MADRID – SERVIMEDIA<\/p>\n
La generalizaci\u00f3n por parte de las comunidades aut\u00f3nomas de los copagos en los servicios sociales, especialmente en lo referido a autonom\u00eda personal y atenci\u00f3n a la dependencia, est\u00e1 expulsando a las personas con discapacidad de las prestaciones y apoyos sociales, seg\u00fan la opini\u00f3n mayoritaria de los representantes de organizaciones de la discapacidad.<\/p>\n
As\u00ed se recoge en un reportaje publicado en el n\u00famero 117 del peri\u00f3dico ‘cermi.es semanal’, \u00f3rgano de expresi\u00f3n del Comit\u00e9 Espa\u00f1ol de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). El texto se centra en el estudio ‘La participaci\u00f3n econ\u00f3mica del beneficiario en el Sistema Nacional para la Autonom\u00eda y Atenci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de Dependencia’, elaborado por In\u00e9s de Araoz, asesora jur\u00eddica de Feaps, quien se\u00f1ala que “la regulaci\u00f3n que se realiza en las diferentes normativas auton\u00f3micas tiene como resultado que en la pr\u00e1ctica exista una desigual participaci\u00f3n de los beneficiarios en el Sistema”.<\/p>\n
En este sentido, asegura que “si la participaci\u00f3n es muy desigual, habr\u00e1 que plantearse si el derecho, su contenido esencial, es igual para todos”. “El que puedan existir diferencias de hasta 600 euros en lo que “copaga” una persona en la misma situaci\u00f3n dependiendo de d\u00f3nde viva, s\u00ed determina que el derecho sea diferente para unos y otros”, puntualiza.<\/p>\n
En esta l\u00ednea, Roser Romero, presidenta de la Comisi\u00f3n para la Autonom\u00eda Personal del Cermi a\u00f1ade que “hemos llegado a un extremo que si preguntas a cada una de las CCAA c\u00f3mo tienen el tema del copago, ni ellas lo saben porque tenemos tal volumen de contradicciones, de normativas, de directivas, de aplicaciones, que esto es una especie de territorio de Pancho Villa”.<\/p>\n
El estudio parte de tres consideraciones principales a tener en cuenta: la inseguridad jur\u00eddica, la falta de transparencia e informaci\u00f3n y la desigualdad territorial. La inseguridad jur\u00eddica se debe a la existencia de lagunas y a la dispersi\u00f3n normativa. Y en este sentido, Santiago Villanueva, del Cermi Arag\u00f3n y miembro de la Comisi\u00f3n de Autonom\u00eda Personal del Cermi, explica que “se aprecia la inoperancia de la normativa com\u00fan y destaca la falta de obligatoriedad de la normativa com\u00fan”, que no resulta vinculante para las comunidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n
Y as\u00ed lo se\u00f1ala tambi\u00e9n \u00c1lvaro Garc\u00eda Bilbao, miembro de la Comisi\u00f3n de Autonom\u00eda Personal del Cermi, quien asegura que “las reformas siempre van encaminadas en un sentido cada vez m\u00e1s restrictivo para el beneficiario, en una tendencia continuada a disponer de una cobertura cada vez menor del sistema”.<\/p>\n
“Trasladar al colectivo de personas en situaci\u00f3n de dependencia o con necesidad de apoyos para su autonom\u00eda el peso de una situaci\u00f3n de crisis a trav\u00e9s de modalidades de copago enormemente lesivas, resulta, en definitiva, hacer responsable injustamente de la situaci\u00f3n actual a uno de los colectivos desfavorecidos de la poblaci\u00f3n”, afirma.<\/p>\n
Seg\u00fan este estudio, las soluciones deben partir, en parte, de las comunidades aut\u00f3nomas, y en una menor parte, del consejo territorial. Seg\u00fan Araoz, “la soluci\u00f3n deber\u00eda ser conjunta, es necesario que exista voluntad de las partes” y reitera que “el Acuerdo del Consejo Territorial que regula la aportaci\u00f3n econ\u00f3mica deja abierto que cada Comunidad pueda modificar los l\u00edmites establecidos”.<\/p>\n
“Es preciso un compromiso por parte de todos. Para ello, se deber\u00eda alcanzar un nuevo acuerdo en el Consejo Territorial que establezca unos m\u00ednimos obligatorios y homog\u00e9neos que se concreten en unos criterios y condiciones que, independientemente del lugar en el que resida el beneficiario, preserven su derecho a un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias”, se\u00f1ala.<\/p>\n
As\u00ed, Araoz subraya que “las comunidades tienen capacidad para mejorar los criterios de participaci\u00f3n econ\u00f3mica del beneficiario en su territorio, con lo que si quisieran, podr\u00edan hacerlo sin la existencia de acuerdo, con cargo al nivel adicional como ya es el caso de algunas de ellas que ya est\u00e1n mejorando esos criterios m\u00ednimos”.<\/p>\n
La desigualdad entre CCAA sigue siendo uno de los principales motivos de queja en el sector de la discapacidad, seg\u00fan expresa Miriam Torregrosa, miembro de Feder y de la Comisi\u00f3n de Autonom\u00eda Personal del Cermi, quien asegura que “lo m\u00e1s grave de todo son las desigualdades auton\u00f3micas en lo que respecta a la aplicaci\u00f3n del copago en cada Comunidad.<\/p>\n
Carlos Esteban, vicepresidente del Cermi Melilla y miembro tambi\u00e9n de la Comisi\u00f3n para la Autonom\u00eda Personal del Cermi, hace referencia a la Ley de Autonom\u00eda Personal y Atenci\u00f3n a la Dependencia y a\u00f1ade que “el copago solo debiera contemplar las prestaciones p\u00fablicas que recibe el usuario del servicio. Las prestaciones de la Ley de Dependencia son un derecho y ni el patrimonio ni por supuesto las rentas familiares deben contemplarse”.<\/p>\n
Para Francisco Sard\u00f3n, presidente del Cermi Castilla y Le\u00f3n, “las pol\u00edticas de austeridad y recortes est\u00e1n poniendo en una situaci\u00f3n l\u00edmite de su capacidad econ\u00f3mica a las personas con discapacidad y sus familias”. Se est\u00e1 violando el principio de equidad y un sistema que pretend\u00eda promocionar la autonom\u00eda personal, debido al aumento en la aportaci\u00f3n econ\u00f3mica por parte del usuario, est\u00e1 situando a muchas personas con discapacidad y sus familias al borde de la pobreza”.<\/p>\n