámite”. Cuando finalice el proceso, la pondrán en lista de espera. Esa es la principal preocupación de su padre. “Quiere estar con ella hasta el final”.
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