02 Oct La atención a la discapacidad en Cataluña alerta de un retroceso de décadas
La presidenta de Dincat alerta de la proliferación de empresas con ánimo de lucro que crean centros especiales de trabajo para aprovechar subvenciones y beneficios fiscales
PABLO FERNÁNDEZ / BARCELONA
La tarea que realizan los centros especiales de trabajo (CET) con las personas discapacitadas en Cataluña se ve seriamente comprometida por la situación económica que viven la mayoría de entidades del sector. En conjunto, acumulan una deuda cifrada en más de siete millones, debido principalmente a la reducción de la subvención que el Estado abonaba a cada trabajador con discapacidad y al impago de las ayudas de la Generalitat a las entidades del Tercer Sector.
Las políticas de austeridad se han convertido en una pesada losa para las personas más desfavorecidas. Si a los problemas de supervivencia de las entidades que acogen y dan trabajo a las personas con discapacidad le añadimos los recortes en las prestaciones, el incremento de los precios de los servicios que necesitan y el aumento de las dificultades económicas que afectan a familias enteras, el panorama es de un retroceso social de más de tres décadas para decenas de miles de personas.
Al menos así lo ve la asociación Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat), organización sin ánimo de lucro que agrupa a más de 300 entidades que trabajan con este colectivo. A nivel presupuestario, las entidades estiman que han sufrido un recorte de 53 millones de euros a partir de los tijeretazos acumuladas del año 2012 y la prórroga de los presupuestos de 2013, lo que en conjunto consideran un retroceso de cerca de 30 años. A este recorte, además, se le suma la incertidumbre de posibles ajustes futuros si finalmente se aprueba un nuevo presupuesto para 2013: “Cada vez que la consejera [Neus Munté, de Bienestar Social y Familia] dice que nos quiere ver temblamos”, afirma Rosa Cadenas, presidenta de Dincat.
Dincat, que agrupa a la mayoría de entidades del sector, atiende a 31.000 personas con discapacidad intelectual y cuenta con 12.000 profesionales trabajando en sus entidades, de los cuales 5.500 son personas con discapacidad
Para Cadenas, las demandas principales del sector son que “las personas con discapacidad puedan ir a los centros ocupacionales, los centros especiales de trabajo o a las escuelas que eligen”. A pesar de reconocer que la situación es crítica, Cadenas apunta que “no puede ser que estas personas se queden en casa, sobre todo en el caso de los que salen de la escuela, porque no se amplían las plazas ocupacionales y de servicios asistenciales. Si a los Centros Especiales de Trabajo no entra gente es que se quedan en los Centro Ocupacionales, lo que provoca un bloqueo del circuitom que hacía muchos años que no ocurría”. En este sentido, los Centros Ocupacionales se consideran el paso previo -de formación e integración- a la entrada en los CET, a no ser que la persona tenga discapacidades severas.
Los CET han sufrido una reducción de más de 30 millones de euros en los recursos destinados a crear y mantener el empleo de las personas con discapacidad, hecho que se está traduciendo en crecientes dificultades para hacer frente al pago de las nóminas de los profesionales que se encargan de la adaptación al puesto de trabajo.
En el primer semestre de 2013 se preveía que, en Cataluña, cuatro de cada diez personas con discapacidad severa, unas 8.000 personas, podía quedar fuera del mercado de trabajo, teniendo en cuenta que el 33% de los trabajadores con discapacidad de todo el Estado español se ganan la vida en Cataluña. En cualquier caso, se vislumbra un futuro incierto y lleno de dificultades para los profesionales de estos centros y, con ellos, el futuro de las personas que han encontrado en los CET un instrumento de integración social y laboral.
De la misma manera, la presidenta de Dincat alerta de que no se crearán nuevos servicios asistenciales para estas personas. “No hay ampliación de plazas, estamos trabajando con las que ya están reconocidas”. Si bien es cierto que en casos urgentes se acepta la incorporación de personal nuevo, “después no pagan”, dice Cadenas. “Esta situación la arrastramos desde enero de 2012, lo que supone que muchas entidades estén utilizando sus ahorros para pagar a este personal junto con un esfuerzo de las familias”, apostilla.
