02 May Vuelta de tuerca a los servicios públicos
Los recortes mantienen los servicios pero suben los copagos y quitan derechos a extranjeros
La oposición teme por el Estado de bienestar
Vera Gutiérrez Calvo – Madrid
Después de un mes vertiginoso de recortes para tranquilizar a los mercados, los servicios públicos en España siguen siendo públicos. Pero son más caros. Y para algunos colectivos la puerta se entrecierra. Cuando los cambios por decreto del Gobierno de Mariano Rajoy se pongan en práctica —la mayoría, en septiembre—, los ciudadanos pagarán más por las medicinas —y algunos que no pagaban lo harán por primera vez—, pagarán más por ir a la universidad, verán cómo la ayuda a la dependencia se restringe un poco más y tendrán que pensárselo dos veces antes de recurrir una sentencia judicial. El golpe más fuerte será para los inmigrantes sin papeles: pierden el derecho a la tarjeta sanitaria que se les reconoció por primera vez en 2000.
El PP alega que las reformas son necesarias porque las cuentas se han descontrolado y porque en los últimos años ha habido mucho abuso de los servicios públicos, financiados por unos exhaustos contribuyentes; la oposición sostiene que detrás de los recortes hay una «demolición del Estado de bienestar» y que el objetivo del Gobierno es deteriorar ahora los servicios públicos para, en un futuro, privatizarlos.
EL PAÍS ha hecho una recopilación de los principales cambios que los ciudadanos van a empezar a notar en sanidad, educación, dependencia y justicia. Por lo general, las novedades se traducen en problemas para el bolsillo, aunque en algunos casos implican, además, cierto cambio de modelo en las prestaciones que por el momento solo se apunta.
Este resumen no incluye el principal proyecto legislativo de estos cuatro meses: la reforma laboral, que ha dado la vuelta a muchos aspectos del mercado de trabajo —y recortado derechos— pero no afecta específicamente al funcionamiento de lo público. Y debe ser leído con dos cautelas: los decretos leyes, aunque ya están en vigor, podrían ser modificados mínimamente en el trámite parlamentario; y su aplicación concreta se deja, en muchos casos, en manos de las comunidades. Los Gobiernos autónomos decidirán hasta qué punto llevan el recorte.
DEPENDENCIA – El calendario se paraliza
La ayuda a la dependencia sufre un recorte de 283 millones de euros: desaparece, íntegra, una de las dos partidas con las que el Gobierno la cofinancia. La otra partida, la principal (unos 1.500 millones), se mantiene porque no es eliminable: el Ejecutivo está obligado a pagar su parte, ya que la ayuda a la dependencia, como la sanidad, la educación o las pensiones, es un derecho desde 2006.
Pero hay algo igual o más duro que el recorte de presupuesto, y es que el calendario de la ley —que debía integrar progresivamente a los dependientes en función de su gravedad, hasta atenderlos a todos en 2015— se paraliza. Este año les tocaba entrar a los dependientes moderados de grado 2 (los más graves de los moderados), pero no entrarán. Y entre los grandes dependientes, teóricamente ya cubiertos, sigue habiendo miles en lista de espera.
Por otro lado, se reduce de 86 a 50 millones la partida destinada a la atención social que dan los Ayuntamientos a las personas más necesitadas. Puede ser la puntilla para unos servicios sociales, los locales, que ya no dan abasto.
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/29/actualidad/1335722070_497642.html
