26 Oct El 20% de los solicitantes de residencia muere antes de tener plaza
* En el último año, 307 solicitantes murieron en sus casas, atendidos a través de otro tipo de recursos públicos.
* El ingreso en un geriátrico se hace cada vez más tarde y en peor situación de salud.
ARANTXA ALDAZ – SAN SEBASTIÁN
No es lo habitual, pero tampoco resulta extraordinario que cuando los servicios sociales descuelgan el teléfono para comunicar a una persona mayor o a sus familiares que existe una plaza disponible en una residencia, el solicitante haya fallecido. 307 personas murieron en Gipuzkoa en el último año sin recibir la plaza que habían reclamado para ingresar en un geriátrico. El dato representa al 18% de las personas que, por diferentes motivos, causaron baja en la demanda de este recurso público. O lo que es lo mismo, prácticamente una de cada cinco bajas fueron por fallecimiento, según la información recogida en una respuesta a EH Bildu en Juntas Generales.
El dato frío y sin contexto señala directamente al problema de la lista de espera que se arrastra especialmente desde hace cuatro años, cuando se recuperó la demanda que había quedado estancada por la crisis económica y se constató la falta de recursos disponibles y la escasez de plazas abiertas en los anteriores años. A 30 de junio, el último dato disponible, 771 personas esperaban en Gipuzkoa la llamada para ingresar en un geriátrico, un número que se ha estabilizado en los últimos meses tras rozar las mil personas en julio del año pasado. La espera media se ha alargado hasta los 204 días, casi siete meses. La Diputación ha tenido que desplegar un plan de choque con el compromiso, entre otras medidas, de habilitar 300 plazas para final de legislatura (el año que viene), en residencias y centros de día.
Es evidente que faltan plazas para absorber toda la demanda -y de hecho en un escenario perfecto seguiría habiendo una lista de espera reducida, que llaman técnica-. Pero también hay una lectura que no se puede pasar por alto: el cambio de perfil de los solicitantes, cada vez más mayores y en peor estado de salud, tiene su reflejo no solo en que algunos fallecen en la lista de espera, sino también en que se ha incrementado el número de personas ingresadas que mueren al poco tiempo de ocupar la plaza, explican desde el Departamento de Políticas Sociales.
En el lenguaje administrativo, se habla de una «elevada rotación» en los centros, lo que significa que muchos perecen y dejan libre su plaza en pocos meses. La edad media de las personas en lista de espera es de 85,24 años, según los últimos datos publicados por el Departamento que dirige la jeltzale Maite Peña. También se sabe que, de media, los ancianos viven 3,7 años en una residencia, un tiempo de estancia que ha ido acortándose en paralelo a ese perfil cada vez más envejecido y con mayores cargas sanitarias.
En la misma proporción, señalan desde el Departamento, cuando están en lista de espera, la posibilidad de que mueran sin recibir el recurso también se ha elevado debido a esa «mayor fragilidad» de los solicitantes, que tocan a las puertas de una residencia en muchas ocasiones en situación extrema, incluso terminal, para que el anciano pase allí sus último días. «Las familias poco a poco han ido postergando la decisión de ingresar a su ser querido en una residencia, y cuando ya claudican, esas personas están en situación muy delicada», describen desde el departamento. Y a veces, cuando se libera una plaza, ya es demasiado tarde.
«Bien protegidos»
Las personas responsables de gestionar la lista de espera en residencias están familiarizadas con la realidad de la muerte de las personas que solicitan o están ingresadas en una residencia, pero no por ello el dato deja de ser «un drama» en sí mismo. De ahí que el empeño de los servicios sociales no es solo concertar las 300 plazas comprometidas sino que las personas mayores o dependientes están «suficientemente bien protegidas en sus casas».
El Departamento subraya que el 80% de las personas en lista de espera para un geriátrico está siendo atendida en su domicilio a través de otros recursos públicos: el servicio de ayuda a domicilio (SAD), centros de día o sociosanitarios, estancias temporales o a través de algún tipo de prestación económica por dependencia para sus cuidados.
El reparto de las plazas que quedan libres no se hace por simple orden de lista o tiempo de espera, añaden desde el Departamento para explicar cómo se gestiona la compleja lista. El acceso a los recursos responde a varios criterios. El primero, al grado de dependencia, es decir, en teoría se da prioridad a quienes mayor deterioro sufren. Pero también se observan otros factores, como es la situación social del solicitante («si tiene una red de apoyo o no»), su capacidad económica (cuanto menos recursos, más opciones), y la situación de la vivienda. Del conjunto de requisitos resulta una puntuación total, que determina el orden de entrada a un recurso.
Dar prioridad a las personas dependientes en situación más severa no significa que se desatienda a quienes sufren un deterioro moderado o leve. El decreto foral por el que se regula la lista de espera establece el compromiso de atender la demanda en un plazo máximo de seis meses. La espera media, sin embargo, se ha elevado hasta los casi siete meses (204 días).
También hay quien renuncia
Los responsables de gestionar la lista de espera asumen que existe un problema de plazas que ha alargado esa demora, pero también subrayan otros datos «llamativos», como el hecho de que el 12% de los solicitantes de una plaza salen de la lista de espera al renunciar dos veces a una plaza, un rechazo permitido solo en circunstancias excepcionales, similar a lo que ocurre con la demanda de una vivienda pública (VPO).
Esas renuncias, un volumen nada desdeñable (198 personas en el último año), distorsionan en parte el tiempo de espera, apuntan desde el Departamento, que señala a su vez a otras circunstancias particulares que pueden alargan esa cifra media, por ejemplo que el solicitante esté ingresado en el hospital en el momento en el que se queda libre una plaza.
En el lado positivo, no puede obviarse que el grueso de las bajas en la lista de espera se deben a que ingresan en una residencia. En el 70% de los casos se cumple el objetivo de responder a la demanda, con mayor o menor espera, eso sí. Los esfuerzos de la Diputación se están dirigiendo a la apertura de nuevas plazas públicas, pero la ‘receta’ no solo puede basarse en ese modelo de concertación, puesto que la particularidad de Gipuzkoa es que la mayor parte de la red de centros ya son públicos o están concertados, y apenas hay margen de plazas privadas que concertar.
La respuesta ante el reto del envejecimiento vendrá también a través de dos nuevas residencias en Gipuzkoa. Los futuros centros de Pasaia e Irun supondrán la creación de 250 plazas, aunque no estarán disponibles de un día para otro, puesto que primero hay que construir sendos proyectos.
Al tratamiento para paliar las listas de espera hay que sumarle otra medida que ya ha empezado a tener repercusión. El cambio en el sistema de prestaciones por dependencia ha reforzado la ayuda foral que se concede a las personas en lista de espera que optan por ingresar en una residencia privada, ante la falta de un recurso público. Los requisitos para optar a la llamada prestación vinculada al servicio (PEVS) se han flexibilizado, y además se han aumentado las cuantías mensuales. En junio, 267 personas se beneficiaban de esta subvención, cuando hace menos de un año eran 180.
www.diariovasco.com/gipuzkoa/cinco-guipuzcoanos-lista-20180925002654-ntvo.html
