17 Ene 2024, un año crucial para las residencias: “Tenemos que exigir que el nuevo modelo se cumpla”.
Sindicatos, patronales y familias demandan un compromiso para garantizar el futuro de estos centros.
Pablo Recio
2024 será un año decisivo para las residencias. Ya ha pasado más de un año y medio desde que se aprobó el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, también conocido como ‘nuevo modelo de residencias’. Ahora bien, según denuncian desde la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias (@La_Plataforma_1), no todas las comunidades estarían avanzando al mismo ritmo en su implementación –independientemente, de si votaron en su momento a favor o en contra–.
Por esta razón, afirma el portavoz de la Plataforma, Miguel Vázquez, este año 2024 resultará determinante para ver si se termina caminando hacia el nuevo sistema de residencias –atención personalizada, habitaciones individuales, unidades de convivencia, actividades con sentido, centros más pequeños en el entorno comunitario, etc.–, o si todo queda en papel mojado y se mantiene un modelo similar al anterior, con ligeros cambios.
Y es que Vázquez teme que, pese a todos los documentos pactados, la mayoría de recursos se acaben destinando a Ayuda a Domicilio, pero que los centros sociosanitarios, que siguen siendo necesarios para ciertos perfiles de dependientes, queden relegados a un segundo plano.
Todo dependerá, explica, de la voluntad de las comunidades, muchas de las cuales han cambiado de signo político tras las elecciones autonómicas de primavera de 2023, y de la labor del nuevo Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en manos de Pablo Bustinduy, que, si cumple con lo estipulado en el pacto de investidura firmado entre PSOE y SUMAR, debería garantizar la aplicación del nuevo modelo de residencias en todas las CCAA, condicionando la financiación a su cumplimiento y negociando con las distintas autonomías, tal y como trató de hacer la anterior administración.
Por ahora, comenta, se contarían con los dedos de una mano las que habrían transpuesto a sus ordenamientos el texto aprobado en junio de 2022 –tal y como pedía el documento– y en ciertos casos habrían hecho una interpretación del documento, con requisitos por debajo de los mínimos fijados por el Acuerdo marco.
Incluir mejoras
Además, apostilla Vázquez, durante esta legislatura, la administración debería mejorar otros aspectos. Por ejemplo, propone, se podrían aumentar más las ratios de personal para lograr una atención digna y personalizada, ya que, critica, los incrementos pactados en el documento firmado entre CCAA y Ejecutivo son “insuficientes”.
Asimismo, se podría definir mejor qué número de plazas se necesitarán de aquí al futuro, quién prestará el servicio –entienden que debe ser la administración–, cuál será el papel de los familiares, qué se hará con los domicilios en los que viven dependientes en los que no se reúnen las condiciones de habitabilidad y quién controlará la calidad del servicio de atención, entre otras tareas pendientes. Y para ello, sería imprescindible que el nuevo Gobierno se siente con los familiares en la Mesa de Diálogo Civil.
Compromiso con las políticas de Dependencia
En opinión del responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (@fssccoo), Jesús Cabrera, el Estado debería hacer cumplir el nuevo modelo de residencias y vincular “la financiación adicional al cumplimiento” del mismo, para que, por ejemplo, se alcance un 0,31 de ratio de personal a finales de este año 2023, una cifra que “está por encima de lo que hay en muchas autonomías”.
Por ello, de cara a esta legislatura sería imprescindible cumplir con la promesa electoral de “aumentar financiación y el peso del Estado” en materia de Dependencia y que las CCAA no reduzcan la parte que aportan, ya que derivará en mejoras en todo el sector.
Asimismo, Cabrera entiende que se debería trabajar también en reducir mucho más “la lista de espera, en mejorar la calidad y las condiciones salariales del sector”.
Coincide con Cabrera el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (@seggeriatria), José Augusto García, quien también pide aumentar la financiación. “Sería un paso atrás dejar congelado el presupuesto”, comenta. Y, recuerda, en la Estrategia España 2050 se hablaba de llegar a un 2,5% del PIB de inversión en Dependencia, es decir, a lo que invierten los ocho países más ricos de Unión Europea –actualmente, en España es de cerca del 1%–.
En paralelo, García demanda seguir implementando los cambios en el modelo de residencias. “El exsecretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, cogió las recomendaciones de la Unión Europea, absolutamente obviadas en los últimos 15 años, y las quiso aplicar. Comenzó a transformar el sistema residencial y a caminar hacia uno de atención domiciliaria y comunitaria, pero aún estamos lejos de ello. Hay que invertir de forma más decidida”, opina.
Falta de profesionales
Finalmente, desde Federación Empresarial de la Dependencia (@FEDdependencia), una de las principales patronales del sector de las residencias, recuerdan que “es un hecho que el mapa autonómico ha cambiado en las últimas elecciones”. “Ahora el color es azul (Partido Popular)”, aclara el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.
Por ello, “sería urgente convocar un Consejo Territorial y plantear si se va a cumplir o no con el modelo de residencias pactado”. “El sector necesita certezas y un marco claro”, afirma.
Y si finalmente se acaba adoptando el cambio, “para poder desarrollarlo, es importante que tengamos personal suficiente”, indica. “Demandamos políticas activas para incorporar a más profesionales”, señala. Y recuerda: “También necesitamos que se cumplan los plazos previstos por el Ministerio de Universidades para el reconocimiento y homologación de los títulos de personas que vienen de fuera”.
Además, Fernández-Cid pide un compromiso real con la reducción de las listas de espera de la Dependencia. “El escenario que nos encontramos es que, con datos del 30 de octubre, el tiempo medio de espera para recibir una prestación está en 324 dias”, advierte.
“No podemos permitirnos el lujo de dar una respuesta tan lenta”, apunta. “Se debe solucionar urgentemente”, concluye.