27 Ene La Fiscalía de Galicia alerta del aumento de peticiones para incapacitar a personas mayores
Los expedientes incoados han pasado de 2.600 en 2013 a 3.455 el pasado año.
DAVID REINERO
“ Especialmentes vigilantes” para proteger los derechos de personas de edad avanzada ante los retos que impone el envejecimiento de la población. Esa es la alerta que lanzó esta semana el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, al entregar en el Parlamento autonómico la memoria anual de su departamento correspondiente a 2017. La propia Fiscalía destaca como elemento principal del informe que “los expedientes de incapacidad incoados en Galicia en los últimos cinco años se incrementaron en un 32%, al pasar de 2.600 en el año 2013 a 3.455 en 2017”. Buena parte de los adultos incapacitados son tutelados por familiares, pero la Xunta supervisa ya a cerca de 3.500 y, a pesar de admitir también que la cifra seguirá aumentando, solo destina a esas tutelas a 23 personas y no prevé incrementar esa plantilla.
Según la memoria de la Fiscalía, en 2017 las demandas de incapacidad presentadas por los fiscales fueron cerca de 1.200, cifra similar a la del año anterior. Sin embargo, las demandas presentadas por particulares se dispararon desde un número similar en 2016, unas 1.200, a más de 1.800 en 2017. Igualmente, respecto a 2013 los expedientes de internamiento de adultos aumentaron un 24%, pasando de 3.921 a 4.637.
La propia Fiscalía reconoce que estos datos muestran solo una parte de un “universo más amplio de necesidades donde las autoridades judiciales deben intervenir para garantizar un trato adecuado a las personas mayores y perseguir conductas criminales que pueden dar lugar a abusos, maltratos o abandono”. En esa línea, Suanzes anunció que en las próximas semanas se creará una red de puntos de contacto entre la Fiscalía y la Cruz Roja para “detectar situaciones de vulnerabilidad que puedan afectar a los derechos fundamentales de este colectivo y establecer medidas jurídicas de protección”.
La incapacitación de adultos requiere de una orden judicial que establece una tutela o curatela de la persona a cargo de otra, familiares en la mayoría de los casos, o de alguna institución. En Galicia la Fundación Gallega para la Tutela de Adultos (Funga), dependiente de la Xunta, es el ente encargado en la actualidad de tutelar la cerca de 3.500 personas adultas encomendadas por los jueces por considerar que esa era la mejor opción.
Sin embargo, para supervisar a todas esas personas la Xunta sólo cuenta con 23 trabajadores, cifra que apenas varió en los últimos años. Y que el Gobierno gallego no prevé aumentar a pesar de que, como la Fiscalía, acaba de considerar nuevamente, en la memoria de sus Presupuestos para 2019, que el número de tutelados va a seguir aumentando por el “progresivo envejecimiento de la población” y el “incremento en los últimos tiempos del número de personas diagnosticadas con enfermedades mentales”, factores a los que añade “el desarraigo familiar existente en nuestra sociedad en relación con estos sectores de la población”.
Dándole la razón a la Fiscalía en su alerta sobre las “conductas criminales” que pueden sufrir las personas tuteladas, diversas sentencias vienen poniendo de manifiesto en los últimos años la incapacidad de la Funga de atender adecuadamente a todos sus tutelados, varios de los cuales cometieron o sufrieron delitos. Una incapacidad de la Xunta que acaba siendo paliada en numerosas ocasiones por entidades sociales a las que la Funga desvía la atención de sus tutelados. Tras más de tres años con el puesto de director-gerente de la Funga vacante, la Xunta acaba de encomendárselo a un cargo del PP de Ferrol, Juan José Couce Prego, cuya principal experiencia previa en el sector fue ser asesor del anterior conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela.
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