30 Oct Un ayuntamiento de Tenerife niega el acceso a una escuela pública a un niño con discapacidad
El Cermi pondrá el caso en manos de la Fiscalía del Estado para que lo estudie
MADRID – SERVIMEDIA
Diego de Alonso es un niño «risueño» de dos años y medio que tiene parálisis cerebral, un trastorno que de momento se manifiesta en forma de problemas motóricos y que le ha costado un rechazo incomprensible. El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) le ha negado la admisión en las escuelas infantiles públicas del municipio por su discapacidad. Su padre, Albano, no se resigna y denuncia el caso, sobre todo, «por si sirve de ejemplo» a otras familias.
Todo empezó el pasado mes de marzo, según narra Albano en una entrevista a Servimedia, cuando él y su esposa solicitaron plaza para el pequeño y para Marcos, su hermano mellizo, en las escuelas públicas del municipio. El Consistorio denegó la admisión del primero y aprobó la del segundo, alegando que el centro infantil carece de equipamiento y recursos para la atención del menor por su discapacidad.
Diego tiene parálisis cerebral y un grado de discapacidad del 67%, lo que el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, basándose en el Reglamento de Escuelas Infantiles Municipales, considera que no es compatible con el equipamiento, los recursos y el proyecto educativo del centro.
Antes de denegar la admisión del niño, el Ayuntamiento pidió a los padres un certificado médico del pequeño y una copia de su certificado de discapacidad. Como la documentación afirmaba que era necesaria la presencia de un auxiliar de apoyo para el menor, el consistorio le denegó la entrada en el centro educativo, argumentando no tener presupuesto para ello.
Sin embargo, el padre de Diego sostiene que el niño requiere sólo de una atención «un poquito» más intensa de la que precisa cualquier niño de su edad y lamenta que se le haya rechazado basándose únicamente en unos papeles, sin verle siquiera.
COMO LOS DEMÁS NIÑOS
Según Albano, Diego precisa de ayuda para desplazarse, «pero nada más», ya que «come y juega solo, aunque también con los demás niños» y, por supuesto, «se pelea, muerde y se tira al suelo» como hacen todos los pequeños de su edad.
Con su hermano, Marcos, Diego juega a menudo y se pelea, pero también se apoya en él, porque a pesar de ser tan pequeño le ayuda en sus desplazamientos, algo que su padre lamenta que no puedan hacer los demás pequeños que acuden este curso a la escuela que le ha negado el acceso, porque entiende que sería un buen ejercicio para ellos.
Albano dice que los niños que podrían haber sido compañeros de Diego «se están perdiendo a un pequeño muy alegre, risueño y juguetón que trata de imitar lo que ve y que lucha y se esfuerza» por aprender y progresar y que lo consigue.
Porque, afirma su padre, el niño «está progresando» y así lo ven también los médicos, que no se atreven a hacer un pronóstico de su caso por tratarse de un paciente muy pequeño, pero que sí certifican que avanza.
Avanza en su movilidad, para la que precisa ya solo de una mano o de un andador, y también en su lenguaje, pues el niño tiene un vocabulario más pobre que su hermano, aunque habla. «Eso sí», enfatiza su padre, quien subraya que en la escuela privada a la que acuden ahora Diego y Marcos no han puesto ningún problema.
Tanto es así, abunda, que Diego es allí uno más: juega y se pelea como todos sus compañeros, que tienen la suerte, insiste, de convivir desde tan pequeños con un niño con discapacidad, lo que les reportará, sin duda, una experiencia vital que a los alumnos de las escuelas públicas les están quitando.
Por todo esto, Albano asegura que no cejará en su intento de que admitan a Diego en una escuela pública, no tanto por su situación en sí, que ya está en cierto modo resuelta, como por la de otras familias con casos similares, a las que anima a luchar como están haciendo él y su esposa.
RECLAMACIONES
La familia de Diego ha presentado distintas reclamaciones ante las autoridades públicas, como el concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado, Miguel Ángel González; el alcalde del municipio, Fernando Clavijo; la Dirección General de la Dependencia, Infancia y Familia; la Dirección General de Políticas Sociales y ante la Viceconsejería de Educación, sin obtener una solución al respecto.
Igualmente, los padres de Diego han recurrido a la Oficina Permanente Especializada de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el diputado del Común del Gobierno de Canarias, quienes «sí han mostrado preocupación por el caso».
Finalmente, han solicitado la ayuda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ha anunciado que pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía del Estado para que examine esta conducta del Ayuntamiento «por si pudiera constituir un comportamiento antijurídico con reproche penal, al discriminar flagrantemente a un niño con discapacidad, protegido por el artículo 7 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».
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