11 Ene El 80 % de niños y jóvenes con discapacidad estudia en centros normalizados
La formación ha sido uno de los pilares del Plan de Acción de la Estrategia Española de la Discapacidad 2014-2020, para reducir la tasa de abandono escolar y aumentar el número de personas con discapacidad con educación superior
EFE – MADRID
La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha dicho hoy que el 80 por ciento de los niños y jóvenes con discapacidad estudia ya en centros normalizados, lo que supone un importante logro para su inclusión social, aunque queda camino por recorrer.
Lo ha expresado en la inauguración de las jornadas de discapacidad «Titulares para la superación», organizadas por el diario ABC, donde ha destacado la importancia de mejorar el acceso a la formación de las personas con discapacidad para lograr su plena inclusión social.
La formación ha sido uno de los pilares del Plan de Acción de la Estrategia Española de la Discapacidad 2014-2020, para reducir la tasa de abandono escolar y aumentar el número de personas con discapacidad con educación superior, según una nota del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En cuanto a los estudios superiores, en 2014 se estableció la reserva de un 5 por ciento de las plazas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para estudiantes con discapacidad y, para los que quieran acogerse a la formación en el extranjero, se incrementará la cuantía de las ayudas a la movilidad del programa Erasmus.
Además, por primera vez, se han regulado las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios con discapacidad, quienes gozarán de prioridad en la elección y en la adjudicación, optando a empresas en las que estén aseguradas todas las medidas de accesibilidad, incluidas las referidas al transporte.
En cuanto al empleo, la secretaria de Estado ha resaltado que las administraciones públicas han extendido la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, que se ha fijado en un 7 por ciento al MIR y en un 5 por ciento a jueces y fiscales por primera vez.
Asimismo, se ha modificado la legislación para que las Administraciones no puedan contratar con aquellas empresas que discriminen a las personas con discapacidad, o para que reserven un mínimo de contratos públicos en favor de los Centros Especiales de Empleo de Personas con Discapacidad o de las Empresas de Inserción Social de personas en riesgo de exclusión.
Las medidas puestas en marcha por el Gobierno han supuesto que se firmen 680.000 contratos a estas personas durante esta legislatura y que la contratación indefinida de profesionales con discapacidad aumente a un ritmo constante del 19 por ciento.
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