A las crecientes dificultades para mantener los puestos de trabajo hay que añadir los recortes de entre el 3 y el 4,5% que han sufrido los hogares-residencias y las residencias en su presupuesto, al tiempo que se congelaba la creación de nuevas plazas y se mantenía la misma dotación económica del año 2010 por servicios de atención diurna en centros ocupacionales y de atención especializada.
Las mujeres, más perjudicadas
Según los datos más recientes, aportados por la conselleria de Bienestar Social y Familia en junio de 2011, en Cataluña viven 461.622 personas con una discapacidad legalmente reconocida, de las cuales un 48,78% son mujeres y un 51,16% hombres. Según el sindicato UGT, las mujeres con discapacidad tienen especial dificultad a la hora de buscar trabajo. Así lo demuestra, por ejemplo, el dato del paro de larga duración. En general, las mujeres que llevan más de dos años buscando trabajo representan el 11,6% de toda la población de parados. En cambio, en cuanto a las mujeres con discapacidad que hace más de dos años que buscan trabajo, representan el 30,6% de personas con discapacidad desocupadas.
En 2009 -según los datos más recientes- había 225.861 personas discapacitadas entre 16 y 64 años, es decir, en edad laboral, lo que supone que una de cada dos personas con discapacidad es potencialmente activa en el mercado laboral de nuestro país.
Intrusismo de las empresas con ánimo de lucro
Otro fenómeno que afecta al sector, según la presidenta de Dincat, es la “proliferación” de entidades con ánimo de lucro. “Nosotros pedimos que se prioricen las entidades no lucrativas”, afirma. Según esta organización, se está produciendo una competencia desleal entre las entidades sin ánimo de lucro y las que sí lo tienen, ya que estas últimas aprovechan el estatus de centro especial de trabajo “para aprovechar las subvenciones, los beneficios fiscales y las bonificaciones de la Seguridad Social”, mientras atienden a los “discapacitados más leves”. Por este motivo Dincat exige “una atención preferente a las entidades que trabajan con personas con discapacidades superiores al 65%”.
La Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (FECETC), entidad que agrupa a 60 centros con 4.200 trabajadores, también hizo pública su preocupación por el peligro que supone esta situación. Coincidiendo con las valoraciones realizadas por diferentes organizaciones sobre los beneficios económicos y sociales que aportan los CET, la Federación estima que una persona discapacitada ocupada produce un retorno económico anual de entre 6.000 y 12.000 euros, mientras que si no trabaja se convierte en un demandante neto de servicios social, sanitarios… El coste para la Administración Pública de mantener a una persona con discapacidad severa trabajando se sitúa alrededor de los 3.900 euros al año, mientras que mantenerla en un sistema asistencial costaría 11.900 euros.
Alternativas para la integración social y laboral
Hace más de un siglo, el pedagogo Alexandre Gali impulsó un cambio en la percepción y tratamiento social de las personas con discapacidad asegurando que había que “dejar de considerarlos simples desvalidos en manos de la caridad cristiana para considerar su integración al cuerpo social en la medida justa de sus capacidades”. También asentó los principios para su integración social y laboral: “La función a realizar será doble: por un lado, educarlos de la manera más racional, científica y eficaz, y por tanto humana; y por otro, tutelarlos una vez educados creando los organismos necesarios para el máximo de plenitud y normalidad en su existencia a base del máximo rendimiento social para el trabajo y la colaboración en todos los órdenes”.
Desde entonces el camino ha sido largo, hasta el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en las leyes fundamentales -Constitución, LAPAD y Estatuto de Autonomía-. Así, se considera que los poderes públicos deben velar por la no discriminación, y garantizar sus derechos más allá de las tareas asistenciales.
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