19 Abr El Gobierno favorecerá a las Comunidades que atiendan a más dependientes
Trinidad Jiménez propone crear un catálogo de buenas conductas para aúnar la experiencia de los dos años de aplicación de la Ley. Propone financiar según las personas ya atendidas
La forma en que el Gobierno reparte el dinero para la dependencia entre las comunidades autónomas, en función del número de habitantes, ha dejado de convencer a algunas de ellas. Es el caso de Andalucía o Cataluña, por ejemplo, que en ocasiones han solicitado que parte de esos fondos (a poder ser, la mitad) se distribuyan en virtud de los discapacitados atendidos.
La nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, llevará hoy una propuesta de ese tenor a las comunidades, buscando el consenso. No será un 50%, sino un 80% del dinero a repartir, en relación al número de habitantes, y un 20% según las personas atendidas ya. Cataluña y Andalucía eran más ambiciosas, pero en aras del consenso se conforman por ahora con esos porcentajes. “Es un paso adelante, al menos se premia a las comunidades que estamos implantando la ley”, dicen desde Cataluña. Los consejeros socialistas se reunieron ayer para abordar el asunto, que no convence por igual a todas las Administraciones
. Cuando la Ley de Dependencia echó a andar, hace dos años, no se sabía cuántas personas adquirirían su derecho a un servicio o prestación económica, por lo que el reparto de fondos (en el llamado nivel acordado con las comunidades) se estableció en función de la población; y se incorporaron algunos criterios correctores, como la dispersión del territorio, la insularidad o el número de emigrantes retornados. Pero a medida que cada comunidad ha ido mostrando el número de personas atendidas se aprecian estridentes diferencias. Por ejemplo, sorprende que comunidades como Madrid o la Valenciana apenas cuenten un 0,6% de personas, en relación a su población, cuya discapacidad se ha dictaminado, mientras que otras superen la media española (1,67%). Entre las aventajadas figuran La Rioja, con un 2,8%, o con cifras similares, Navarra o el País Vasco.
Esto ya había despertado algunas críticas en anteriores consejos interterritoriales. Las comunidades que han hecho los deberes, por así decir, quieren que ese esfuerzo se vea recompensado. Si el criterio es simplemente la población, las de mayor número de habitantes siempre saldrán bien paradas aunque no tengan buena nota en su examen.
Las más perjudicadas con el nuevo sistema serían Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias, muy por debajo de la media estatal de personas dictaminadas según la población. Pero a otras, como Castilla y León, con una gestión eficaz, puede que tampoco les agrade del todo este nuevo reparto, porque no sólo reciben fondos por el número de habitantes, sino según otros criterios como la dispersión territorial.
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Las Comunidades Autónomas que mejor apliquen la Ley de Dependencia recibirán más fondos del Estado. Hasta ahora, el denominado «nivel acordado» de financiación de la norma se repartía únicamente en función de la población de cada región. Para este año, el Ministerio de Sanidad y Política Social repartirá un 20% de ese dinero en virtud de las personas evaluadas a 1 de abril.
Ese nivel acordado se estableció hace dos años, cuando la Ley echó a andar y no se sabía cuántas personas adquirirían su derecho a un servicio o prestación económica. Sin embargo, la Ley de Dependencia se ha aplicado de forma muy distinta en cada Comunidad Autónoma desde su entrada en vigor. La intención del Ministerio es premiar de alguna manera a aquellas regiones que, como La Rioja, Navarra, Cataluña o Andalucía, presentan niveles mayores de atención a dependientes.
La iniciativa, presentada por la ministra de Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad Jiménez, durante la celebración del Consejo Territorial de la Dependencia, sirve para proceder al reparto de los 283 millones que corresponden a este año para el nivel acordado, lo que supone un incremento de un 17,5% con respecto a 2008.
En rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra ha querido dejar claro que «todas las comunidades autónomas saldrán ganando» con el nuevo reparto de los fondos hoy aprobado. Jiménez ha revelado que la medida ha sido aceptada por amplia mayoría en el seno del Consejo, con el apoyo incluso de algunas autonomías del Partido Popular.
Catálogo de buenas prácticas
Jiménez, que ha presidido el Consejo, ha pedido además a los gobiernos regionales la creación de un catálogo de buenas prácticas que aúne las experiencias que han adquirido las distintas administraciones en los dos años que lleva en vigor la Ley con el fin de agilizar la atención de los dependientes.
La ministra ha solicitado a las Comunidades Autónomas «cooperación para estos tiempos de crisis» en la aplicación de la Ley de Dependencia para demostrar a los ciudadanos que «somos leales» los unos con los otros y transmitirles «confianza».
Jiménez ha asegurado que es «consciente del hito histórico que supone la consolidación de este nuevo derecho» que constituye el cuarto pilar del Estado de bienestar.
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