Pau Rodr\u00edguez<\/p>\n
Las entidades del sector de la discapacidad intelectual en Catalunya, que gestionan residencias, pisos tutelados y centros de d\u00eda \u2013entre otros servicios\u2013, llegar\u00e1n a final de a\u00f1o con las cuentas al l\u00edmite. Desde el estallido de la pandemia se tuvieron que buscar la vida para adaptar espacios, contratar personal sustituto y adquirir EPIs cuando no hab\u00eda ni para los sanitarios, todo ello con un sobrecoste que cifran ahora en 10 millones de euros y que denuncian que la Administraci\u00f3n no les ha compensado.<\/p>\n
En los 18 pisos comunitarios que gestiona la Fundaci\u00f3n Pere Mitjans, para personas con discapacidad f\u00edsica e intelectual, el principal gasto a\u00f1adido al que han tenido que hacer frente ha sido la contrataci\u00f3n de personal. Una treintena de sus residentes que sol\u00edan acudir a terapias ocupacionales u otras actividades de d\u00eda tuvieron que quedarse en el piso, con lo que la entidad se vio obligada a incorporar m\u00e1s educadores.<\/p>\n
“Nos lleg\u00f3 una ayuda de emergencia de la Generalitat, si no no hubi\u00e9semos salido adelante”, explica Clara Clos, directora de la fundaci\u00f3n. El problema es que ahora les vuelve a pasar lo mismo, puesto que sus usuarios no van a las actividades debido al riesgo de contagio. “La situaci\u00f3n es muy delicada, no podemos aguantar m\u00e1s, solo hasta este mes. Si no, tendremos que empezar a deshacer alguna cosa”, valora Clos.<\/p>\n
La responsable de la Fundaci\u00f3n Pere Mitjans recuerda que las entidades sociales, de \u00e1mbitos como la discapacidad, no suelen tener ahorros. Al contrario, asegura que est\u00e1n instaladas en la precariedad desde hace una d\u00e9cada, con el inicio de la crisis econ\u00f3mica. “Los sobrecostes de la epidemia llegan cuando ya est\u00e1bamos muy justos, se suman a los recortes que arrastramos de los a\u00f1os 2012 y 2013”, argumenta.<\/p>\n
La lista de agravios de estas entidades, agrupadas en Catalunya en torno a federaciones como Dincat o ECOM, incluye tres b\u00e1sicamente tres quejas. La primera, es que todav\u00eda no se ha convocado una prometida subvenci\u00f3n espec\u00edfica para el \u00e1mbito de la discapacidad por todo esos sobrecostes asumidos entre marzo y julio. La segunda, que consideran insuficiente el aumento de las tarifas para compensar de ahora en adelante los gastos de la COVID-19. Y la tercera, que tambi\u00e9n creen que se queda corta la actualizaci\u00f3n general en 2020 de las tarifas que la Generalitat paga por cada plaza de residencia, de un 1,2% (en otros \u00e1mbitos ha sido superior).<\/p>\n
“Todo esto ha generado malestar. Los sobrecostes antiguos no se han resuelto, los nuevos no cubren las demandas y el incremento global de las tarifas para recuperar la d\u00e9cada perdida ha sido muy poco intenso”, resume Carles Campuzano, director de Dincat. Si a ello se le suman el recorte y la congelaci\u00f3n de las tarifas desde hace a\u00f1os, a\u00f1ade, la situaci\u00f3n es “extremadamente precaria” para las entidades.<\/p>\n
Esta queja del sector de la discapacidad se suma a la que hizo p\u00fablica el viernes La Confederaci\u00f3, la plataforma que agrupa a buena parte de las entidades del tercer sector social de Catalunya. En un comunicado, denunciaron que las Administraciones les deben un total de 256 millones de euros entre facturas vencidas y subvenciones justificadas (la mayor parte de ellas, por parte de la Generalitat). Tambi\u00e9n advirtieron que el 94% de las entidades prev\u00e9 cerrar 2020 con p\u00e9rdidas.<\/p>\n
Ante esto, departamentos como el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias defienden que han pagado “el 100% de las facturas de servicios que han sido suspendidos durante la pandemia”. Y a\u00f1aden que han destinado 267,5 millones de euros a entidades del tercer sector para cubrir gastos imprevistos de la pandemia, entre ellos la cobertura de plazas vac\u00edas o “la ampliaci\u00f3n de la cobertura a colectivos vulnerables”.<\/p>\n
En cuanto a los sobrecostes a partir de septiembre, Trabajo y Asuntos Sociales ha previsto una partida de 7,8 millones. Se trata del complemento a la tarifa base que pagan a las entidades por la prestaci\u00f3n de servicios, y que estas consideran insuficiente. Las residencias recibir\u00e1n 196,30 euros adicionales por m\u00f3dulo (las entidades ped\u00edan 556,29) y los hogares residenciales, 60,2 (las entidades propon\u00edan 371,29).<\/p>\n
Desde Asuntos Sociales argumentan sin embargo que esas compensaciones se elaboraron a partir del “an\u00e1lisis de los costes” proporcionados por las patronales del sector. Y a\u00f1aden que, en \u00e1mbitos como el de las residencias \u2013de discapacitados y gente mayor\u2013, son “el \u00fanico territorio del Estado que ha hecho un plan de contingencia con una tarifa espec\u00edfica para pagar el sobrecoste que representa” la pandemia.<\/p>\n
Adi\u00f3s a los domingos de baile con Ludalia<\/strong><\/p>\n Una entidad que en diciembre se despedir\u00e1 para siempre es Ludalia. La epidemia no solo les ha conllevado sobrecostes, sino que les ha dejado sin perspectivas de futuro, ya que centran sus actividades en el ocio, un tipo de servicios que no est\u00e1 concertado (es decir, que pagan las familias casi \u00edntegramente) y que adem\u00e1s ha sufrido como pocos las restricciones sociales. “No podemos aguantar m\u00e1s all\u00e1 de enero, as\u00ed que el patronato ha decidido cerrar dignamente”, explica la actual directora de esta peque\u00f1a entidad, Josefina Machado.<\/p>\n Ludalia naci\u00f3 hace 20 a\u00f1os de una iniciativa familiar para ofrecer a las personas con discapacidad intelectual actividades de ocio para adultos, algo que no exist\u00eda entonces. La que se hizo m\u00e1s popular y mantuvieron durante diez a\u00f1os fueron las sesiones de baile los domingos por la tarde en la discoteca Luz de Gas de Barcelona. “La idea era que fueran a pasar el rato, como en cualquier discoteca, a hacer amigos, bailar, pasarlo bien, y con educadores disponibles para gestionar emociones y temas de habilidades sociales”, relata Machado. Sol\u00eda haber un centenar de personas. La \u00faltima sesi\u00f3n fue en marzo.<\/p>\n Con el confinamiento, siguieron haciendo algunas actividades por plataformas como Zoom, pero sin cobrar a las familias (solamente las que quer\u00edan hac\u00edan aportaciones). “Cerramos bien las cuentas 2019, pero nos hemos comido los ahorros”, resume la directora, que recuerda que el sector del ocio en la discapacidad nunca ha sido financiado por la Administraci\u00f3n \u2013m\u00e1s all\u00e1 de subvenciones\u2013 “aunque se sabe que aporta calidad de vida para los usuarios y de descompresi\u00f3n para las familias”.<\/p>\n