CARMEN MOR\u00c1N – MADRID<\/p>\n
Una de las dos partidas con las que el Gobierno financia la Ley de Dependencia ha ca\u00eddo: 283 millones que se repart\u00edan entre las comunidades aut\u00f3nomas cada a\u00f1o. Era un dinero destinado, en principio, a infraestructuras (residencias geri\u00e1tricas, reparaci\u00f3n de edificios), organizaci\u00f3n administrativa (inform\u00e1tica, gesti\u00f3n). Pero, en la pr\u00e1ctica, las comunidades lo estaban usando para atender a las personas, dada la escasez de recursos existente.<\/p>\n
Los 283 millones representan un 15% del total destinado por el Gobierno para dependencia al a\u00f1o. Los 1.545 millones restantes aseguran una ayuda directa a cada ciudadano dependiente y se entiende que esta partida ha de crecer en la misma medida en que aumentan los beneficiarios, puesto que se trata de un derecho. Pero los 283 que desaparecen del presupuesto, el llamado nivel acordado, sencillamente es un dinero que las comunidades dejar\u00e1n de percibir, en detrimento de su ya maltrecho d\u00e9ficit p\u00fablico y a pesar de sus dificultades para atender esta ley.<\/p>\n
Ambas partidas est\u00e1n recogidas en el texto legal, por tanto, eliminar por completo la dotaci\u00f3n de una de ellas deja vislumbrar un cambio normativo en la financiaci\u00f3n. En qu\u00e9 sentido, se desconoce todav\u00eda.<\/p>\n
El nivel acordado se repart\u00eda entre las autonom\u00edas siguiendo una serie de criterios: poblaci\u00f3n, superficie, dispersi\u00f3n, insularidad y, recientemente, el n\u00famero de personas atendidas. Este \u00faltimo criterio premiaba a las comunidades m\u00e1s comprometidas con la implantaci\u00f3n del sistema, raz\u00f3n por la cual ser\u00e1n ahora las m\u00e1s castigadas.<\/p>\n
Los expertos creen que apretar a\u00fan m\u00e1s a los Gobiernos regionales en esta materia paralizar\u00e1 la ley: los que est\u00e1n en lista de espera para recibir su ayuda seguir\u00e1n esperando sin que fluya la l\u00f3gica reposici\u00f3n. De esa forma, el sistema ir\u00e1 adelgazando en usuarios, puesto que los que causen baja (es un colectivo con una alta mortalidad) no ser\u00e1n sustituidos por otros beneficiarios.<\/p>\n
Al ponerse en marcha la ley este presupuesto se justificaba como un elemento de reequilibrio para que todas las comunidades partieran del mismo nivel, corrigiendo sus carencias y dificultades propias. Pero perder ese dinero ahora redundar\u00e1 en el desequilibrio, extremo en algunos casos, entre lo que aporta el Gobierno y las comunidades, obligados a cofinanciar.<\/p>\n