30 Jun El Defensor del Pueblo recoge las quejas de las personas con discapacidad
La Crónica Social (23/06/2010)
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Varias personas con discapacidad usuarias de sillas de ruedas se quejaron el año pasado ante el Defensor del Pueblo ante los problemas que les ocasionó viajar en tren con sillas de ruedas eléctricas o no plegables, o utilizar los buzones de correos.
MARIO GARCÍA. Así consta en el Informe Anual 2009 del Defensor del Pueblo, que el titular de esta institución, Enrique Múgica, entregó al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, y el del Senado, Javier Rojo.
Múgica explica que, pese a los esfuerzos de Renfe Operadora y Adif por alcanzar la plena accesibilidad de las personas con discapacidad en el transporte ferroviario, recibió el año pasado quejas por dificultades en la estación de algunos municipios o en los propios trenes, especialmente si son usuarios de silla de ruedas eléctrica o no plegable.
Además, el Defensor del Pueblo se hace eco en su informe de las dificutades que tienen las personas usuarias de silla de ruedas o de baja estatura para utilizar adecuadamente los buzones de correos.
Múgica también recoge quejas de ciudadanos relativas a la expedición de tarjetas de aparcamientos para personas con discapacidad, la disponibilidad de plazas en centros residenciales y las demoras en la valoración y reconoimiento de la discapacidad.
DEPENDENCIA
Asimismo, la Oficina del Defensor del Pueblo afirma que la puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia, aprobado por ley en 2007, «no admite ya más demoras» y denuncia que muchos casos acumulan retrasos de más de dos años sin que se hayan resuelto a buen término.
«De las muchas quejas recibidas en 2009, destaca la asombrosa acumulación de retrasos en los procedimientos de reconocimiento, de aprobación de los programas individuales de atención y, no digamos ya, de realización efectiva de las prestaciones», indica en su informe anual.
A este respecto, Múgica recalca que «muchos expedientes superan de largo los dos años desde la inicial solicitud de las personas dependientes o sus familias sin que las administraciones hayan mostrado la debida diligencia por hacer efectivos sus derechos».
Además, el Defensor del Pueblo apunta a la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana como las regiones que destacan «por sus retrasos» y recuerda que en los tres últimos años ha formulado 11 investigaciones de oficio al respecto entre ambas autonomías.
«Parece oportuno señalar que, durante 2009, se ha recibido un número considerable de quejas sobre la puesta en marcha de la ley, con especial incidencia, como el pasado año, en las comunidades de Madrid y de Valencia. Hacen referencia a las demoras en el reconocimiento y efectos de las prestaciones, pero también a las dificultades para acceder a recursos especializados, a problemas en el abono de las prestaciones ya reconocidas o a disconformidad en las valoraciones», precisa.
Múgica deja constancia en su informe el «considerable número de quejas recibidas» el año pasado porque muchos ciudadanos no habían visto reconocidos sus derechos recogidos en la ley de dependencia.
«A las demoras en la tramitación de la valoración denunciadas el pasado año, se añaden nuevas demoras en la aprobación del programa individual de atención y, finalmente, en la efectividad de la prestación», explica.
Estos retrasos, según Múgica, «suponen en muchos casos además de los daños económicos, pérdidas irrecuperables en los derechos de cotización a la Seguridad Social de los cuidadores informales. Dos años de cotización pueden suponer la diferencia entre acumular o no los años imprescindibles para, en el futuro, acceder a una posible pensión de jubilación».
