20 May Ángel Hernández relanza la causa de la eutanasia al autoinculparse de ayudar a morir a su esposa
Un hombre ayuda a su pareja, con esclerosis múltiple, a acabar con su vida y se convierte en el primer detenido por ese motivo. Varios expertos critican el arresto.
EMILIO DE BENITO / CECILIA JAN – MADRID
Ángel Hernández ha dado un paso inédito en la lucha por la eutanasia en España. Ha grabado un vídeo de dureza extraordinaria en el que acerca el vaso con la pajita a su mujer, María José Carrasco, para acabar con su vida, tal y como ella había pedido tantas veces. Y ha querido que ese documento estremecedor salga a luz para que todo el mundo vea “el sufrimiento y el abandono” por el que estaba pasando la pareja. Así lo aseguró este jueves su abogada, Olatz Alberdi, quien contó que el hombre se autoinculpó de inmediato ante los médicos que acudieron a la casa cuando él los llamó. “Siempre ha dicho que no iba a hacerlo de forma encubierta, que quería darle luz al tema”.
Ángel Hernández pasó la noche del miércoles en un calabozo de una comisaría de Madrid y este jueves ha prestado declaración ante el juez, antes de poder volver a casa tras ser puesto en libertad sin medidas cautelares. “A ver si así puede empezar el duelo, que está hecho polvo”, afirmó Alberdi.
No ha sido el único que ha tenido que acudir a ayudas clandestinas ante la negativa del Estado a proporcionar una muerte digna para un paciente irremediablemente abocado a una muerte pronta e inmerso en un sufrimiento diario. Pero desde Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que se suicidó en 1998 con la ayuda de una amiga, ningún caso ha cobrado tanta fuerza mediática.
María José Carrasco padecía desde hacía 30 años una esclerosis múltiple. En octubre pasado concedió una entrevista a EL PAÍS donde declaraba su inequívoca voluntad de acabar con su vida. Hablar le era ya muy difícil, al borde de la asfixia. Y también tragaba con dificultad debido a la atrofia que iba invadiendo su cuerpo. “Él no tiene miedo, pero yo sí”, decía entonces. Se refería a lo que le podía pasar a su marido si la ayudaba. Quién sabe lo que ha pasado en ese domicilio madrileño desde entonces, pero el miércoles, Hernández venció al miedo y le preparó la medicación definitiva. Le pregunta a su mujer en el vídeo si quiere morir como le ha dicho otras veces y ella responde que sí con la cabeza. Él le propone hacerlo al día siguiente: “Cuanto antes”, dice ella sacando fuerzas de su cuerpo de trapo.
Un piano en silencio
María José Carrasco tenía 61 años y había sido secretaria judicial, una mujer activa, inquieta. Pero hacía ya años que el piano que tocaba había enmudecido, que los pinceles con los que pintaba se habían secado. Su deterioro físico llenó la casa de barandillas, cayeron tabiques y puertas, se adaptaron las habitaciones. Primero para la silla de ruedas, luego para la grúa. Prácticamente paralizada y con problemas de visión y audición, el televisor había crecido para que los dos pudieran ver películas antiguas.
Varias veces pidieron ayuda, en una ocasión solicitaron una plaza en una residencia que permitiera al marido operarse de una hernia. Finalmente, solo consiguieron sedantes, que ella rechazaba. “No quiero dormirme, quiero morir”, confesaba en octubre. Finalmente, llegó el momento. Ramón Sampedro grabó su muerte en 1998 para exculpar a quien le ayudó, Ramona Maneiro. Esta vez, el culpable ha quedado expuesto. La cooperación necesaria para el suicidio está castigada en España, aunque si se hace con una persona en estado muy grave que lo pide se considera que hay un atenuante.
