CARMEN NEVOT – LOGRO\u00d1O<\/p>\n
A finales del 2006 se aprob\u00f3 la ley de Dependencia. Un texto que concit\u00f3 el apoyo de todos los grupos y que pon\u00eda en el primer plano del foco pol\u00edtico a las personas con discapacidad. Las administraciones central y regionales, que en principio deb\u00edan sufragar las prestaciones al 50% aunque luego no fue as\u00ed, pusieron en marcha la maquinaria para aplicar la t\u00e9cnicamente llamada Ley de Promoci\u00f3n de la Autonom\u00eda Personal y atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de dependencia. Un complejo procedimiento que, por ejemplo, inclu\u00eda la valoraci\u00f3n de los potenciales beneficiarios y su clasificaci\u00f3n en alguno de los grados establecidos en funci\u00f3n de su nivel de dependencia.<\/p>\n
El sistema ech\u00f3 a andar, pero en el 2013, despu\u00e9s de que se cuestionara el modelo que lleva el sello del Ejecutivo de Rodr\u00edguez Zapatero, el Tribunal de Cuentas, en un informe elaborado despu\u00e9s de fiscalizar la gesti\u00f3n econ\u00f3mico-financiera y la aplicaci\u00f3n de la ley de Dependencia desde 2007 a 2011, evidenci\u00f3 lo que calific\u00f3 de \u00ababsoluta descoordinaci\u00f3n entre las administraciones auton\u00f3mica y central\u00bb.<\/p>\n
Tal falta de armon\u00eda supon\u00eda que no se actualizasen las bases de datos de dependientes, algo que en la pr\u00e1ctica se tradujo en que, por ejemplo, constaban como beneficiarias personas que hab\u00edan fallecido, o que hubiera duplicidades. De su labor de fiscalizaci\u00f3n, el Tribunal de Cuentas concluy\u00f3 que, hasta el 30 de abril del 2011, 41.224 dependientes fallecidos permanec\u00edan en los registros como beneficiarios de ayudas. Otros 1.363 expedientes estaban duplicados y 3.115 personas recib\u00edan una prestaci\u00f3n superior al m\u00e1ximo permitido. Todos estos defectos tuvieron un coste superior a los 175 millones de euros para el Estado.<\/p>\n
Entonces, este \u00f3rgano fiscalizador recomend\u00f3 potenciar los procedimientos de control interno con el fin de sellar la grieta que tanto dinero costaba al erario p\u00fablico.<\/p>\n
La Rioja fue una de las comunidades pioneras en poner la lupa sobre la dependencia, pero a\u00fan as\u00ed, desde el 2009 hasta el 2016 la Administraci\u00f3n regional ha reclamado 538.125,18 euros de prestaciones de dependencia indebidamente cobradas, la mayor\u00eda por no notificar el fallecimiento de un beneficiario.<\/p>\n
En cualquier caso, desde el 2013, la cifra de expedientes para reclamar el reintegro de las cantidades cobradas de m\u00e1s ha descendido considerablemente. En el 2010, por ejemplo, se exigi\u00f3 el reintegro de 153.655,54 euros a 149 usuarios, en 44 casos por fallecimiento, en 90 por incumplimiento y en 15 casos por revisiones. Un a\u00f1o despu\u00e9s, se abrieron 120 expedientes reclamando devolver m\u00e1s de 102 millones de euros. En total, en los a\u00f1os previos a la publicaci\u00f3n del demoledor informe del Tribunal de Cuentas en el 2013 se tramitaron 440 expedientes reclamando la devoluci\u00f3n de casi 466 millones. A partir de entonces, el n\u00famero de peticiones de reintegro, y en consecuencia las cantidades a devolver, cayeron en picado. Una circunstancia que desde el Gobierno de La Rioja atribuyen a la mayor concienciaci\u00f3n de los ciudadanos y al control sobre las prestaciones que se conceden.<\/p>\n
En definitiva, el documento del \u00f3rgano fiscalizador supuso un antes y un despu\u00e9s. As\u00ed, por ejemplo, en el 2014 se reclamaron 12.884,61 euros de 22 expedientes, 20 un a\u00f1o despu\u00e9s y 30 por valor de algo m\u00e1s de 46.000 euros en el 2016. En total, en los \u00faltimos tres a\u00f1os se ha pedido que se devuelvan los 72.000 euros abonados de m\u00e1s a 72 beneficiarios, una tercera parte de los expedientes abiertos del 2011 al 2013, incluido.<\/p>\n