01 Nov Sanidad presenta a las CCAA el anteproyecto de ley de adaptación a la Convención de la ONU sobre dcho para pp.con discap
Nota de prensa (18/10/2010)
Esta presentación se ha realizado durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presidido por la ministra y celebrado en Palma de Mallorca.
Mediante este anteproyecto de ley, parte de la legislación española se adapta a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. En concreto, se recogen modificaciones en materia de sanidad, discapacidad, empleo, igualdad de oportunidades, protección civil, cooperación internacional y seguros.
El anteproyecto de Ley, que deberá ser aprobado en Consejo de Ministros, consta de diez artículos y dos disposiciones finales. Se enmarca en un proyecto normativo más amplio de adaptación de diversas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y tiene su origen inmediato en un Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010.
Contenido del Anteproyecto de Ley
En materia de sanidad, se modifican diversas leyes: Ley General de Sanidad, Ley sobre extracción y trasplante de órganos, Ley reguladora de la autonomía del paciente y Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. Estas variaciones introducen medidas para que las personas con discapacidad puedan tomar por sí mismas decisiones en procesos sanitarios como trasplantes o ensayos clínicos. Además, se regula el derecho a recibir la información en formatos accesibles para las personas con discapacidad y se incluye la discapacidad como causa de no discriminación de la persona en su relación con las distintas administraciones públicas sanitarias.
Este anteproyecto de Ley también modifica distintos artículos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal (LIOUNDAU), destacando el ajuste de la definición legal de «persona con discapacidad» a la contenida en la Convención.
Respecto al empleo, se aumenta hasta el 7% el cupo de reserva para las personas con discapacidad en las ofertas públicas de empleo (hasta ahora era un 5%): el 2% de las plazas totales serán para personas con discapacidad intelectual y el otro 5% para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Igualmente, se endurece el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad para el supuesto de comisión de una infracción muy grave por las instituciones que presten servicios sociales.
En cuanto a protección civil, se regulan protocolos de actuación específicos para las personas con discapacidad. En el ámbito de la cooperación internacional se incluye la discapacidad de un modo expreso y diferenciado. Por último, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de seguro, se introduce la prohibición de la denegación de acceso a la contratación por razón de discapacidad.
Convención de la ONU sobre Derechos de las personas con discapacidad
La Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). España fue uno de los primeros países del mundo en ratificar la Convención de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Desde entonces forma parte del ordenamiento jurídico español.
El Consejo de Ministros acordó, el 10 de julio de 2009, crear un grupo de trabajo interministerial, presidido por el Ministerio de Sanidad y Política Social, para que analizara la legislación vigente y emitiera un informe con conclusiones sobre las modificaciones pertinentes. Este grupo elaboró un informe con las medidas necesarias para adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre Derechos de las personas con discapacidad, que fue aprobado en Consejo de Ministros el 30 de marzo de este año.
La Convención de la ONU supone un cambio en el concepto de discapacidad, que pasar de ser considerada como una preocupación en materia de bienestar social a ser concebida como una cuestión de derechos humanos. No establece nuevos derechos, pero protege y garantiza el disfrute de los derechos y la igualdad plena con el resto de las personas, especialmente en áreas como la participación en la vida pública y en el bienestar social.
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