El artículo 143.4 del Código Penal, aplicable a este caso, establece una horquilla de pena atenuada, que estaría entre los seis meses y los dos años de cárcel, según calcula José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Siendo así, Hernández probablemente no entraría en prisión. Martín Pallín, en la actualidad abogado, critica la detención: “En un caso así, sin riesgo de fuga, hubiera bastado con que la policía le llamara a declarar y luego pasara el atestado al juzgado de guardia”. El jurista considera que Hernández debería solicitar la exención de responsabilidad por actuar “en el cumplimiento de un deber moral, amparado por el derecho a la dignidad recogido en la Constitución”.
“En España, aunque la eutanasia está prohibida, el Código Penal tiene en cuenta la compasión e introduce una atenuante muy privilegiada”, explica Federico de Montalvo, jurista y presidente del Comité Español de Bioética. “No me gusta la idea de una eutanasia institucionalizada, pero en casos concretos, cuando se hace por amor y a petición, no sé si hay un reproche penal que justifique que esa persona entre en prisión”, opina.
Según la asociación Derecho a Morir Dignamente, con la que Hernández se puso en contacto tras atender la petición de Carrasco, este hombre es el primer detenido por ayudar a alguien incapacitado a morir. Hace más de 20 años, cuando Hernández aún trabajaba como técnico de audiovisuales de la Asamblea madrileña y ella ya estaba enferma en casa, se la encontró un día agonizante tras un intento de suicidio. Entonces llamó al servicio de emergencias y lo impidió. Pero le prometió que nunca más interferiría en su decisión.
En octubre, cuando hablaron con EL PAÍS, tenían sus esperanzas puestas en la ley de eutanasia que promovía el PSOE. Inquietos pero bien informados, temían que la precariedad del Gobierno impidiera llevar a cabo la tramitación. No han podido esperar. Derecho a Morir Dignamente exigió este jueves a los “futuros diputados y diputadas que regulen y despenalicen la eutanasia urgentemente”, algo en lo que está de acuerdo la mayoría de la población, según el CIS. Lo que ha hecho Ángel Hernández, dicen, “solo puede entenderse como un acto de amor”.
LO QUE DICE EL CÓDIGO PENAL
El artículo 143 del Código Penal, aprobado en 1995, regula la inducción y la cooperación al suicidio. Su apartado 4 es el que, según los juristas, sería aplicable en el caso de Ángel Hernández y María José Carrasco: “El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”.
El número 2 impone una pena de prisión de dos a cinco años “al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona”. Según explica el jurista José Antonio Martín Pallín, la pena aplicable, de rebajarse un grado, quedaría en una horquilla entre uno y dos años, pero en este caso “es clarísimo que habría que bajar la pena en dos grados”, opina, con lo que quedaría entre seis meses y un año.
“LA DESOBEDIENCIA CIVIL QUEDA JUSTIFICADA”
La familia de Maribel Tellaetxe, que murió el 6 de marzo en el País Vasco afectada de alzhéimer sin haber conseguido la eutanasia solicitada, reaccionó en la mañana de este jueves ante la muerte de María José Carrasco: “A este hombre [el marido] la ley le ha puesto entre la espada y la pared. Esta persona se ha visto en la disyuntiva de delinquir o ver cómo sufre su mujer. Lo que ha hecho es un acto de amor y de valentía y cuenta con todo nuestro respeto, apoyo y admiración”, ha dicho David Lorente, uno de los hijos de Tellaetxe.
Lorente opina que la detención de Ángel Hernández se produce porque “ha delinquido a efectos de la ley, y las leyes hay que respetarlas mientras intentamos mejorarlas”. Pero se pregunta: “¿Qué pasa cuando una ley atenta contra las libertades individuales, contra los derechos humanos, y supone un crimen contra la humanidad? Ocurre que la desobediencia civil queda justificada”.
En el caso de Maribel, no lo hicieron. “Mi padre nos dijo que la voluntad de nuestra madre era seguir sufriendo antes de que nosotros nos arriesgásemos a ir a la cárcel”, admite Lorente. “Por eso no somos mejores personas que él. Pero tan legítima es la vía que ha tomado este señor como la nuestra. Éticamente estamos a su mismo nivel”, afirma.
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